“Aunque todos los uruguayos serán impactados, los impactos no serán los mismos para todos. Si bien la covid-19 vuelve a todos vulnerables, quienes ya enfrentaban dificultades antes de la pandemia enfrentan un riesgo mayor que los demás. [...] En Uruguay, al igual que en muchos otros países, los impactos diferenciales según género ocasionados por la pandemia muy probablemente se canalicen a través de las diferencias de género que existían antes del covid-19”, dice en su prólogo el documento “Jugar un partido desigual. Diagnóstico de Género en Uruguay”, elaborado por el Grupo Banco Mundial en 2020, y cuya redacción final se hizo después de la declaración de emergencia sanitaria por covid-19. El documento apoya a una campaña que se lanza hoy, y que combina datos con relatos de mujeres uruguayas que se desempeñan en diversos ámbitos de trabajo.
Diagnóstico
En lo que refiere a las tareas de cuidado, el informe dice que antes del 13 de marzo de 2020 “las mujeres uruguayas ya asumían la carga más pesada de las tareas domésticas ‒el cuidado de otros miembros del hogar, de los enfermos y los mayores‒ y dedicaban más del doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. La magnitud de este fenómeno es tal que se calcula que el valor estimado del trabajo no remunerado de las mujeres equivale a cerca del 16% del PIB [Producto Interno Bruto]”. Las mujeres dedicaban 20% de su tiempo a este tipo de tareas; en cambio, los hombres dedicaban 8,4% de su tiempo.
El texto especifica que es probable que con las medidas de confinamiento y suspensión de clases durante el año pasado “las mujeres hayan experimentado un aumento considerable” en la carga de esas tareas y, además, es posible que “esta situación vaya en detrimento de su salud mental, tal como quedó demostrado en crisis ocurridas anteriormente”.
Otra consecuencia del “quedate en casa” fue el aumento de la violencia de género. El texto explica que antes de que surgieran los primeros casos de coronavirus en Uruguay, siete de cada diez mujeres “experimentaron algún episodio de violencia de género en algún momento de su vida, especialmente por parte de su actual pareja o expareja”. La pandemia y las medidas de confinamiento “aumentan el riesgo, la intensidad y la frecuencia de la violencia de género al encontrarse encerradas en sus hogares, muchas veces junto con sus agresores. El marcado aumento –80%– de llamadas a la línea de atención de Inmujeres [Instituto Nacional de las Mujeres] durante los primeros dos meses de confinamiento es tan sólo un indicador de esta realidad”.
La tasa de femicidios en Uruguay “se encuentra en el rango medio de incidencia cuando se la compara a nivel regional”. La violencia basada en género (VBG) es la principal causa de homicidio de mujeres, con una mujer asesinada cada 15 días. “Si bien no hay suficientes datos disponibles como para estimar los costos de la VBG en Uruguay, la evidencia proveniente de otros países como Colombia o Paraguay indica que también podría ubicarse en el rango de 4-5% del PIB”.
La Encuesta sobre Violencia de Género en 2019 reveló que “la proporción de mujeres que han experimentado alguna forma de violencia de género en todas las áreas durante su vida es tan alta como 77%. Esto marca un aumento de 4% desde 2013 (año de la encuesta previa)”, dice el informe.
“La violencia de género fuera del ámbito familiar también es muy común: 54,4% de las mujeres declaró haber sufrido algún episodio de violencia en lugares públicos en algún momento de su vida. En particular, cerca de 17% de las mujeres manifestaron violencia obstétrica, y alrededor de 54% entre mujeres que cursaron interrupciones voluntarias de sus embarazos. La proporción de mujeres que han experimentado violencia durante la infancia también ha aumentado, de 34,2% en 2013 a 37,1% en 2019”, agrega el texto.
A pesar de que en los últimos años hubo un aumento en las denuncias, el informe señala que “menos de un cuarto (23,3%) de las mujeres víctimas de violencia de género por parte de su pareja o expareja declaró haber buscado ayuda. La denuncia es menor entre las mujeres que fueron víctimas de violencia psicológica (17%). Aún menos mujeres, sólo 6,2% de todas las víctimas, denunciaron los hechos a la Policía. La razón más citada para no haber pedido ayuda es haber considerado los hechos ‘no importantes’ (82,6%), seguido por falta de conocimiento o confianza (8,5%), miedo (7,8%) y vergüenza (6,2%)”.
Acceso al empleo
Otro punto destacado en el informe es la diferencia de acceso al trabajo entre hombre y mujeres: “Sólo 55,8% de las mujeres en edad laboral participaban activamente en el mercado de trabajo en 2018”, mientras que 73,7% de los hombre sí estaban empleados; además, “las brechas de género en la participación laboral y emprendedurismo existentes antes de la pandemia podrían estar costando al país cerca de 13% del producto per cápita”, dice el texto.
El informe también muestra en números la existencia del llamado “techo de cristal”: “En 2017, sólo 10,6% de las posiciones empresariales de alta gerencia estaban ocupadas por mujeres. Esta participación es aún menor a nivel de las grandes empresas, y, a pesar de la ley de cuotas, las mujeres en política tampoco obtienen cargos electivos por encima de esa cuota. “Un tercio de todos los candidatos en las listas partidarias deberían ser mujeres, pero eso no se tradujo en un mayor aumento de la representación femenina. Por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP] de Presidencia, este hecho se atribuye a la dinámica interna de los partidos políticos y el control de los líderes masculinos en cuanto a la selección de candidaturas”. En cuanto a la participación femenina en la toma de decisiones, el informe indica que a medida que aumenta “la naturaleza de la inversión pública cambia. Por ejemplo, en India, empoderar a las mujeres a nivel local dio lugar a un incremento en la provisión de bienes públicos como el agua y el saneamiento, temas que importaban más a las mujeres”.
Sobre las fortalezas del país, el Banco Mundial destaca la existencia de leyes que “son la primera institución formal que determina la agencia de las mujeres y su acceso a dotaciones y oportunidades con respecto a los hombres”, pero señala que la normativa vigente “no prohíbe ni penaliza directamente las prácticas discriminatorias en la fijación de salarios o discriminación basada en sexo o género para acceder al crédito. Las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres para volver a casarse y no existe ninguna disposición relativa a la licencia parental compartida. Más aún, la capacidad de implementación y cumplimiento de las leyes relevantes suele ser en ocasiones limitada, ya que a varias de las leyes adoptadas no se les ha asignado recursos, carecen de metas específicas y medibles, y no logran establecer responsabilidades claras dentro de la estructura de gobierno”, señala el documento.
El informe dice que “las diferencias legales de género disminuyen la participación de la fuerza laboral femenina y perjudican el crecimiento del PIB”. Un estudio hecho en 143 economías del mundo encontró que “la discriminación legal contra las mujeres –por ejemplo, barreras a su capacidad de ser jefas de hogar– se correlaciona en forma negativa con la participación de la mujer en la fuerza laboral”.
Camino a seguir
Entre las recomendaciones del informe está reducir la brecha salarial, prohibiendo prácticas discriminatorias y promoviendo “la certificación y transparencia en las empresas”; para equiparar los tiempos de cuidado entre hombres y mujeres proponen “ampliar cobertura y tiempos de las redes de cuidados y asegurar estándares de calidad y promover la corresponsabilidad (es decir, mediante la licencia parental compartida)”; para aumentar el número de emprendedoras, el informe dice que se debe “promover acceso al crédito, asistencia técnica y redes”; en cuanto al marco legal dice que hay que “reforzar Inmujeres y desarrollar un presupuesto efectivo con enfoque de género, además de establecer igualdad de derechos para volver a casarse”.
Erradicar la violencia de género es una de las grandes metas, pero requiere que primero se mejore el equilibrio entre la “prevención, protección y atención” de las mujeres vulnerables, así como realizar intervenciones focalizadas. “Alcanzar este objetivo exige trabajar para cambiar las normas sociales”, dice el informe.
Por eso, la campaña que se lanza hoy tiene en cuenta que “aunque todos los uruguayos serán impactados, las consecuencias no serán las mismas para todos. Si bien el covid-19 vuelve a todos vulnerables, quienes ya enfrentaban dificultades antes de la pandemia enfrentan un riesgo mayor que los demás”.