El jueves, luego de reunirse en asamblea, la Asociación de Defensores Públicos (Adepu) se declaró en conflicto ante la falta de asignación de recursos en el presupuesto, y porque el proyecto de descentralización de la defensoría pública continúa a estudio de una comisión del Senado, sin avances.

Estefanía Broggi, presidenta de Adepu, dijo a la diaria que esperaban que el presupuesto contemplara el otorgamiento de más recursos, “porque desde el plan de gobierno el tema de la defensa pública está dentro de las áreas a reforzar, ya que hoy la defensa pública no tiene suficientes defensores”.

Añadió que desde el 1° de setiembre hasta la fecha se mantuvieron reuniones con legisladores de todos los partidos, que la asociación asistió dos semanas atrás a realizar una exposición ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se discute el presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo, y que los representantes partidarios “recibieron y entendieron” las demandas, pero después de dicha comparecencia “no hubo noticias”. “Nos entienden, pero no deciden ni ejecutan”, afirmó.

Broggi contó que actualmente son 317 defensores públicos para todo el país y que se hizo un relevamiento defensoría por defensoría, y se llegó a la conclusión de que se necesitan 147 defensores más, de los cuales 62 serían para la capital y 85 para el interior. La dirigente agregó, a modo de comparación, que hay 14.000 abogados matriculados, y de esos, sólo 317 son defensores públicos que atienden a la mayoría de las personas que acceden al sistema judicial.

Destacó que los 147 que se necesitan “tampoco es el número ideal”, pero es la cifra con la cual “se puede afrontar la situación, porque hoy nos están quedando muchas personas que no pueden acceder a la justicia”. “Si alguien tiene para pagar un abogado y quiere iniciar un juicio de pensión alimenticia, seguramente al otro día ese abogado particular lo puede iniciar. Pero hay defensorías en las que esa persona, lamentablemente, pasa hasta tres meses para poder acceder al abogado”, sostuvo.

“Están quedando personas que no pueden acceder a la justicia”

Consultada sobre qué áreas abarcan los defensores públicos, explicó que se encargan del 100% de las audiencias de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, juzgados de familia, juzgado de familia especializado y familia de género, además de los juzgados penales.

En ese sentido, destacó que cuando hay una denuncia penal 90% de las causas son atendidas por los defensores públicos, en materia de ejecución es 97%, y cuando las personas ya están condenadas es 95%, en todas las materias.

“En temas de niños, niñas y adolescentes, las entrevistas que estamos pudiendo realizar son de dos o tres minutos. Eso no es serio. Ya el servicio está con la mayor voluntad que podemos, y hay excelentes defensores, pero no estamos pudiendo cubrirlo. Están quedando personas que no pueden acceder a la justicia”, enfatizó.

Broggi dijo que en este 2025 “es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia pide en el presupuesto” más recursos para los defensores. “Nunca antes habían solicitado reforzar la defensoría. Sí se solicitaba cuando se creaba un juzgado que también tendría que ser acompañada por la creación de defensores, pero no para reforzar la defensoría. Incluso nosotros no tenemos defensores suplentes, por ejemplo, los jueces y fiscales los tienen, pero nosotros no. Nos tenemos que cubrir entre los propios compañeros. Si alguien está de licencia maternal, con todo el derecho del mundo, no hay un defensor suplente que pueda cubrir a quien falta”, dijo la presidenta de Adepu.

Broggi señaló que se declararon en conflicto porque entienden que “ya es momento de decir basta, pero también basta por la gente”. “Hay ciudadanos que pueden acceder con facilidad a un profesional, pero hay otros que no, y esas personas, para llegar a los abogados defensores, van a tener que recorrer un camino largo, incluso al momento de solicitar pericias e investigaciones. Nosotros no tenemos investigadores ni peritos. No podemos desarrollar una investigación. Es todo a pulmón de la defensa pública”, agregó la abogada.

Acerca de la descentralización de la defensoría, comentó que desde hace dos meses está a estudio el proyecto en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que “está paralizado”. “Confiamos en que se moverá, y que podremos estar descentralizados, porque no podemos seguir dentro del Poder Judicial. Hay consenso político del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio. Todos entienden que la defensa pública debe ser descentralizada”, remarcó.

Para Broggi, la defensoría “debe tener su autonomía presupuestal, administrativa y técnica”, y adelantó que están en estudio “algunos artículos, sobre todo el artículo de quién es que nos tiene que designar a nosotros, ya que sólo la Constitución expresa que los defensores de oficio permanentes deben ser designados por la Suprema Corte de Justicia”.

El 30 de setiembre, a las 20.00, habrá una nueva asamblea general de Adepu, y si “para antes de ese día no hay novedades respecto de la asignación de recursos en el presupuesto y la descentralización, el gremio analizará la ejecución de posibles medidas distorsivas de los servicios, las cuales se aplicarán de manera sorpresiva, en todo el país”, anunció.