En el XV Congreso del PIT-CNT, que se reunió entre el 22 y el 24 de mayo en el Palacio Peñarol, se aprobó por amplia mayoría –más de 900 votos a favor en 1.173 delegados– un documento denominado Trabajadoras y trabajadores de cara a un nuevo Uruguay que consta de tres capítulos: uno programático, otro sobre balance de las luchas desde el congreso anterior y el último, titulado “Autoconstrucción”.

En la introducción del documento, al que accedió la diaria, se valora que el texto se escribió “a partir de un amplio acumulado programático y doctrinario del campo popular” que recoge “elementos del documento ya presentado al actual Poder Ejecutivo, los resultados del rico proceso de debate llevado adelante en el III Congreso del Pueblo de 2023, aportes de los sindicatos”, del Instituto Cuesta Duarte (ICD), de la Universidad de la República (Udelar) y “del acervo histórico de lucha y pensamiento del campo popular uruguayo”. Y además se destaca que “constituye un documento unitario” cuya “elaboración contempló y articuló los aportes de las distintas corrientes que integran” el movimiento sindical, “lo que representa un hito en términos de unidad política y madurez programática”.

Primeramente, se analiza el contexto global, en el que se observan cuatro “megatendencias”. La primera es que se constata un “proceso de reconfiguración de la división internacional del trabajo a partir de la emergencia del sudeste asiático en primer lugar y fundamentalmente China como polo de manufactura y desarrollo tecnológico”. En segundo término, se señala la concentración de la riqueza: en la última década, “el 1% más rico ha capturado alrededor del 50% de la nueva riqueza. La fortuna de los milmillonarios ha crecido a un ritmo desconcertante, alcanzando desde 2020 un incremento de 26 billones de dólares (el 63% de la nueva riqueza), mientras que sólo 16 billones de dólares (el 37%) llegaron al resto de la población mundial”. Las otras dos megatendencias analizadas son el cambio climático y sus efectos y “el cambio tecnológico en marcha”.

En el plano regional, el documento señala el estancamiento de la productividad en América Latina, que “produce hoy en promedio una cuarta parte del valor agregado por trabajador que generan los países desarrollados” y, a nivel político, el tránsito por una década “de turbulencias con fuerte inestabilidad política”. “En más de la mitad de los países, los últimos procesos electorales fueron ganados por partidos con menos de diez años de existencia, lo que muestra la fragilidad de los sistemas partidarios tradicionales. A su vez, en varios países crece el ultraliberalismo de la mano de elementos con componente fascista y comienza a presentarse la perspectiva de la erosión de los pactos sociales y políticos de las décadas anteriores”.

“Uruguay necesita retomar de forma decidida el debate sobre el desarrollo”

Con respecto a la formación económica y social de Uruguay, se señala que hay un “problema estructural de fondo” que tiene que ver con “el carácter primarizado y la escasa complejidad” de la matriz productiva, modelo que “genera incentivos a ‘inclinar’ el aparato económico hacia los sectores tradicionales”. Para el PIT-CNT, “Uruguay necesita retomar de forma decidida el debate sobre el desarrollo, es decir, sobre el proceso cualitativo que subyace al crecimiento: para qué crecemos, cómo lo hacemos, con qué matriz productiva y en función de qué objetivos sociales”.

Por esto, propone como lineamientos programáticos para la etapa la diversificación de la matriz productiva, para lo cual “es necesario diseñar una Estrategia Nacional de Desarrollo [END] a partir de un gran diálogo social con la participación de todos los actores productivos, académicos y sociales”. En este sentido, se propone “la instalación de una Mesa de Diálogo Nacional Tripartito para acordar lineamientos estratégicos de largo plazo en materia de desarrollo económico, con el trabajo como eje central y el fortalecimiento de capacidades nacionales como objetivo prioritario”. La iniciativa prevé una mesa integrada por el Poder Ejecutivo, ministerios, el PIT-CNT y el sector empresarial, a la que se sumarían otros actores sociales e institucionales.

Esta END debe tener como eje la revitalización de la política industrial, que fortalezca la industria nacional, reduzca la dependencia de capitales transnacionales y promueva la transformación productiva. Para esto se propone la creación de un Instituto de Promoción Industrial con integración tripartita, “que articule los instrumentos existentes, diseñe estrategias sectoriales y actúe como coordinador de las políticas industriales”.

Para el PIT-CNT, para la transformación productiva es necesario “una macroeconomía para el desarrollo” que “articule el cuidado de los equilibrios fundamentales con la defensa de la competitividad y la estabilidad del ciclo económico”, con el fin de “garantizar un marco que brinde estabilidad al salario real y al empleo, al tiempo que favorezca la inversión, la industrialización y el desarrollo productivo nacional”.

“La construcción de un modelo de desarrollo requiere un Estado con liderazgo claro, no sólo en la planificación, sino también en la ejecución de políticas. Esto implica fortalecer las capacidades estatales en todos los niveles, especialmente aquellas vinculadas a la planificación estratégica, la articulación productiva y la innovación”, dice el documento en cuanto al rol del Estado.

También se plantea “impulsar la actividad científica de investigación y desarrollo, aumentando el presupuesto público destinado a estas actividades”, y en materia de energía, soberanía y transición justa, se reivindica “una política energética con participación activa de trabajadores/as y usuarios/as, con tarifas justas, subsidios que garanticen el acceso universal, una canasta de servicios básicos (electricidad, telecomunicaciones, agua, supergás) y un sistema tarifario que no castigue a las grandes mayorías”.

El documento, además, habla de un desarrollo territorial equilibrado y de priorizar las zonas más vulnerables del país y propone la creación de un fondo de acumulación que permita “apalancar las políticas productivas, tecnológicas y sociales necesarias para impulsar una END.

“Mejorar la capacidad de compra, sobre todo de los salarios más sumergidos”

En materia de organización del trabajo, la central sindical establece “la necesidad de repensar formas de organización laboral que permitan reducir la jornada laboral, mejorar los mecanismos de contralor para garantizar el cumplimiento de derechos laborales conquistados y mejorar la capacidad de compra, sobre todo de los salarios más sumergidos”, y propone promover “formas alternativas de organización del trabajo que fortalezcan la participación y democratización en el ámbito productivo, como el cooperativismo, la autogestión y la cogestión”.

El documento también refiere a las inequidades de acceso al mercado laboral. Señala que los jóvenes y las mujeres son quienes más sufren el desempleo y propone que haya incentivos y mejorar el sistema de cuidados. A su vez, expresa que la reducción de la informalidad “requiere campañas de concientización de la relevancia de la formalización y la protección social que esta conlleva”, así como “reforzar las tareas de supervisión y control”.

En particular sobre el sector de comercio y servicios, el documento dice que “concentra la mayor parte de la población ocupada del país y, sin embargo, presenta fuertes niveles de precariedad, informalidad, rotación, tercerización y bajos salarios, especialmente entre jóvenes y mujeres”. “Esta realidad debe ser parte central de cualquier estrategia de desarrollo inclusivo”, agrega.

Sobre el salario mínimo nacional, dice que “debe estar en línea con el costo de vida del país y, tal como recomienda la OIT [Organización Internacional del Trabajo], debe tener referencia en el nivel de ingresos mínimos necesarios para la subsistencia”. “Es necesario promover también incrementos más elevados para los salarios más sumergidos en el marco de la negociación colectiva, en particular en aquellos sectores donde existen condiciones objetivas para hacerlo”, añade el PIT-CNT.

Más adelante, se indica que “la introducción de nuevas tecnologías ha conducido a la automatización y la pérdida de puestos de trabajo, así como a una mayor desigualdad entre los propios trabajadores”, y señala que “es necesario atender el caso del creciente negocio de las plataformas, donde se apuesta a diluir en apariencia la relación de dependencia, de manera de trasladar costos que debieran asumir las empresas hacia los trabajadores y la sociedad en su conjunto. El Estado debe laudar el debate en torno a la naturaleza jurídica de la relación de trabajo en el mismo sentido que lo ha hecho la jurisprudencia, reconociendo a estos trabajadores como dependientes y, por ende, regidos por la normativa laboral nacional del sector privado”.

También se plantea la reducción de la jornada de trabajo sin pérdida salarial, estableciendo por ley “un tope máximo de 40 horas semanales” y que “los aspectos específicos” se implementen “en el ámbito de la negociación colectiva: tamaño reducción apropiado para cada sector, gradualidad de los cambios, cómo reorganizar el proceso productivo, período de adaptación, entre otros”.

En materia de seguridad social, para el PIT-CNT los puntos de partida para una “reforma integral” deberían ser: jubilación a los 60 años, jubilación equiparada al salario mínimo, “desacoplar el lucro financiero de la seguridad social” y “avanzar hacia una transición o convergencia más rápida en regímenes que cuentan con importantes privilegios, como, por ejemplo, la Caja Militar”.

“Revisar el régimen de exoneraciones tributarias”

Sobre la estructura tributaria se plantea “impulsar una reforma tributaria orientada a la eficacia fiscal, la justicia contributiva y el estudio de nuevas formas de fiscalidad, como la tributación sobre procesos automatizados”, y “revisar el régimen de exoneraciones tributarias, que genera un gasto fiscal elevado sin una selectividad adecuada”.

En materia de género, se expresa la necesidad de “avanzar en la implementación de políticas públicas que apunten a una igualdad real, no sólo en el discurso, sino en la práctica”; se propone fortalecer el sistema de cuidados, destinar los recursos necesarios para cumplir con la ley de violencia de género y que el trabajo no remunerado, “que hoy recae principalmente sobre las mujeres, debe ser reconocido y valorizado”.

En materia de salud, la propuesta es “avanzar en la universalización del acceso a una canasta de prestaciones en salud de calidad, bajo un enfoque preventivo”. En educación, se plantea la “construcción de acuerdos sociales y políticos en materia de política educativa pública” y la “reconstrucción del Sistema Nacional de Educación Pública”, porque “el Estado debe retomar su rol protagónico como garante del acceso democrático y pleno a la educación en cualquier rincón del territorio nacional”. Además, reivindican “una educación pública, gratuita, laica y obligatoria”, con autonomía y cogobierno, la creación de una universidad de educación pública, autónoma y cogobernada, y un piso presupuestal de 6% del PIB para la educación pública, más 1% para investigación e innovación.

El capítulo programático finaliza con los derechos humanos. “No hay Uruguay del futuro sin erradicación radical de la impunidad y de las condiciones ideológicas, políticas e institucionales que la amparan y/o reproducen”.