“Es mejor prevenir que curar” es una de las frases relacionadas al trabajo que tienen origen en los pioneros de la medicina preventiva, una disciplina que surgió hace más de 200 años, y tiene varios referentes, entre ellos, el médico italiano Bernardino Ramazzini. Si bien la mirada sobre la salud de los trabajadores se consideró y reglamentó hace buena cantidad de tiempo, se actualiza a diferentes ritmos según la región y las legislaturas.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, establecido el 28 de abril de 2003 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto Micaela Castro, médica especialista en salud ocupacional e integrante de la dirección técnica de SVA Working, como Gustavo Rosa y Carolina Arcuri, ambos coordinadores de la secretaría de salud ocupacional y medioambiente del PIT-CNT, dialogaron con la diaria sobre el concepto de la salud ocupacional, el lugar que ocupa en el mercado laboral uruguayo, cuán sumergida está la disciplina en el ámbito laboral del país, y la relación entre los actores del mercado y el Estado.

El origen

“La salud ocupacional es una disciplina de salud colectiva y pública”, explicó Castro. Además es preventiva, es decir que pretende adelantarse a los hechos, y uno de sus grandes determinantes “es el mundo del trabajo” y el foco en ciertos determinantes sociales que se vinculan a la actividad laboral. Esta disciplina “tiene la particularidad” de que se desarrolla en diferentes escenarios y “comparte espacios clínicos y de gestión colectiva”.

Surge luego de la Segunda Guerra Mundial (SGM) y también se relaciona con las revoluciones industriales, pero fundamentalmente “la difusión y la práctica” se plantearon con solidez una vez que la SGM finalizó, debido a que algunas escuelas empezaron a visualizar los problemas de salud vinculadas al trabajo.

Según Castro, los espacios de formación académica para médicos del trabajo que se brinda en Uruguay tienen una perspectiva que adhiere a un modelo obrero italiano que surgió con un movimiento de los años 70, y comprende “un enfoque participativo de resolución de problemas”. El modelo pone énfasis en los espacios de participación, ponderación y diagnóstico de situación “a través del saber obrero”.

Por otra parte, aclaró que si bien alrededor de 1980 hubo algunas situaciones que se desarrollaron en determinadas industrias, por ejemplo, “vinculadas a accidentes fatales”, en lo que tiene que ver con la seguridad, “que se vincula con la salud ocupacional aunque no es lo mismo”, en principio hubo “una visualización” de la problemática de accidentes de trabajo. Es decir, primero se consideró “la percepción del riesgo y del problema” y luego apareció “la presencia del personal médico y la salud”.

En cuanto a la adopción de las prácticas, aclaró que si bien el concepto de la salud ocupacional surgió hace siglos, la apropiación “tiene mucho que ver con la gestión política”. De todas maneras “es claro” que el impulso de la actividad tiene que ver con las recomendaciones de la OIT como organismo multipartito, compuesto por trabajadores, colectivos empresariales y autoridades nacionales.

La organización como tal pauta diversos convenios y acuerdos que luego se ratifican por cada país. En Uruguay se ratificó el convenio 161 en el año 1988 y el documento, a grandes rasgos, “plantea la necesidad de contar con una política nacional” que se reglamentó tiempo después, “en 2014”. Lo que planteó fue “el requerimiento de contar con la presencia de servicios de salud del trabajo en las organizaciones” y de manera progresiva se fueron incluyeron distintas ramas de la actividad laboral y nuevas normativas según las características de cada empresa.

Si bien alrededor de 1980 también hay algunas situaciones que se dan en determinadas industrias, por ejemplo, accidentes fatales, lo que tiene que ver con seguridad a lo que está vinculado, aunque no es lo mismo, hay una visualización de la problemática de accidentes de trabajo que implica tomar acciones por parte de los colectivos sociales. Aparecen decretos específicos de rama que implican delegados de salud en obra y técnicos en seguridad. Hay una percepción del riesgo y del problema. Luego aparece la presencia del personal médico y la salud.

SVA Working es una de las empresas que en Uruguay proveen servicios médico laborales desde lo clínico y en lo que se relacione con situaciones de salud que puedan interferir con el trabajo. La empresa cuenta con profesionales médicos y un equipo de seguridad; Castro, quien forma parte del equipo médico, resaltó como una “de las fortalezas” la sinergia de disciplinas que incluye el servicio.

En cuanto a los requerimientos de las empresas uruguayas a SVA Working, Castro comentó que “están muy vinculados” a las normativas vigentes y a las situaciones y contingencias relacionadas a los accidentes o requerimientos de organismos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que plantean a las empresas ciertas necesidades que los empleadores deben cumplir, según el contexto.

Acotó que los rubros que más demandan el servicio son los que visualizan “la exposición y la posibilidad de daños”. En este sentido, es por ello que en sus objetivos la disciplina “pretende prevenir los daños y fortalecer prácticas saludables y espacios” que si bien pueden estar creados en las empresas, tal vez “están invisibilizados”. En resumen, cuando un rubro “visualiza la posibilidad de un daño se genera la demanda” y esto sucede sobre todo en trabajos que se desarrollan “en espacios confinados, con maquinaria, altura, exposición a agentes químicos o físicos”, entre otros.

Aun así otros rubros como el de la administración y la organización “también pueden generar problemas de salud”, pero es más difícil de “visualizar la relación” y detectar “la necesidad”.

Para Castro, la importancia de contar con un servicio que gestione la salud ocupacional de una empresa se fundamenta en varios puntos; en principio, sobre la base de que “la salud es lo más importante” que posee una persona, y la salud ocupacional es una disciplina que abre la posibilidad de “pensarse en el trabajo”, que es uno de los determinantes más importantes de la salud, porque “pasamos trabajando gran parte de nuestra jornada”.

Además, si bien la salud está muy vinculada “a las patologías y al consumo”, y “el mundo del trabajo queda como si fuera una dimensión en la que se ingresa muy poco”, esa percepción “no es casual”, y que el foco sanitario “esté en el mundo del consumo y no en el mundo productivo” se debe a una “situación política”, concluyó.

Tarea de todos

Por su parte, y desde el punto de vista del “rol” de los sindicatos en la incorporación de la salud ocupacional en el trabajo uruguayo, Arcuri agregó que “históricamente” los sindicatos y las federaciones fueron apoderándose en la medida en que recibieron información y capacitaciones. Consideró que los trabajadores “promueven tratar los temas de salud y seguridad en el trabajo a través del concepto de salud laboral”, pero con una concepción “más amplia que la ocupacional”, para poder entender que “el estado de salud del trabajador o trabajadora no sólo se ve subsumida o afectada” meramente por lo que pasa en su profesión u ocupación, sino que es influida “por todo el entorno”, incluido el social. A su vez, marcó como “fundamental” la participación de “las y los trabajadores a través de sus delegados” para que no se reduzca sólo a los profesionales de la salud y la seguridad.

En cuanto al proceso de incorporación de la relación entre la salud de los trabajadores y el trabajo, sostuvo que en Uruguay “es demasiado lento”, sobre todo si se considera que se trata de la vida de los trabajadores y, entre otras cosas”, de “capacidades disminuidas” como consecuencia de largas exposiciones a contaminantes, procesos y maquinarias o equipos que no cumplen lo establecido por la normativa”. Si bien existen “buenas prácticas” impulsadas por organismos internacionales que Uruguay “hace más de cinco décadas se comprometió a promover y desarrollar”, desde el sindicato “consideramos que aún estamos en pleno desarrollo” de evolución desde lo conceptual y lo político.

Según Arcuri, las empresas públicas van un paso atrás en la aplicación de algunas normativas, por ejemplo, el Decreto 52/023 (que modifica el Decreto 127/014 vigente desde 2019), que establece como obligatorio para empresas de entre cinco y 50 trabajadores que dispongan de servicios multidisciplinarios de prevención y salud en el trabajo. La implementación de estos servicios es “en las empresas públicas y ministerios donde el Estado”, que es “el encargado de promover y desarrollar los espacios de participación y colaboración” y de garantizar la instalación de los servicios de prevención, “no lo ha hecho”.

A su vez, la sindicalista valoró que la promulgación de la Ley 19.196 de responsabilidad penal empresarial como política de la salud ocupacional “favoreció la reducción de accidentes denunciados” en el Banco de Seguros del Estado (BSE). Se pasó de “casi 42.000 accidentes en 2014” y de entre 47 y 50 fallecidos por año por esta causa, a unos “30.600 accidentes” reconocidos por el BSE en 2021, y a una reducción de muertes anuales que oscila entre 26 y 30. De todas maneras, “seguimos teniendo trabajadores fallecidos a raíz de accidentes laborales que se deben evitar”, sostuvo.

Lo que falta

Por su parte, Rosa se refirió a los espacios actuales de intercambio, las diferencias entre los trabajadores y trabajadoras que están en planilla y los que no, y también sobre “lo que aún falta” y la ausencia del Estado en su rol de fiscalizador de los incumplimientos.

En principio, en cuanto al diálogo tripartito históricamente establecido entre sindicatos, trabajadores y empresas, sostuvo que si bien las relaciones laborales en Uruguay marcan “una rica historia de diálogo y negociación colectiva”, y cuenta con normativas específicas que regulan su funcionamiento, “hay un alto grado de incumplimiento”, en primer lugar por parte del Estado. Si bien debe garantizar y promover que los espacios de diálogo y negociación funcionen, “también como patrón, ya que para las y los trabajadores estatales el Estado representa el rol de empresa y fiscalización”, “no siempre” sucede. El MTSS y los adjuntos que trabajan en conjunto sobre la materia “no ejercen su rol fiscalizador” sobre las tripartitas, bipartitas y servicios de prevención para garantizar que cumplan sus funciones y cometidos.

Sobre el rol del Estado en la fiscalización de los cumplimientos agregó que “la mayoría de los servicios”, salvo “algunas” excepciones, “no cuentan con un plan de prevención discutido y acordado” en el ámbito bipartito “como indica la normativa”. Y ante la ausencia de ese plan “carece la información sobre los riesgos y la evaluación de los mismos”, es decir, sobre qué medidas de corrección hay que hacer en determinado momento debido a su gravedad y qué medidas de prevención a corto, mediano y largo plazo hay que adoptar, así como un cronograma que posibilite llevar a cabo las capacitaciones sobre esos riesgos y las medidas de prevención.

“Los empresarios siguen viendo como un costo la incorporación del médico y el prevencionista, sin entender” que al contar con estos equipos es “de gran ayuda” para dar cumplimiento a la legislación y estar al tanto, por ejemplo, “de la salud de los trabajadores expuestos a distintos factores de riesgo y contaminantes”.

Como trabajador y sindicalista, Rosa comentó que el grupo percibe que la inversión que están realizando los empresarios es “mal aprovechada”, ya que “es imposible” dar cumplimiento a los cometidos, obligaciones y funciones del servicio de prevención haciendo sólo “una visita por mes a los puestos de trabajo”, sin una política de prevención, cooperación y colaboración bipartita.

La situación de los trabajadores y trabajadoras que no están en “planilla” es aún más insegura. Esa circunstancia “muchas veces” se da “porque el empresario resolvió no hacerlo” y la consecuencia es que el funcionario “se encuentra desprotegido de la seguridad social y de sus derechos fundamentales”. En materia de salud laboral “aumentan los riesgos y los accidentes”, y si suceden, el trabajador no tiene acceso al Fondo Nacional de Salud.

Por último, se refirió al rol de los sindicatos en el avance de la implementación de las reglamentaciones. “Sin lugar a dudas” Uruguay cuenta con una “nutrida y buena normativa nacional” que ampara a las y los trabajadores en su derecho al trabajo respecto a la seguridad y la salud en el ámbito, y parte de los avances “es producto de la constante intervención de las organizaciones sindicales en los ámbitos de negociación”, a través de propuestas y exigencias en el cumplimiento de medidas mínimas de relevamiento, prevención, atención y seguimiento de las condiciones de trabajo.

Por ello, el rol de los sindicatos “ha sido y seguirá siendo fundamental” para los avances de la mejora de las condiciones y entornos de trabajo seguros y saludables. Es “acertado y fundamental” que “la mayoría” de los grupos y las federaciones cuenten con el delegado responsable de salud laboral, trabajando en comisión con delegados de cada lugar de trabajo y que esté conformado el ámbito bipartito de colaboración en cada empresa u organismo.