Era febrero de 2020, Luis Lacalle Pou se aprontaba para la asunción, la pandemia se aproximaba y en la sede del PIT-CNT el movimiento sindical le rendía homenaje al todavía presidente Tabaré Vázquez. Su segundo gobierno había sido el más conflictivo de los tres gobiernos del Frente Amplio, pero Marcelo Abdala, por aquel entonces secretario general de la central sindical –hoy presidente–, ponía énfasis en la trayectoria de Vázquez y comparaba “las conquistas laborales” de su primer gobierno con “las reformas de don José Batlle y Ordóñez”.

La relación entre Vázquez y el PIT-CNT no había sido la mejor en los últimos cinco años. Según datos del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, el índice de conflictividad global –que mide los conflictos que involucran a trabajadores dependientes e implican una detención de las actividades– registrado en el segundo gobierno de Vázquez (2015-2020) sólo fue superado en los gobiernos colorados de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005).

El promedio de conflictividad global en el segundo mandato de Vázquez fue de 60,5. A un año de finalizar, el gobierno de Lacalle Pou tiene un promedio de 59,4. Dicha similitud desaparece al observar la cantidad de paros generales. La segunda administración de Vázquez tuvo 26 paros generales (cinco totales y 21 parciales), mientras que el gobierno de Lacalle Pou tuvo, hasta 2023, la mitad: 13 paros generales (siete totales y seis parciales).

El mes más álgido del segundo gobierno de Vázquez fue agosto de 2015, que en la comparación histórica aparece como el segundo mes más conflictivo desde 1995, sólo superado por diciembre de 2000, récord perteneciente al gobierno de Batlle. En agosto de 2015, las movilizaciones para modificar las pautas salariales del Poder Ejecutivo en el sector privado se superpusieron con la discusión en torno al presupuesto nacional y el conflicto en la educación, que motivó un decreto de esencialidad.

Hasta ahora, el mes más conflictivo del gobierno de Lacalle Pou ha sido abril de 2023, cuando el Parlamento debatió y aprobó la reforma jubilatoria. En rechazo, el PIT-CNT convocó a un paro nacional de 24 horas –con paralización del transporte– y se manifestó en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Esto significó que, por fuera del promedio del quinquenio, 2023 fuese el año más conflictivo de las últimas dos décadas.

“Quizás no fuimos capaces de dar una respuesta más contundente”

Así como el rechazo de la central sindical a la reforma de la seguridad social explica en buena medida el aumento de la conflictividad en el segundo tramo de la administración de Lacalle Pou, del otro lado, la pandemia explica la baja conflictividad que hubo en los dos primeros años del actual gobierno.

En ese momento, “el objetivo era superar la situación sanitaria”, afirmó a la diaria Daniel Diverio, secretario de Relaciones Laborales y Conflictos del PIT-CNT. No obstante, resaltó que “el conflicto existió”, porque a partir de ahí comenzó “una rebaja salarial muy dura” y “eso es parte de un conflicto”. El Instituto Cuesta Duarte ha contabilizado 36 meses de pérdida salarial en este período de gobierno.

Frente a esto, en retrospectiva, Diverio consideró que “casi que no hubo respuesta” por parte del movimiento sindical. A su entender, esto se debió a que “no había condiciones para llevar adelante movilizaciones para tratar de contrarrestar”. Por un lado, había sectores de actividad, como la metalurgia, con “el 60% de los trabajadores en el seguro de paro” y, por otro, había “muchos gremios”, como los del turismo, que “no tenían forma de responder”.

En el caso de la construcción, Diverio recordó que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, del que es dirigente, llevó a cabo movilizaciones, pero “a los compañeros de más de 50 años les decíamos ‘resguárdense’, y eso era con mucha responsabilidad”. “Eso es lo que explica, en parte, la falta de respuesta de este lado para confrontar las medidas antipopulares”, afirmó.

“En lo que sí somos muy autocríticos, o por lo menos yo soy muy autocrítico, [es] en no haber rechazado con mayor contundencia la política de rebaja salarial”, expresó Diverio, en referencia al convenio colectivo “puente” que se acordó en 2020 y que de algún modo aplazaba la recuperación salarial para el final del gobierno. Apuntó que, pese al deterioro económico que ocasionó la emergencia sanitaria, algunos sectores de actividad –como la soja, la lechería y la ganadería– “estaban dinámicos” y, sin embargo, “a todos los trabajadores afectados a esas tareas les rebajaron el salario”.

Diverio afirmó que en ese período “más de 2.000 millones de dólares fueron trasladados desde los trabajadores hacia el capital” y “el sector empresarial no hizo ningún esfuerzo”. “Creo que ahí hubo una lectura equivocada en pensar que la caída del salario era una forma de ser solidario con los que no tenían. Quizás no fuimos capaces de dar una respuesta más contundente o, por lo menos, llegar de otra manera a la opinión pública”, consideró.

De Vázquez a Lacalle Pou “no ha habido nada excepcional”

Aparte de la pandemia, durante el gobierno de Lacalle Pou se reglamentó, mediante la ley de urgente consideración (LUC), “el derecho de los no huelguistas” a acceder a sus lugares de trabajo, así como “el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. Asimismo, la LUC declaró ilegítimos “los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”.

Según informó días atrás El País, en los últimos 42 meses el Poder Ejecutivo desactivó 163 ocupaciones y piquetes. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que no todos estos casos corresponden específicamente a la aplicación de la LUC.

Según Diverio, en este punto la LUC “fue puro humo”. Señaló que antes de la ley, en el segundo gobierno de Vázquez, “pueden ser contados con los dedos de una mano las huelgas o los piquetes”, porque “no es un método utilizado por los trabajadores organizados”. Mencionó que, en el caso de la construcción, por ejemplo, “hay que ir a 1993 para encontrar una huelga”.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O’Neill, coincidió en que la LUC “no ha influido mayormente” en el nivel de conflictividad, dado que “no es un mecanismo al que se haya recurrido a nivel de las empresas”.

Por otra parte, O’Neill consideró que la conflictividad “genuina”, es decir, la que responde únicamente a “temas laborales”, sin “un componente más de tipo ideológico”, como, por ejemplo, las movilizaciones contra la reforma jubilatoria o la transformación educativa, “ha estado en los parámetros habituales”. En ese sentido, afirmó que entre los gobiernos de Vázquez y Lacalle Pou “no ha habido nada excepcional”. “Lo que sí hay es todo lo otro que el movimiento sindical reivindica y que termina afectando la actividad, con paros que son más por temas de ideología que por temas laborales”, manifestó.

O’Neill sostuvo que Uruguay tiene “tradición” y “madurez” en el uso de la negociación colectiva como solución a los conflictos y opinó que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de esta administración, encabezado por Mieres, ha hecho una buena gestión en ese sentido”.