En búsqueda de consenso político, el presidente, Luis Lacalle Pou, visitó la sede del Frente Amplio y le entregó en mano el primer borrador de la reforma previsional a Fernando Pereira, presidente del partido de oposición. Antes, había hecho lo mismo con los líderes de la coalición de gobierno. El jueves el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, presentarán el anteproyecto ante las cámaras empresariales y el PIT-CNT.

Pero la central sindical ya dio a conocer sus primeras impresiones. Este lunes, en conferencia de prensa, el PIT-CNT manifestó su “honda preocupación” por el contenido del documento que propone aumentar “de manera concomitante los años de trabajo y reducir prestaciones y jubilaciones para vastísimos sectores de trabajadores y trabajadoras”.

En el anteproyecto de la reforma de la seguridad social, elaborado por el Poder Ejecutivo, se establece el aumento de la edad mínima de retiro de 60 a 65 años -con ajustes automáticos en función de la evolución de la esperanza de vida-, la convergencia de los regímenes jubilatorios y la creación de un “suplemento solidario” para las jubilaciones más sumergidas, entre otras disposiciones.

La alerta del PIT-CNT es compartida y respaldada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que nuclea a los funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS). Su vicepresidente, Rodrigo Núñez, dijo a la diaria que el anteproyecto del gobierno aborda la seguridad social como “un gasto”, cuando “debería plantearse como un derecho fundamental”. Lejos de esto, sostuvo, se propone “más trabajo, menos años de jubilación y un sistema de retiros deficitario”.

Con relación al incremento de la edad jubilatoria -excepto para determinadas actividades, como la construcción y el trabajo rural-, Núñez observó que “en realidad la gente se jubila en promedio a los 63 años”, por lo tanto, “extendiendo cinco años más, como se plantea, estaríamos llevando la edad jubilatoria promedio a los 68 años”. Agregó que en ese escenario además aparecerían dificultades en torno a “la generación de puestos de trabajo para la población joven”.

“Para nosotros el diseño del sistema previsional tiene que ir hacia un BPS fuerte, y no seguir la línea de fortalecer a la seguridad social con fines de lucro, de fortalecer al régimen de AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional]. El que atiende las situaciones de vulnerabilidad social cuando es necesario es el BPS”, manifestó Núñez en alusión a los subsidios por desempleo durante la peor parte de la pandemia.

En tal sentido, Adolfo Bertoni, integrante del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social y expresidente de la ATSS, explicó a la diaria que de aprobarse el anteproyecto sin mayores modificaciones, “todos los trabajadores que ganan por encima de 103.000 [pesos uruguayos] se van para las AFAP”. El resto, aquellos trabajadores que ganan menos de 103.000 pesos por mes, aportarán 8% de su salario al BPS y -obligatoriamente- 7% a las AFAP, “lo cual confirma un achicamiento del BPS”, apuntó.

A título personal, Bertoni opinó que la obligatoriedad de aportación al régimen de ahorro individual “marca un fortalecimiento gigantesco de instituciones que la propia OIT [Organización Internacional del Trabajo] desaconseja mantener”. “Antes era opcional. Ahora cualquier nuevo trabajador que ingrese al sistema previsional va a aportar a las AFAP”, subrayó.

Consultado sobre las declaraciones de Saldain, quien en diálogo con la diaria destacó que la mitad de las nuevas altas en el sistema “van a cobrar más que hoy”, Bertoni consideró que si bien “potencialmente” se prevé que una mitad “cobraría más”, “muchos de ellos nunca van a realizar los aportes necesarios y van a tener que esperar hasta los 65 años para cobrar alguna asistencia”. Si bien reconoció que “hay sectores que se van a ver favorecidos” con el nuevo sistema previsional, aseguró que “dentro de ese 50% un gran número no va a reunir los años [de aportación suficientes]; por lo tanto, va a ser una mejora en los papeles, pero no en la realidad”.

Para Bertoni, el “suplemento solidario”, que se crearía para “garantizar un ingreso mínimo” -en palabras de Saldain-, “está bien pensado pero se va a aplicar en los grupos de la sociedad con mayores dificultades de cotización” en el BPS. A modo de ejemplo, mencionó que estudios académicos estiman que “25% de los trabajadores de bajos ingresos tendría que trabajar 120 años para reunir 30 años de aportación”. “Son los sectores que ahora van a tener que esperar hasta los 71 años para cobrar una pensión a la vejez”, añadió.

Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente del PIT-CNT manifestó que a priori “el movimiento sindical nunca descarta ninguna forma de acción” frente “a cualquier cuestión que ataca derechos”, aunque aclaró que el contenido del anteproyecto todavía está a estudio de equipos técnicos de la central sindical.

Al respecto, Núñez no descartó la organización de un plebiscito en contra del nuevo sistema de seguridad social impulsado por el gobierno. “Seguramente, si sigue de la forma en que está planteada la reforma en este anteproyecto, llegaremos a presentar un plebiscito para poder brindar una seguridad social estatal, pública y solidaria”, afirmó. La consulta popular, agregó, sería eventualmente en simultáneo con las próximas elecciones nacionales en octubre de 2024. A su juicio, a diferencia del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), se trata de “un tema más claro, que tiene que ver con cosas palpables, como cuándo y a qué jubilación puedo acceder”.

Si bien la Constitución establece que no se pueden someter a referéndum las leyes que sólo puede proponer el Poder Ejecutivo, sí se puede presentar un proyecto de reforma constitucional que modifique aspectos de la reforma de la seguridad social aprobrada y someterlo a plebiscito.

Cada vez menos personal en el BPS

Por otra parte, el dirigente de la ATSS advirtió que desde el año 2015 “ha venido cayendo la cantidad de personal” en el BPS, en particular, “desde 2020 a la fecha han salido alrededor de 600 personas, mayoritariamente por jubilaciones, y han entrado solamente 80 personas”. La reducción de la plantilla, sostuvo, “genera una falencia grandísima de atención al público”; por ejemplo, “en algunos lugares se está dando agenda para empezar el trámite jubilatorio para noviembre o diciembre”. Mencionó que si bien “esto pasa en todo el país”, la situación se agrava en el interior: “Tenemos más de diez agencias que en este momento están trabajando con un solo funcionario. Ante cualquier contingencia que suceda, esa oficina prácticamente tendría que cerrar”.

Núñez cuestionó, además, que en el proyecto de Rendición de Cuentas en discusión en la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo dispuso para este año el ingreso de 39 personas al BPS para “cubrir 84 oficinas en todo el interior y todos los edificios de Montevideo”, lo cual “es escasísimo”. Reconoció que el directorio del BPS “hizo esfuerzos para ampliar un poco”, pero afirmó que “el mandato de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] fue que no”. Para la ATSS, como mínimo, deberían ingresar 70 personas por año “para mantener en el límite más inferior un funcionamiento acorde” del organismo público.

Daniel Graffigna, vicepresidente del BPS, confirmó a la diaria que 39 personas “es la cantidad que estaría ingresando, estimamos, antes de que termine el año”. Expresó que actualmente el directorio “está trabajando en áreas en las cuales se necesita incorporar funcionarios” y compartió la posición del sindicato de que cada sucursal del país tenga, por lo menos, dos funcionarios. “Es algo que se conversó varias veces con el sindicato y nos parece prudente, estamos de acuerdo”, comentó. Con todo, Graffigna señaló que “la tecnología ha hecho que muchas tareas se desarrollen en forma remota o que el mismo usuario acceda a través de la página web del organismo”, en referencia a la merma de funcionarios en el organismo público.