El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) presentó este martes una actividad en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) en el marco de la conmemoración de los 11 años de la aprobación de la ley de responsabilidad penal empresarial (Ley 19.196). Antes de comenzar la parte oratoria, se hizo un minuto de silencio en memoria de Antony Carballo, efectivo policial asesinado el pasado viernes en Toledo, Canelones.

Hablaron en la actividad el rector interino de la Udelar, Álvaro Mombrú, el inspector general del Trabajo y Seguridad Social, Luis Puig, el diputado del Frente Amplio y exdirigente del Sunca Daniel Diverio, y por el sindicato, la abogada Lorena de León, el secretario general, Javier Díaz, y el secretario de Seguridad e Higiene, Héctor Abad.

En la apertura, Mombrú dio la bienvenida a los representantes del Sunca y a los trabajadores nucleados en ese gremio y, a la vez, lamentó ante los presentes el fallecimiento de un trabajador de la construcción, hace dos semanas atrás, mientras cumplía tareas en una obra de remodelación de un comedor de la Udelar. También afirmó que la Udelar está a disposición para colaborar y hacer aportes sobre el tema.

Puig, por su parte, resaltó que la ley de responsabilidad penal empresarial surgió “del movimiento obrero, de las asambleas, de los congresos del PIT-CNT, donde se discutía por qué estaba tan relegada esa crónica roja que existe en el país por los accidentes laborales y que tanto cuesta reconocer”. Recordó que en 2014, cuando se aprobó la ley, hubo voces que expresaron que el cometido era “enviar a más patrones presos”, pero que en ese momento el objetivo era “generar mecanismos de prevención y que la salud y seguridad en el trabajo fueran un tema fundamental”.

Afirmó que, “cuando se expone la vida de un trabajador, tiene que existir una responsabilidad penal”, y “el logro fue una baja exponencial de los siniestros y de las muertes”, resultado que “en el último período se ha relativizado”.

Dijo también que “habrá todas las garantías, porque no se harán aventuras”, cuando en relación al segundo artículo de la ley haya casos en los que exista y se constate dolo. Mencionó que, allí, el Banco de Seguros del Estado debe de denunciar ante el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, y este debe hacer ante Fiscalía la denuncia correspondiente.

“Cuando se investiguen y analicen cada uno de los siniestros laborales, no se va a rehuir de la responsabilidad, porque está consagrado en la ley”, afirmó.

Acerca de la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales, dijo que generaría “un aspecto de consciencia en la población, porque el debate de las leyes pone sobre la mesa aspectos que son cruciales”.

Díaz, en nombre del Sunca, dijo que, a 11 años de la aprobación de la ley, se puede afirmar que se construyó “una victoria”, y que “las trabajadoras y trabajadores de la construcción fuimos capaces de quitar la siniestralidad de las páginas policiales, y que ahora están en el derecho laboral”. “Lo hicimos con diálogo, discusión, y fuimos capaces de, en un mes, recolectar cerca de 350.000 firmas. Y está bien que hoy intercambiemos y digamos esto en voz alta a quienes recién ingresan a trabajar en el sector de la construcción”, valoró.

Comentó que, previo a aprobarse la ley, había cerca de 1.000 trabajadores por semana con accidentes de trabajo y que “había necesidad de generar una legislación más rigurosa”, y que “un empresario podía contratar a un trabajador, lo exponía a trabajar arriba de un andamio, sin cinturón de seguridad, y esa situación se solucionaba con una multa y asunto resuelto, porque no se penalizaba si alguien no adoptaba las medidas previstas en la ley y si se ponía en riesgo y peligro la integridad física del trabajador”.

“Hemos decidido luchar a brazo partido para reducir la siniestralidad laboral. La ley de responsabilidad penal empresarial es eso. Es una ley que aporta en esa dirección, y, a 11 años de su aprobación, todos podemos afirmar que se bajaron los índices. Y a nadie le cabe duda de que la ley es constitucional y que no sólo se bajaron las cifras en la construcción, sino en otros sectores del mundo del trabajo”, dijo Díaz.

En tanto, Diverio, hoy integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de Diputados, dijo que “la realidad con la que nos estamos encontrando en el país es el aumento de la precarización del empleo, y eso genera que las condiciones de trabajo en materia de higiene, seguridad y salud sean mucho más graves”.

Comentó que la siniestralidad no debe preocupar sólo en la construcción, sino también en otros sectores, como el transporte. Dijo que con el paso de los años “la ley hizo bajar de forma sensible la cantidad de siniestros laborales. En la construcción en particular, pasamos de 7.500, próximo al año 2014, a no llegar a 3.000 en 2019. Pero aún es insuficiente, porque 3.000 es mucho, y hay trabajadoras y trabajadores fallecidos. Insistimos con la necesidad de un Estado mucho más presente a la hora del control”. Además, recalcó que en el gobierno anterior hubo falta de controles y de fiscalización, lo que originó un mayor incumplimiento de la normativa.

Por su parte, De León señaló que si bien es importante la existencia y aplicación de la ley, no menos trascendente es que luego se realicen las denuncias correspondientes cuando sucedan hechos que merecen ser denunciados, y junto con eso, la importancia que tiene la Inspección del Trabajo. Además, resaltó la relevancia de que en este período de gobierno se pueda crear una fiscalía especializada en accidentes laborales y la necesidad de la existencia de un cuerpo de inspectores con más personal disponible.

De León mencionó también la situación de trabajadores, en su mayoría extranjeros, que cumplen tareas para empresas que prestan servicios vía plataformas digitales, “a veces en situación de informalidad”. Recordó que llevan adelante tareas conduciendo motos o bicicletas y se ven en distintas circunstancias involucrados en accidentes de tránsito que tienen como resultado lesiones graves o incluso la pérdida de la vida. Por este tema, la profesional cuestionó la aprobación, en febrero, de la ley de plataformas digitales remitida por el Poder Ejecutivo saliente.