Producto de la paralización de la obra de ampliación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, a fines de 2024, la empresa con sede en Bélgica Jan de Nul, cuyo rubro es la construcción y el mantenimiento de infraestructura marítima, resolvió enviar a 18 trabajadores al seguro de paro. La decisión fue comunicada a los trabajadores involucrados hace seis días. En la plantilla quedaron entre 30 y 50 operarios cumpliendo tareas, algunos de nacionalidad extranjera. La misma medida habían tomado Stiller y Mota-Engil, en diciembre del año pasado.

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Mauro Rivero, dijo a la diaria que “la empresa, para justificar esa decisión, argumentó que no puede mantener completa la plantilla de trabajadores si las otras dos [Stiller y Mota-Engil] no avanzan con la obra”. Sostuvo que “ellos responsabilizan a estas dos empresas, pero ambas firmas ya enviaron prácticamente a todo su personal al seguro de paro en diciembre”.

Rivero señaló que, producto de esta situación, los trabajadores están “en el medio y de rehenes de estas empresas”, ya que “una le asigna culpabilidad a la otra”, contexto que “lamentablemente, con el tiempo, terminará arrastrando a los trabajadores que cumplen tareas en las embarcaciones”. Mencionó también que el jueves 27 de febrero Jan de Nul se había comprometido a no enviar trabajadores al seguro de paro.

El dirigente agregó además que el Suntma responsabiliza también por la paralización a Terminal Cuenca de Plata (TCP), “porque es la que paga por la obra, y dentro de ella participa también el Estado uruguayo por intermedio de la Administración Nacional de Puertos, que tiene un 20%. Ahí hay fondos públicos detrás de una inversión de 500 millones de dólares”.

El Suntma resolvió, tras una asamblea durante esta semana, entregar una carta a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para solicitar una reunión “de carácter urgente” donde plantear este tema, así como también la necesidad de soluciones para la paralización de la obra de TCP en el puerto de Montevideo.

En el marco de la asunción de los nuevos jerarcas del MTSS, un grupo de trabajadores, en representación del sindicato, entregó la nota este jueves a Luis Puig, nuevo inspector general del Trabajo y la Seguridad Social. La organización sindical quedó a la espera de una respuesta a la solicitud presentada.

Rivero explicó que, “dado que la paralización de las obras involucra a muchísimos trabajadores, debe y se necesita, por parte del Poder Ejecutivo, un diálogo con las empresas y los trabajadores para definir cómo continúa este tema, porque hasta ahora los platos rotos los pagan los empleados. El Estado se tiene que involucrar”.

Sostuvo que en este tema “no es justo” que al personal que cumple tareas en el proyecto se lo haya comprometido a firmar un contrato hasta el final de la obra, cuando muchos de ellos están en el seguro de paro, por cuatro meses, desde diciembre pasado.