La Intendencia de Paysandú anunció a fin de año que a 130 trabajadores de los ocho centros CAIF que administra la comuna, así como del Centro Siempre para padres que estudian o trabajan, no se les renovará el contrato que vencía el 31 de diciembre, informó El Telégrafo.

Esos CAIF y el Centro Siempre atienden en total a 1.300 familias. Según agregó el medio local, la intendencia actúa como la asociación civil que administra los centros desde 2006 y desde 2018 en el caso del Centro Siempre. Mientras que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) es el que financia la mayor parte, la intendencia se hace cargo de una parte de los aportes patronales.

A los trabajadores se les comunicó que la intención es pasar la función administrativa a privados y de esa forma ahorrar en recursos humanos unos 15 millones de pesos por mes. Para cubrir los cargos de gestión se hará un llamado público que se abrirá en enero. En los centros hay modalidad diaria y también régimen semanal y se espera que la nueva gestión comience el 4 de febrero.

Entre los contratos no renovados se encuentran maestras, educadoras, coordinadoras de gestión, psicomotricistas, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de cocina y servicio, explican los trabajadores en un comunicado difundido este sábado.

En el escrito los trabajadores denuncian que “la Intendencia no puede actuar por sí sola, generando innovaciones al convenio firmado, puesto que debe ser una decisión avalada por el Directorio de INAU. Las autoridades del Instituto, según se nos ha informado, no estaban en conocimiento de esta iniciativa, lo cual la hace más grave aún”.

Según detallan, “al momento, lo planteado es que se realizó una convocatoria pública, aunque con muy pocos días de publicación (se publicó el 23/12 y cerraba el 31/12), en fechas por demás complicadas, y con escasa difusión, para que se presentaran fundaciones dispuestas a gestionar el personal, tercerizando así la gestión de recursos humanos (esto no está dispuesto en el convenio, ni es algo que esté planteado por el Plan CAIF – INAU)”.

Cuando se designe la fundación u ONG que se hará cargo de los centros los 130 empleados deberán volver a presentarse a un concurso. Para los trabajadores esto constituye “un atropello” a los funcionarios que “se vienen desempeñando en los centros y se ven desafectados sin que mediara justificación alguna, ni por su desempeño. Además de lo injustificado, este procedimiento, al tratarse de una fundación, no da garantía”.

Cuando se enteraron de la noticia, el 30 de diciembre, algunos funcionarios se manifestaron frente a las oficinas de Promoción Social para encontrar una solución: “Esto es inaudito; nos tomó totalmente por sorpresa”, dijo una maestra referente y consignó El Telégrafo. Según agregó, hay varios trabajadores con casi 20 años de experiencia que tienen entre 40 y 50 años “a los que les será muy difícil conseguir trabajo; nos parece un atropello”, opinó.

En el comunicado los trabajadores hacen “un llamado a las autoridades centrales de INAU, a la Dirección Departamental y del Programa Primera Infancia del mismo, a intervenir en esta situación que es por demás irregular e injustificada, que pone en riesgo el acumulado, la continuidad de los equipos y sus intervenciones, la relación con las comunidades y las familias, y por lo tanto el trabajo de 9 centros, en la especial coyuntura en que se encuentra el país”.

El tema llegó a la Junta Departamental de Paysandú, donde la bancada del Frente Amplio propuso tratarlo como “grave y urgente”, pero no tuvo el apoyo necesario del Partido Nacional, al que pertenece el intendente Nicolás Olivera.