El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay y director de la empresa Saceem, Alejandro Ruibal, estuvo en La mañana de la diaria, de la diaria Radio, y abordó el histórico convenio colectivo que se firmó entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las gremiales empresariales. Tiene una vigencia de cinco años y, entre otros puntos, establece una reducción de la jornada semanal a 40 horas sin pérdida salarial que se comenzará a aplicar en 2027.
En primera instancia, lo tildó como “disruptivo” precisamente debido a las negociaciones sobre la jornada laboral. Reconstruyó que el sindicato propuso una plataforma que lo incluía en menor plazo y, aunque no era lo que los empresarios pretendían, empezaron a “entender razones” y “mirar qué pasa en el mundo” para ver qué cosas aportar al convenio “para modernizar, si se quiere, la actividad”, además de “eventualmente flexibilizar”.
Entre esos elementos aparece “cierta flexibilidad para el manejo de los horarios” a la hora de “armar” la semana laboral, además de la “gradualidad” en la aplicación de la reducción puesto que “esto no se hace de un día para el otro”, sino que la primera hora se bajará a fin de 2027 y “una por año hasta el 2030”. A su vez, solicitaron algo “fundamental”: la puesta en funcionamiento de la Comisión de Productividad en la Construcción, un ámbito bipartito para trabajar sobre el tema. También prevén un observatorio de productividad.
El director de Kopel Sánchez, Fabián Kopel, dijo a El País que el convenio colectivo se trasladará a los precios. No obstante, Ruibal cree que “esos no son los números” y considera que “nadie puede decir hoy en día cuánto va a incidir esto en los precios en el 2030 ni en 2031”. Dijo que sí se podría estimar si la aplicación fuera inmediata, pero es preciso considerar otras variables. “¿Qué pasa con la flexibilidad que tenemos ahora con el manejo de la semana laboral? Yo una semana puedo trabajar 44 horas y la siguiente 36”, señaló, además de remarcar que dependen del clima en gran medida.
“Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pasarlo en una cuenta lineal de planillita Excel, yo no me animaría. Ni siquiera pasarlo hoy en el presente, pero si yo encima te digo que va a ser de acá a cuatro o cinco años, ¿entonces qué, no va a haber un incremento de productividad de la industria, no vamos a incorporar nuevos procedimientos constructivos, no vamos a incorporar innovación?”, consultó. Además, dijo que en todo caso se trasladará al costo –no necesariamente el precio– y que, al final, “el que pone el precio es el mercado”.
El lavado de activos en el sector: “de alguna manera se ve que logran bancarizarla”
El empresario definió el estado actual del sector con la palabra “meseta”. Dijo que tiene 56.000 trabajadores cotizantes en el Banco de Previsión Social, una cifra “bastante buena para la industria”, y desde el punto de vista de la inversión “hace tres años viene cayendo”, lo que genera preocupación de cara al futuro. La actividad pesa “un mínimo del 5%” en el PBI, aunque puede alcanzar el 10% “tomando los indirectos de la construcción”.
Ruibal dijo que la construcción es “hija de la inversión” y la pública es “muy importante” por el tipo de obras que plantea. “Hay un gobierno que ya tiene un año y medio, votó su presupuesto, está implementando su presupuesto. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros al gobierno? Que acelere la implementación del presupuesto y los proyectos que tiene”, dijo. Pronosticó que para los próximos tres años habrá “un poco más de incidencia del sector público invirtiendo”, como las obras del saneamiento a nivel país, el proyecto Neptuno y la represa en Casupá, además del plan de movilidad “que mueve la aguja”, entre otras.
Sobre el lavado de activos en el sector, indicó que se encuentra “totalmente a favor” del control, pero discrepó en que las constructoras tengan que responsabilizarse cuando “vienen bancarizados los fondos que trae un cliente”. “Es verdad que nosotros le pedimos a los clientes formularios. Ahora, si el cliente me trae la plata bancarizada, que pasó por los bancos, son los bancos los que tienen que trabajar en eso. A mí ya me llega bancarizada, no me están pagando con una valija, como se hizo mucho tiempo en el pasado”, apuntó.
No obstante, coincidió en que el sector se encuentra en un lugar incómodo porque el constructor “está buscando siempre trabajo y clientes”, a quiénes se le puede solicitar “ciertas informaciones” pero, si la aporta y brinda el dinero bancarizado, “hay riesgos que uno no ve, lo que no ve no lo puede controlar y hasta ahí llegás”. Además, los lavadores “son cada vez más creativos” y, en el marco de un problema que no es únicamente de Uruguay, de “alguna manera se ve que logran bancarizarla”.
El debate por los monoambientes
Ruibal también habló sobre el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) sobre los monoambientes y sus exoneraciones, iniciativa que encabeza el senador Gustavo González.
Dijo comprender que “hay que tener normativa mínima para vivienda, como la hay”, aunque “no hay tanto monoambiente” como circuló y no representan “tanto porcentaje de lo que se construye”. En sus palabras, Uruguay no crece en población pero crece “en hogares”, que hoy en día están integrados por menos personas y “perfectamente pueden requerir” ese tipo de construcción para acceder a zonas que les sirvan.
“Lo que hay que evitar es que la gente viva hacinada, que no es justamente en ese tipo de apartamentos que la gente vive hacinada. La gente vive hacinada o en poco espacio en las viviendas más precarias, que no son el público que va a la vivienda promovida. Además, ahí al senador lo que le falta es un baño de realismo de cómo funcionan los mercados”, afirmó. Señaló que, si nadie lo compra, “nadie lo va a desarrollar” y no se puede “imponer” al mercado.