El litigio entre el Sindicato del Frigorífico Durazno (Sifridur) y la empresa Frigocerro S.A. culminó con un fallo a favor de los trabajadores que obligó a la empresa, al amparo de la ley 17.940 de libertad sindical, a reintegrar el 19 de octubre al presidente y delegado de seguridad Claudio Sánchez, que fue despedido dos años atrás, según informó el medio local El Acontecer y confirmó la diaria. Actualmente, el vicepresidente de Sifridur se encuentra en conflicto judicial con la empresa por un caso similar al de Sánchez, con un fallo en primera instancia a su favor que la empresa apeló, y el sindicato está bregando por que el gobierno departamental de Carmelo Vidalín retire el privilegio de interés departamental a la firma.
“Todo empezó porque la empresa tenía grandes problemas de seguridad laboral, accidentes, etcétera, y no le gustaba gastar plata para arreglar las cosas, por lo que nos vimos obligados a denunciarla ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). A raíz de esto, tuvo más de 1.000 unidades reajustables de multas, se la clausuró durante seis días y el ministerio le terminó haciendo una denuncia penal por la ley de responsabilidad penal empresarial”, explicó Sánchez en diálogo con la diaria. Si bien el trabajador se manifestó satisfecho con el fallo judicial, indicó que la empresa está incumpliendo con la resolución debido a que no lo devolvieron al área de producción, su puesto inicial, sino a las cámaras de frío, a donde fue derivado en 2015 “como forma de castigo”, según afirmó el sindicalista. “Ya lo hablé con mi abogado y vamos a intimar a la empresa a que cumpla con lo establecido en la sentencia”, aseguró.
En adelante, la primera tarea es fortalecer el sindicato, “que con todo esto casi se desintegra”, explicó el trabajador. “De tener un 80% a 70% de afiliados pasamos a tener 10, que son los directivos del sindicato”, señaló. Por otra parte, los dirigentes han mantenido reuniones con el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para solicitarle que le retire la declaración de interés departamental a la empresa, que “tiene todos los beneficios y exprime a los trabajadores”. “El trabajador es el único que paga los impuestos acá en Durazno, porque la empresa está exonerada. Pero la respuesta del intendente es que él no puede retirársela porque no hay nada que lo avale en el decreto de la Junta Departamental que regula su otorgamiento.
Hasta que la Justicia falló a su favor, Sánchez pasó 26 meses “sin trabajo, sin seguro, sin cobertura médica, sin nada”, pero con una “gran certeza” de que el resultado sería positivo, según manifestó. “Fue una experiencia difícil, sobre todo a nivel psicológico, porque al no tener trabajo se te vienen las cuentas y un montón de cosas y la empresa que siempre te está tentando, porque cada un tiempo me ofrecía un arreglo económico para que me fuera”, contó. No obstante, su postura fue firme: “Uno siempre se mantuvo en lo correcto, a la espera de la Justicia”.
Sánchez recordó que Diego Ortiz, exdirector y actual asesor de la empresa, es el empresario que se hizo conocido por despedir a un trabajador rural que protagonizó un spot del Frente Amplio en 2014. El trabajador protagonizó un video de la campaña del FA denominada “Uruguay cambió en mí” en el que aparecía en su casa, junto a su familia y su caballo dentro del predio de la estancia donde trabajaba, ubicada en el paraje Punta de Carretera, departamento de Tacuarembó. Silvera era uno de los fundadores del Sindicato de Peones de Estancia (Sipes) y un reconocido militante social.