Por tercer año consecutivo, la Asociación Down del Uruguay, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el PIT-CNT brindarán el seminario “Inclusión laboral y discapacidad intelectual”, esta vez con el foco puesto en el cumplimiento de las leyes de inclusión laboral para personas con discapacidad en los sectores público y privado. El seminario se desarrollará en el edificio anexo del Palacio Legislativo, de 9.30 a 12.00, y abarcará un panel tripartito, otro con un perfil técnico, y se presentarán experiencias exitosas de inclusión de personas con discapacidad intelectual, de supermercados Ta-Ta y el canal VTV, con la participación de empleados y empleadores.
Este año se hará especial hincapié en las normativas que prevén la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral. En el ámbito estatal, el artículo 42 de la Ley 16.095 establece desde hace 20 años la obligación de ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior a 4% de sus vacantes anuales. Sin embargo, el último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil –responsable de controlar su aplicación– estableció que se alcanzó apenas 1,27%. Sólo se contrató a 91 personas con discapacidad de las 288 que debería haberse contratado.
En tanto, el artículo 49 de la Ley 19.691, de 2018, estableció que la misma cuota de 4% deberá regir para las empresas del sector privado con más de 25 empleados. La reglamentación de marzo establece que el proceso deberá ser progresivo: antes del 17 de noviembre, a un año de aprobada la ley, las empresas con 500 o más empleados permanentes deberán incorporar 3%; las que tienen entre 150 y 499 trabajadores, 2%; y las que emplean 50 y 149, 1%. Las empresas privadas que no cumplan con la cuota podrán ser multadas e incluso clausuradas, y en caso de no contar con la oferta necesaria de personas que cumplan estas condiciones, contarán con una prórroga de 12 meses para hacerlo.
La presidenta de la Asociación Down, Nidia Viña, sostuvo que previo a la obligatoriedad de la ley hay unas 60 personas con discapacidad trabajando “por impulso de las propias empresas que dan la oportunidad”. En tanto, las estimaciones indican que la ley habilitaría el empleo de 5.000 personas.