El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), enviará al Parlamento un proyecto de ley para asegurar que los trabajadores de Citrícola Salteña SA cobren los créditos laborales que la empresa, propiedad de la familia Caputto, les debe. La empresa adeuda los pagos de la segunda quincena de noviembre y las liquidaciones de los egresos de la zafra 2019 de octubre, noviembre y diciembre. Por esta razón el Sindicato Único de Citrícola Salteña (Sucsal) decidió acampar frente a la planta de packing de Caputto, evitar la salida y entrada de camiones, y montar una olla popular, que ha venido recibiendo ayuda solidaria de la población, de otros sindicatos, e incluso de la intendencia departamental.

El proyecto de ley fue elaborado como consecuencia de un trabajo conjunto que realizaron el MTSS, los ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca, la Secretaría de Presidencia y la presidencia de la Agencia Nacional de Desarrollo, en consulta con el Banco República (BROU), el Banco de Previsión Social (BPS) y UTE. Según la exposición que acompaña al texto del proyecto, al que accedió la diaria, “se han realizado diversas reuniones (con cada parte y conjuntas): con la empresa, la sindicatura designada por la justicia (Lideco), con los trabajadores, se ha informado a parlamentarios que se han interesado en lo que corresponde, y se ha informado detalladamente como parte de la transición de gobierno, al futuro ministro del MTSS [Pablo Mieres]”.

El texto del proyecto de ley crea en la órbita del BPS un fondo de asistencia destinado al pago de los créditos laborales adeudados por las empresas Citrícola Salteña SA y Nolir SA (la razón social de la fábrica de jugos) a los trabajadores que se desempeñaron durante la zafra 2019. “Dichos créditos deberán verificarse a través del procedimiento que establecerá el BPS y deberán contener el visto bueno del interventor judicial”, aclara el proyecto, teniendo en cuenta que Caputto está intervenida por la Justicia, tras presentarse a concurso de acreedores en febrero del año pasado, y que el juez determinó la intervención de un síndico, lo que recayó en Lideco.

El proyecto de ley establece que el fondo se financiará “con los recuperos” del préstamo otorgado a Citrícola Salteña SA, por el Fondo Citrícola creado por la Ley 19.737 de abril de 2019 y hasta por un monto total de 40 millones de pesos. La mencionada ley fue aprobada el año pasado con el fin de asegurar la zafra y creó un fondo que le otorgó a la empresa un total de 115 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares). El proyecto de ley, que se enviará en los próximos días al Parlamento y que el Poder Ejecutivo espera que se vote el 7 de enero en ambas cámaras, establece que el BPS “subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores que se hallan amparados a las disposiciones” de la ley “por las sumas nominales abonadas, mas sus acrecidas, actualización monetaria, intereses legales, multas, etc., con el fin de transferir su producido al fideicomiso” creado por la Ley 19.737. “El BPS ocupará el mismo lugar y grado de prelación con los mismos derechos de los trabajadores titulares de los créditos laborales”, concluye el texto.

En la exposición de motivos, se menciona que el 26 de noviembre estaba prevista la realización de una Junta de Acreedores de la empresa, pero que previamente a la realización “la empresa presenta un texto de acuerdo diciendo que representa más del 50% de lo adeudado y más del 90% de los acreedores”, pero que en ese acuerdo “no participan los principales acreedores (BROU, BPS, UTE). Y dicho acuerdo es duramente cuestionado por Lideco”. Además, se señala que la zafra 2019, para la cual se creó el primer Fondo Citrícola, “está culminando y se está también en preparación de la zafra 2020”. “La empresa ha pago al Fondo aproximadamente un 75% de lo recibido, pero está debiendo ya unos 500 mil dólares a los trabajadores de esta zafra, en muchos casos trabajadores que ya culminaron su contrato y están en seguro de paro, y además debe parte de la segunda quincena de noviembre y en diciembre se concretaron otros vencimientos importantes (jornales, aguinaldo, licencia, vacacional, liquidaciones finales). Ello totalizaría aproximadamente un millón de dólares hacia enero”, añade el proyecto.

Finalmente, se destaca que el 14 de diciembre se presentaron ante República Negocios Fiduciarios SA, la entidad que administra el fideicomiso creado por la Ley 19.737, dos “informes contradictorios”: uno por parte de la empresa y otro por Lideco, que fueron analizados por el grupo de trabajo del gobierno antes de la redacción del proyecto.

Vale recordar que el endeudamiento con los trabajadores por parte de Caputto se ha repetido al final de cada zafra en los últimos tres años. La deuda de la zafra 2018 quedó incluida dentro de las deudas del concurso, por lo que los trabajadores también son acreedores en el proceso. En febrero de 2019, la empresa debía en total unos 43 millones de dólares, que se dividían en 21,5 millones al BROU, diez millones a otras instituciones bancarias y acreedores comerciales, y 11 millones por una emisión de obligaciones negociables por medio de la Bolsa de Valores de Montevideo.