En los últimos días se produjo un debate en torno a los balances financieros de la Intendencia de Montevideo, y, al ser consultado por esto, el director de Desarrollo Municipal y Participación en ejercicio de la intendencia interina, Federico Graña, afirmó ante la prensa que la intendencia de Maldonado “recibe 4 veces más transferencias del Gobierno Nacional teniendo 8 veces menos población que Montevideo”. Originalmente, Desde ladiaria Verifica habíamos consignado que se trataba de una afirmación VERDADERA, por corresponderse con la distribución de transferencias intergubernamentales per cápita, pero fuentes académicas y alternativas señalaron posteriormente otros modos de analizar las transferencias mencionadas y, tras un análisis detallado, este medio decidió recalificar la afirmación como DISCUTIBLE: hay distintos métodos de analizar el fenómeno y ambos son válidos, pero es preferible revisarlos todos.
El extracto de la declaración original de Graña, que fue compartido por un usuario de la red social X, se viralizó en pocas horas y fue enviado por la comunidad al BOT de la diaria Verifica. Se produjo luego de que el programa radial La Pecera de Azul FM informara que la comuna capitalina se encontraría en una situación financiera delicada que incluso podía comprometer el cumplimiento de determinados servicios.
La lectura de Graña: análisis per cápita
Aunque originalmente no había explicitado que se refería a las diferencias en las transferencias per cápita, al ser consultado por este medio, Graña aclaró que se refería a esa relación, según los datos sistematizados por la OPP. Mientras que la media de transferencias en el periodo entre 2017 y 2023 para Montevideo fue de 2.629 pesos constantes per cápita, Maldonado recibió 9.753: es decir, 3,7 veces más.
De acuerdo a los datos del monitor en línea de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en lo que va del año el gobierno central destinó a Montevideo 3.250.204.715 pesos, mientras que Maldonado recibió en el periodo 1.580.875.961 pesos, aproximadamente la mitad de los destinado a la capital.
La relación de población de 8 a 1 señalada por el jerarca coincide con los datos del Censo Nacional de 2011 y no con los últimos resultados del censo 2023 divulgados por el Instituto Nacional de Estadística la semana pasada, que marcan una relación de 6 a 1, y que aún no eran conocidos al momento de la declaración.
Según ese mismo estudio, esa relación se invierte si se analiza el promedio de gastos entre el 2000 y el 2022. En ese periodo, Maldonado tuvo un gasto per cápita de 48.845 pesos mientras que Montevideo dispuso de 16.020 pesos, apenas la tercera parte. Montevideo es el segundo departamento que menos dinero destina por habitante, sólo por detrás de Canelones, y Maldonado se ubica en el otro extremo del ranking.
Al poner el foco en los ingresos, según datos de la OPP de 2022, Maldonado percibió unos ingresos por persona de 49.237 pesos corrientes, 15,7% de ellos aportados por el gobierno nacional. Por otra parte, Montevideo recibió 20.843 pesos por persona de los que 8,6% fueron aportados por transferencias del Ejecutivo, lo que la convierte en la intendencia que proporcionalmente menos aportes recibe del gobierno central.
Indicador entre varios
Poco después de la verificación original de la frase de Graña, el contador, docente y especialista tributaria del Centro de Investigaciones Económicas, Gustavo Viñales, publicó en la red social X una postura contraria y señaló que había otros indicadores para evaluar las inequidades en transferencias intergubernamentales.
Consultado por este medio, explicó que el sistema de transferencias intergubernamentales está regido por la Constitución y luego es regulado con leyes posteriores. Actualmente, está vigente un sistema con cuatro indicadores para revisar eventuales inequidades en el reparto y, para Viñales, “elegir arbitrariamente uno de ellos no dice nada y no se hace aquí ni en ninguna parte del mundo”.
Efectivamente, la distribución de transferencias por población está establecida en el artículo 214 de la Constitución, que establece que el presupuesto nacional proyectará, entre otros, “los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos Departamentales”. El sistema de transferencias también depende del artículo 298 de la Constitución.
Luego, desde el año 2000, se definieron los cuatro indicadores para establecer la asignación de las transferencias: superficie, población, inversa del PIB por habitante y porcentaje de hogares con carencias en las condiciones de vivienda, con un peso de 25% cada uno (aunque esta ponderación no está establecida en la ley). Estos criterios son discutidos por la Comisión Sectorial definida por la OPP y de la que participan los delegados del Congreso de Intendentes, por lo que suele ser un proceso de discusión y acuerdos políticos.
Si uno evalúa el nivel de transferencias y lo compara con otro criterio de los señalados -no por población-, la relación entre los departamentos cambiaría: por territorio, por ejemplo, Montevideo recibe proporcionalmente más ingresos que Maldonado. Esto, explica Viñales, se debe a que las transferencias regidas por el artículo 214 tienen “un objetivo de igualación” y por ello es que se utilizan “indicadores más complejos”. Estas variables sirven para medir disparidades relativas de cada departamento y así cumplir con el objetivo de “compensar desequilibrios territoriales para el acceso a bienes y servicios públicos de similar calidad y condiciones de acceso por parte de todos los ciudadanos distribuidos en el territorio”.
Según la Ley de Presupuesto N° 19924 en su artículo 660, se establece que, de lo destinado por el artículo 214, a Montevideo se le otorga un 12,9%. Luego, del resto que queda una vez deducido el porcentaje correspondiente a la Capital, le corresponde un 10,09% a Canelones, un 7,92% a Maldonado y un 6,81% a Salto.
Según Viñales, estas alícuotas están en proceso de revisión y, aunque durante el último período de gobierno no se llegó a producir la modificación, “es probable” que esto esté en discusión durante el próximo quinquenio ya que, en su opinión, es preferible “tener indicadores aún más complejos y sofisticados, que incluyan más variables”, por ejemplo qué tipo de población (edad, género, entre otros ejes) se toma en cuenta para las transferencias por población, o qué tipo de territorio en la variable territorial, si es urbana, rural, entre otros factores.
Para explicarlo, Viñales ejemplifica: “No es igual el costo de la recolección de residuos en una zona suburbana que en Pocitos. Si lo medís por población o por territorio, en ambos casos verás que es distinto y los costos nunca serán similares. Lo mismo podría decir del tema luminarias, viabilidad o tantos otros gastos propios de las Intendencias”.