El Poder Ejecutivo presentará formalmente sus lineamientos para la novena ronda de negociación colectiva este miércoles, luego del vencimiento de la mayoría de los convenios colectivos el 30 de junio. En las últimas semanas, empresarios y trabajadores ya dieron a conocer parte de sus posicionamientos, que a priori parecen ser excluyentes y hacen prever un escenario de fuerte conflictividad en el segundo semestre del año.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, hizo una propuesta que no cayó nada bien en el sector trabajador. Entrevistado por Subrayado, el empresario insistió –como ya lo había hecho en anteriores oportunidades– que “no está dado” el contexto para la recuperación salarial, pero fue un paso más allá al plantear que en el sector privado existe la intención de hacer contrataciones “por debajo de las categorías actuales, que para todas las ramas realmente son altas y son impedimentos para la contratación”.

“El asunto es esperar a la recuperación del país para poder impulsar esa recuperación, pero con la cabeza puesta en la gente que no ha perdido 3% [del salario, sino] que ha perdido 100%. Ese es el problema que tiene el país”, consideró Antía, y puso como ejemplo el llamado del Banco República para el que se anotaron casi 90.000 personas.

Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo haberse enterado del planteo por los medios de comunicación, e inmediatamente calificó la medida como “ilegal”. “Por definición, el Consejo de Salarios establece la normativa básica que rige las condiciones de salario mínimo por categoría, de aumentos salariales y condiciones de trabajo básicas en todas y cada una de las ramas de actividad. Por tanto, por definición, pensar en que ingresen trabajadores por debajo de las condiciones mínimas es ilegal”, dijo a la diaria. En ese sentido, consideró que “en una situación de ese tipo debería actuar el Ministerio de Trabajo como policía del trabajo y la Inspección del Trabajo para que se corrija de inmediato, porque eso tiene que ver con la informalidad y la violación de la normativa”.

Asimismo, el dirigente identificó otro error “más profundo” en la postura de Antía, “y es que contrapone el trabajo al salario, cuando en definitiva la depresión más grande del mercado de trabajo está ubicada por uno de los efectos de la pandemia, que es una terrible depresión en la demanda interna”. “Es decir, aquí no se ha parado de exportar, lo que se ha dañado con la pandemia es el consumo interno. Entonces, por el contrario, para nosotros, el trabajo genera salario y el salario genera trabajo”, apuntó Abdala, y resaltó también que la población jubilada ajusta sus pasividades según el índice medio de salarios, por lo cual ante una decisión de este tipo se vería perjudicada.

“La verdad es que no hay forma, no se puede acordar nada sobre esa base. Está fuera de lugar”, concluyó Abdala, y se preguntó si “se está exhortando a violar la ley”, porque “descolgarse del laudo es ponerse por debajo de la ley”. “Para mí no solamente es inaplicable, es ilegal”, aseveró.