Los trabajadores de Euskal Erría 70 hicieron un paro de 48 horas por conflictos con la actual comisión administradora del complejo habitacional, ubicado en Malvín Norte. Pertenecen al grupo 20 de los Consejos de Salarios: Entidades sociales, gremiales y deportivas, y están afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA), filial de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios. La medida se desencadenó debido al despido de un trabajador. Desde que asumió la nueva comisión administradora del complejo, hace tres meses, tuvieron más de una instancia de negociación en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra). El viernes 31 de agosto los trabajadores del complejo ya se habían reunido en una tripartita en la Dinatra, en la que reclamaron por un tema de categorías. Luego de esa visita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), fue despedido el delegado sindical y como consecuencia se precipitó el paro durante lunes y martes.

En Euskal Erría 70 trabajan 28 funcionarios. Cumplen tareas de limpieza en las torres y en la galería comercial, se encargan del mantenimiento del complejo, se ocupan del área verde, de la sanitaria, de las obras, de la colocación de cerámica y de destapar graseras. Hay además un sector de oficinas y una bibliotecaria. En la primera etapa del complejo se construyeron 3.000 viviendas en 74 torres, abarcando un área de 218.000 metros cuadrados, y posteriormente, en 1984, se construyen 700 viviendas más en 12 torres.

La responsable de prensa y propaganda del SUTIGA, Adriana Quintans, indicó que el martes, en una reunión tripartita en la Dinatra, se arribó al acuerdo de que “se realizará una asamblea de propietarios con el propósito de decidir el reintegro del funcionario despedido”.

El funcionario se desempeña como bombista y electricista, se dedica a todo lo relacionado con el agua dentro del complejo: las tres bomberías que alimentan las 37 torres, los desbordes de tanques, el flujo, el cambio de cañerías. Es también electricista: se ocupa de los focos, globos e iluminación de las torres, dentro y fuera de los palliers. Trabaja hace diez años en Euskal Erría, y su tarea es estar a disposición “las 24 horas del día los 365 días del año, y por lo tanto tiene un salario superior al laudo”, según informó Quintans, quien acompañó a los trabajadores del complejo al MTSS a la reunión tripartita. “Lo despidieron alegando que tenía un salario muy alto. No estaban disconformes con el trabajo”, aseguró la dirigente.

El trabajador es también delegado sindical y fue despedido por mandato de una asamblea de propietarios convocada por la comisión directiva. “Quedamos que para el día 5 de octubre se va a hacer una nueva asamblea, porque los trabajadores manifestaron que no se encontraban la mayoría de los propietarios del complejo para tomar esta decisión medio arbitraria”, explicó Quintans. Se calcula que en la instancia participaron sólo 56 residentes de los aproximadamente 1.400 que viven en Euskal Erría. En el complejo cada dos años se votan y cambian la comisiones. Están conformadas por vecinos que lo hacen de manera honoraria.

La dirigente de SUTIGA declaró que en la reunión “estuvo el abogado y dos miembros de la directiva, uno de los cuales era el tesorero. No fueron ni el presidente ni el secretario. El abogado comunicó que estaba despedido porque era demasiado caro”. “Estamos tratando de que el compañero sea reintegrado. Vamos a ver qué se logra, porque tiene que votarse en la asamblea. Ellos plantearon que al trabajador se lo echa por represión sindical, hay varios indicios, pero lo que pasa es que la represión sindical hay que probarla”, señaló Quintans.

La sindicalista opinó que es “extraño”, si el problema es el dinero, que la directiva haya “despedido a una contadora y contratado a dos nuevas, que son más caras”, según dijeron los trabajadores y la directiva reconoció en el MTSS. “Lo que me llamó mucho la atención es que no tienen comisión fiscal. Yo pregunté si se sabía cómo distribuían el dinero, si tenía un control, si lo fiscalizaban, y ellos dijeron que no, que no era necesario tener una comisión fiscal. Nosotros creemos que en un complejo de viviendas como ese tiene que haber una, porque entra demasiado dinero de gastos comunes; imagínate que son 1.475 apartamentos”, agregó.