La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) propuso al gobierno “la creación de una canasta de servicios públicos esenciales” para entregar “en forma gratuita” a todos los afectados por la crisis durante los próximos tres meses, según un comunicado emitido este lunes. Los sindicatos públicos proponen que la canasta contenga una garrafa de 13 kilos de supergás, “fuente energética mayoritaria para la cocción de alimentos y calórica en hogares del Uruguay”, hasta 180 kilovatios de energía eléctrica, 50 gigas de internet, gigas libres para estudiantes confinados, y tres metros cúbicos de agua potable y su arrendamiento de saneamiento. Los hogares beneficiados serían los integrados por trabajadores “sin protección social”, por trabajadores “que fueron enviados al seguro de paro”, y por “personas mayores de 65 años de bajos ingresos”.
Los sindicatos de la MSCE (Asociación de Bancarios del Uruguay, Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, Agrupación de Funcionarios de UTE, Federación de Funcionarios de OSE, Federación ANCAP, Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Sindicato Único de Telecomunicaciones y Unión Ferroviaria) entienden que el rol del Estado es ser “garante de los derechos humanos fundamentales para toda la sociedad”, y que las empresas públicas son “herramientas de transformación social y proveedoras de los servicios esenciales con un criterio universal y de justicia social”. Según la MSCE, esto es compartido por la gran mayoría de la sociedad uruguaya, “hecho que ha quedado demostrado en diferentes pronunciamientos populares que reivindican” estos roles.
Rechazo a la LUC
La MSCE también “rechaza enérgicamente la presentación en el parlamento de la Ley de Urgente Consideración (LUC)” y califica el hecho de “un atropello a la democracia y al sano debate democrático, más aún en el actual contexto de emergencia sanitaria”, según otro comunicado emitido este lunes.
Para la MSCE la presentación de la LUC, “con más de 500 artículos”, de los cuales la mayoría “no representan las verdaderas urgencias” del “pueblo”, “es una clara muestra de buscar mecanismos legales para vulnerar y avasallar los derechos de los trabajadores”. La coordinadora de sindicatos estatales considera “deplorable” el intento “de coartar el derecho a huelga, reprimir el derecho a la protesta y cercenar la libertad de expresión y la lucha con la que los trabajadores, tanto públicos como privados”, han llevado históricamente adelante “las batallas por los intereses” del pueblo uruguayo.
La MSCE expresa que además están “los lineamientos impuestos” por el Poder Ejecutivo por intermedio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que “se vienen aplicando desde el último período del gobierno pasado”, y ahora “el gobierno entrante profundiza las privatizaciones y los recortes”. El comunicado lista los lineamientos: “eliminación del 100% de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2019” y de “67% de las vacantes generadas a partir del 1 de enero de 2020”, recortes del 40% en becarios y pasantes, del 5% de las horas extras, del 15% en gastos de funcionamiento en 2020, más otro 5% adicional en 2021, y recorte del 15% en las inversiones”. “Nos preguntamos: ¿Cómo se va a mantener el servicio? ¿Quién va a mantener el servicio? ¿Qué va a pasar con todos los puestos de trabajo que se pierden?”, dice el comunicado.
Finalmente, la MSCE considera que “en momentos de crisis como estos se ve la importancia que tiene tener un Estado fuerte y en particular contar con las empresas públicas como herramientas para dar respuestas a todo el pueblo y en particular a los más necesitados”. “Hoy, más que nunca, agua, electricidad, combustible, comunicaciones, etcétera, son esenciales para garantizar las recomendaciones sanitarias y el mantenimiento de la vida de las familias uruguayas. Las empresas privadas buscan la ganancia y el lucro. Las empresas públicas deben garantizar los derechos y servicios públicos. Las empresas públicas son patrimonio de todos los uruguayos”.