Ya está en marcha la novena ronda de la negociación salarial, en la que más de 630.000 trabajadores del sector privado deben pactar el ajuste de remuneraciones con los empresarios, con el gobierno como intermediario ‒que tiene la última palabra en caso de falta de acuerdo entre las partes‒. De cara a esta definición clave para la macro y micro economía, la coordinadora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión, habló con la diaria ‒como adelanto de una entrevista que saldrá el lunes‒ sobre la posición del gobierno.

La jerarca del MEF defendió los resultados del acuerdo puente alcanzado a mitad de 2020, en plena pandemia, que determinó extender los convenios vigentes. Al cierre del año pasado, el salario real mostró una caída de 1,5%. “El principal objetivo y variable que guió la negociación salarial [de 2020] fue el empleo. En un contexto de fuerte destrucción de puestos de trabajo no era sensato hacer negociaciones salariales que no contemplaran lo que estaba pasando con la economía”, explicó Bensión.

Señaló que la caída de 6% el año pasado del producto interno bruto (PIB) “es como si fuera una caída de las ventas de las empresas” de igual magnitud, y “no tenía ningún sentido ir a una negociación que generara incrementos salariales y por tanto más destrucción aun del empleo”. Por lo antedicho, Bensión remarcó “que el foco principal fue el empleo, y creemos que se cumplió el objetivo”. Para justificar el razonamiento, indicó que hay “un tema conceptual que la mayoría de los economistas avalamos” respecto de la relación entre el PIB y la masa salarial, incluyendo dentro de este último término el empleo y los salarios.

“Dentro de la masa salarial, el empleo y el salario muchas veces son dos objetivos que pueden chocar. Incrementos salariales a destiempo pueden generar caídas adicionales en los puestos de trabajo, esa fue la premisa con la que encaramos la negociación salarial. Si uno mira los números, el PIB cayó 6%, el empleo [se redujo] 4% en números redondos y la caída del salario real, entre 1,5% y 2%. Si esa caída no se hubiera verificado, habríamos tenido una pérdida mayor de puestos de trabajo”, expresó Bensión.

Para la actual ronda de negociación, los lineamientos del gobierno buscan “una recuperación” de la pérdida de salario real “para el caso de empresas grandes y en sectores no afectados, y para las microempresas una recuperación un poquito menor, en torno a 1%”, mientras que “para los sectores afectados hay una contemplación, atendiendo a que puedan contener la destrucción de puestos de trabajo y recontratar trabajadores”.

“El objetivo es preservar el salario real. En la medida en que el crecimiento económico y de puestos de trabajo permita hacer crecer el salario real, nadie más que el gobierno quiere ver un aumento de los puestos de trabajo y el salario. Lo que no queremos es que ese incremento del salario real genere destrucción de puestos de trabajo, como ocurrió en el quinquenio anterior a asumir nosotros. [En ese período] el salario real aumentó y se perdieron 50.000 puestos de trabajo, eso como sociedad es poco solidario”, añadió.

En esa línea, Bensión sostuvo: “La sociedad y nosotros, mirando las políticas macroeconómicas, tenemos que preservar esos equilibrios; que no se dé un incremento salarial a costa de que otros uruguayos pierdan el 100% del salario. A veces por dar un aumento de 1% o 2% hay compatriotas que pierden sus ingresos. Es importante equilibrar esas dos variables para tener más empleo”.