Desierto se declaró el remate de la marca Pili el miércoles en Casa Bavastro, informó El Telégrafo. El piso fijado fue de 30.000 dólares. No hubo ninguna oferta. Si se vendía, el dinero estaba destinado a cubrir –muy escasamente– los adeudos que la empresa de Paysandú todavía mantiene con sus extrabajadores.

En diálogo con la diaria, Marcel Petrib, expresidente del sindicato de Pili, resaltó que después del remate “quedó claro que el valor de la marca está por debajo de los 30.000 dólares”. Los encargados de llevar adelante la liquidación de la empresa de productos lácteos son el Banco República (BROU) y la Liga de Defensa Comercial (Lideco).

Pili cerró el 30 de noviembre de 2018. Meses antes, se había presentado a concurso de acreedores tras acumular deudas por unos 60 millones de dólares. Según Petrib, aún se le debe 70% de los créditos laborales a la masa de trabajadores, unas 200 personas, “desde un peón de tambo hasta empleados de producción y mandos medios”. Como mínimo, indicó, se le debe 10.000 dólares a cada trabajador.

Fernando Cabrera, gerente de Lideco, explicó en entrevista con radio Carve que el piso fijado en el remate fue para evitar que la marca se vendiese “por un precio vil”. “Le consultamos al rematador y nos dijo que ese era el valor que debía tomarse como base en estas circunstancias, en función del prestigio y la trayectoria de la marca Pili”, señaló. Aún no está definido cuándo ni cómo seguirá la comercialización.

En paralelo, a fines de agosto, el BROU concretó la venta de la planta quesera de Pili a la empresa Jugos del Uruguay, que desarmará y volverá a montar la maquinaria en Fray Bentos. A diferencia de la marca, cuyo valor está adjudicado a los extrabajadores, la recaudación por la planta quesera fue únicamente para el BROU, principal acreedor de Pili.

Cabrera indicó que la planta quesera le costó a Jugos del Uruguay, que comercializa jugos bajo la marca Big C, un millón de dólares. Explicó que la empresa con sede en Fray Bentos fue la que acercó una oferta al BROU, luego de varios intentos fallidos de venta. “Es el primer interesado que oferta algo concreto”, apuntó.

Para Petrib, la venta “fue un regalo”. “No pueden haber regalado eso en un millón de dólares, son cosas que no entendés. Un millón de dólares te vale solamente una caldera, cuando ahí te estás llevando dos calderas”, señaló. A su juicio, “a lo mejor” el BROU aceptó para que Jugos del Uruguay “se encargue de dejar el inmueble en condiciones, sin ninguna maquinaria, para después vender el inmueble aparte” y así “darle un cierre” a todo el capítulo de Pili.

Del mismo modo, Carlos Cachón, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), dijo a la diaria que “vender a un millón de dólares toda la maquinaria, que es de última generación, es poco creíble”. “Habría que ver cómo se evalúa eso para fijar un precio”, agregó.

Al respecto, el gerente de Lideco mencionó que la venta de la planta quesera estuvo “en conocimiento del juzgado”. Aseguró que “el juez dispuso la puesta de manifiesto del expediente”, que quedó “en conocimiento de todos” y, como “nadie compareció en el expediente”, el juzgado finalmente aprobó la venta.

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, expresaron a la diaria que el proceso de liquidación de Pili “no tiene nada que ver” con la cartera, dado que se trata de “una liquidación judicial de una empresa que eligió el camino del concurso”. Sobre el precio de la maquinaria, indicaron que el BROU, como “propietario de todos esos inmuebles”, “está en su derecho de vender”.

“Hay que efectivizar”

Cuando cerró Pili, algunos de los trabajadores fueron enviados al seguro por desempleo. De manera excepcional, el subsidio se prorrogó seis veces. La última vez fue en abril de 2022. Finalmente, el seguro por desempleo –que cubría a unas 70 familias– venció el 31 de agosto y en el Poder Ejecutivo no hay intención de renovarlo.

Ante esto, Petrib reclamó “cobrar lo que se nos debe y no salir con las manos vacías, por lo menos, es lo que pretendemos”. Para Cachón, el seguro de paro “puede extenderse perfectamente si hay voluntad política”. El dirigente de la FTIL apuntó que se trata de personas de entre 45 y 50 años de edad, lo cual dificulta “tremendamente” la reinserción laboral.

Cecilia Bottino, diputada frenteamplista por Paysandú, envió al Parlamento una minuta de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que prorrogue una vez más el seguro por desempleo para los extrabajadores de Pili. Sin embargo, los otros dos diputados del departamento, Nancy Núñez (Partido Nacional) y Juan Moreno (Partido Colorado), ya anunciaron que no acompañarán el pedido.

Semanas atrás, una delegación de exfuncionarios de Pili fue recibida por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes. En esa instancia, el diputado Moreno planteó como “un acto de justicia” la realización de “un estudio de habilitación de una prejubilación para los [trabajadores] más mayores”.

Consultado al respecto, Cachón manifestó que “de buena voluntad está lleno el mundo”. “Hay que efectivizar”, subrayó. A su entender, “si hay voluntad del Ministerio de Trabajo”, es posible “cualquiera de las alternativas”. Petrib, en tanto, comentó que la jubilación anticipada es “un buen planteo”, pero advirtió que, hasta ahora, “no hay ninguna novedad”. “Sólo tenemos la minuta que presentó la diputada del Frente Amplio”, añadió.