Que las personas permanezcan en sus casas, que los ómnibus no lleven casi pasajeros, que los centros de estudios permanezcan cerrados, que los espectáculos públicos se suspendan y que sea necesario evitar cualquier lugar donde puedan reunirse muchas personas va a tener un efecto en la economía doméstica del país, que se estima que será de un fuerte corte contractivo. “¿Cuánto se va a resentir la actividad en Uruguay? Seguramente bastante”, dijo la economista Gabriela Mordecki, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad de la República).

Esto se suma a los primeros efectos que tuvo la pandemia del coronavirus en la economía uruguaya, al afectar las exportaciones del país con China.

Las medidas de contención del virus, además, se dan días después del anuncio del gobierno de aumentar las tarifas de las empresas públicas, incrementar el IVA en dos puntos en las compras con débito y otras medidas para bajar el gasto público que, según Mordecki, de por sí tenían un impacto recesivo en el corto plazo. “Ya se habían hablado desde enero, pero el timing no fue bueno”, expresó.

La economista, de hecho, subrayó que el gobierno tendrá que aumentar el gasto público en los próximos meses, al menos para hacer frente a la situación sanitaria del país. Pero ese no será el único problema financiero que trae aparejada la situación. Pablo Moya, de la consultora Oikos, sostuvo que esta baja de actividad tendrá repercusiones recesivas e impactará directamente en la recaudación del Estado: “Tendrá menores ingresos, y a la vez creo que debería tener un plan activo de ayuda al sector privado”. En ese caso, vaticinó, “el déficit fiscal se va a incrementar” y el Estado “se va a endeudar”. Y según Moya, si el gobierno no tiene ese tipo de plan para amortiguar la caída de la actividad local, el sector privado del país “va a tener un efecto recesivo muy fuerte” y muchas empresas correrían el peligro de caer en cesación de pago.

Para Moya, de hecho, es “inviable, categóricamente y desde todo punto de vista”, la reducción de 900 millones de dólares del gasto público a la que se comprometió el gobierno de Lacalle Pou este año, dado el actual contexto, porque el Estado tendrá “sobrecostos” para hacer frente a la situación. No obstante, dijo que esto no tiene por qué ser tomado como el incumplimiento de una promesa, ya que se trata de una situación coyuntural puntual, y que el compromiso se podrá retomar en un momento de menor incertidumbre. Según Moya, en ese aspecto, el gobierno deberá ser “muy claro” en la comunicación con organismos multilaterales y calificadoras, convenciendo de que si bien se busca reducir el déficit, primero deberá atender esta situación de emergencia.

En tanto, Mercedes Comas, de la consultora PwC Uruguay, también observó que la situación ameritará más egreso del sector público, aún no cuantificado: “Más gasto en salud, más subsidios de desempleo y una afectación en la recaudación”. Consideró que el objetivo del gobierno de reducir el déficit “ya era muy desafiante antes” y ahora “no parece muy probable”, dado que “habrá más gasto ahora y en los próximos meses”. “Con este cimbronazo tan grande y el gran impacto de afuera, por más que sea necesario [reducir el déficit], parece haber otras prioridades: meses en particular donde haya que tomar medidas puntuales para evitar un daño mayor”. No obstante, la economista dijo que el gobierno tendrá instancias para tomar otras medidas a mediado y largo plazo de forma de hacer su deseado ajuste en las cuentas públicas: la Ley de Presupuesto Nacional, que deberá votarse en la segunda mitad del año, y la reforma de la seguridad social, que impactará de forma paulatina.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, se refirió a este tema y reconoció que en el “corto plazo” el gobierno tendrá que salirse del libreto.