En 2013, la por entonces embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, dijo que, gracias al cambio de varietal, por fin se iba a poder comer naranjas uruguayas en ese país.

La apertura de ese mercado permitió que en 2014 las exportaciones llegaran a 120.000 toneladas (el máximo había sido en 2010, con 150.000 toneladas), pero algo no funcionó y, cuatro años después, en 2018, las exportaciones de cítricos fueron las peores desde 2007, con 83.350 toneladas, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En 2019 la cifra subió un poco y se llegó a las 89.380 toneladas, según publicó el sitio todoelcampo.com.uy.

El cambio varietal se viene imponiendo debido a las exigencias de los mercados internacionales, que piden que los productos se adapten al concepto de conveniencia, que implica que los cítricos sean fáciles de consumir (de pelar y sin contener semillas). Este cambio viene afectando fundamentalmente a las mandarinas, producto mayoritariamente exportado a Estados Unidos. De los más de 30 destinos de los cítricos uruguayo, en 2019 sólo tres mercados representan 67% de las exportaciones: Estados Unidos (28%), la Unión Europea (24%) y Brasil (15%).

Crisis

En medio de esta situación, las empresas citrícolas en Uruguay están atravesando desde hace años una crisis que parece nunca acabar. En febrero de 2019 la empresa Citrícola Salteña Sociedad Anónima (propiedad de la familia Caputto y más conocida por este nombre) se presentó a concurso de acreedores; la Justicia lo aceptó e intervino la gestión de la firma designando un síndico. En marzo de ese año, el Parlamento aprobó la constitución de un fondo, que, por medio de un fideicomiso, asistió a Citrícola Salteña con 115 millones de pesos para asegurar la cosecha de la zafra 2019, el mantenimiento de casi 2.000 puestos de trabajo, y el pago de salarios y liquidaciones originados por esta zafra.

Sin embargo, la empresa volvió a incumplir con los pagos. Vale recordar que las deudas anteriores con los trabajadores quedaron incluidas en el concurso de acreedores. Para ese entonces, además de los 42 millones de pesos adeudados a los trabajadores, la empresa mantenía una deuda de alrededor de 40 millones de dólares, y sus mayores acreedores eran el Banco República (BROU) y compradores de una emisión de obligaciones negociables emitidas mediante la Bolsa de Valores de Montevideo, cuya garantía son tierras de la empresa con plantaciones de cítricos.

Los salarios de las zafras de 2019 y 2020 fueron cobrados gracias al fideicomiso, pero los trabajadores esperan una resolución de la Justicia para saber cuál será el destino de su fuente laboral. Ante un fallo judicial de mayo, los dueños de Caputto decidieron apelar, ya que se dispuso la liquidación de la empresa y el cese de los administradores originales, designando como síndico a la Liga de Defensa Comercial.

El secretario general del Sindicato Único de Citrícola Salteña (Sucsal, organización que unificó a los tres sindicatos que tenía anteriormente la empresa), Marcelo Di Paola, contó a la diaria que ahora la instancia está en el Tribunal de Apelaciones y se especulaba que habría un fallo para mediados de diciembre de 2020, pero “si no se hace antes de esa fecha, por la feria judicial, se irá hasta febrero”.

“La sindicatura tenía previsto hacer un llamado a licitación a mediados de octubre; después, por la cuarentena, lo pasaron a medidos de diciembre, porque hay interesados del exterior, y ahora la empresa interpuso ese recurso”, ya que considera que no se puede vender algo sin saber cuál es la sentencia del Tribunal de Apelaciones. “Lo que están haciendo es tiempo”, estimó Di Paola, y se preguntó: “Se va a venir una nueva zafra y ¿cómo quedamos nosotros?”. El sindicalista aseguró que la única forma de que los trabajadores cobren es que la empresa se venda.

Sobre la zafra 2020 dijo que hubo un grupo de trabajadores que no fueron convocados porque el volumen de fruta no fue el esperado. La mayor preocupación del sindicato es saber cómo van a pagar las deudas si la Justicia determina que la empresa no se puede vender. “¿Hay condiciones para que se ponga un nuevo fideicomiso? Eso depende del gobierno actual. En su momento, cuando tuvimos reuniones, se planteó la situación, se preguntó y dijeron que si había que garantizar la zafra 2020 lo iban a hacer. Lo que no hay que dejar es que la producción caiga”, comentó Di Paola.

Seguro de paro

Por su parte, Miriam Perdomo, también dirigente de Sucsal, habló con la diaria sobre la situación de todo el país, puesto que la producción citrícola no sólo se limita al departamento de Salto, sino que también hay plantaciones en Paysandú, Río Negro y Montevideo.

“Ahora todos estamos en una situación lamentable, porque muy pocas personas llegaron al seguro común”; ni siquiera los que alcanzaron los 250 jornales accedieron al beneficio, porque este exige 12 meses de trabajo seguidos. “Desde el 30 de agosto hay gente que salió y desde ese momento no tiene nada, ninguna cobertura. Hay 5.000 familias en todo el país que no tienen ninguna ayuda”, dijo Perdomo, que además es integrante de la Coordinadora del Citrus, que nuclea a los sindicatos de todos los departamentos. “No estamos viendo un respaldo del Estado para ayudar a todas esas familias”, aseguró.

Perdomo comentó que, más allá de la situación puntual, se debe buscar una solución permanente, porque con el cambio de varietal la zafra se acortó de ocho meses a cuatro como máximo, por lo que el recurso del seguro de paro se repetirá año a año: “Todos sabemos que en Salto, Paysandú y Río Negro no hay trabajo para donde disparar, es muy complicado, porque hay familias enteras que trabajan en la citricultura. Lo que estamos pidiendo es que se exporten otras frutas, que se puedan abrir otros mercados. Por ejemplo, la naranja Valencia no se está exportando por un tema de aranceles”.