“Los impactos del cambio climático, los problemas y los requerimientos de adaptación dependen de las condiciones locales”, plantea la nueva estrategia para la acción climática de Canelones, que fue presentada este viernes. En el departamento, 33,6% de las personas tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, 80% no tiene conexión a una red general de servicio de saneamiento y 8% de los hogares tampoco tiene conexión a una red de distribución que garantice el acceso al agua potable. Al mismo tiempo, se manifiesta en la estrategia que las realidades sociales “no son homogéneas” y “acompañan tendencias de fragmentación y segregación socioterritorial” que “configuran un mapa de vulnerabilidad muy desigual”. Por ejemplo, el crecimiento demográfico concentrado sobre la costa del Río de la Plata, que despertó interés del sector inmobiliario.
Antes de dar a conocer medidas para adaptar y mitigar los efectos del cambio climático antropogénico es necesario conocer el estado de situación. “La mayor parte del territorio de Canelones integra la cuenca del río Santa Lucía. El río Santa Lucía y su densa red de cuencas y microcuencas tributarias constituyen un sistema organizador para los distintos usos del suelo. Sobre este río se encuentra la usina de potabilización de Aguas Corrientes, que toma el agua bruta del río para abastecer de agua potable a más de la mitad de la población del país”, se recuerda en el documento. Sin embargo, también se afirma la existencia de un “exceso de nutrientes” en las aguas, que “se asocia al desarrollo de floraciones de cianobacterias potencialmente tóxicas”. Por esta razón, se afecta la calidad del agua para consumo humano y animal y a la biodiversidad.
La economía del departamento se sustenta en la producción agropecuaria y en el turismo de costa, actividades que se han visto “fuertemente afectadas” por “eventos climáticos extremos”, cada vez más intensos y con mayor frecuencia. Este tipo de fenómenos no sólo han repercutido en las actividades productivas, sino que también generan “pérdidas humanas y materiales a nivel urbano y rural”. “En particular, decenas de miles de personas de escaso poder adquisitivo habitan en márgenes de cursos de agua, sufriendo crecientemente las inundaciones, que les generan importantes pérdidas económicas”, resalta la estrategia.
Además, según reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología, se ha identificado una “mayor frecuencia de las olas de calor”, con un promedio de cuatro eventos al año, incluso “algunos con muertes asociadas”. Otro punto clave para entender la situación actual es que “la generación hidroeléctrica, que hasta hace sólo unos años era la única fuente autóctona de generación eléctrica, sufre dramáticas variaciones interanuales debido a la variabilidad de la pluviometría [lluvias]”.
La estrategia determina que el conjunto de fenómenos producidos por la crisis climática, como “el progresivo aumento del nivel medio del mar, los aumentos en intensidad y recurrencia en los vientos, la altura de las olas extremas y las precipitaciones”, incrementan los impactos en las viviendas, infraestructuras, servicios y ecosistemas.
Ante este contexto, y producto del trabajo acumulado, la Intendencia de Canelones presentó los lineamientos para avanzar en la mitigación y la adaptación del cambio climático. Se basó en los principios de “transición sostenible” analizados desde un “enfoque integral” que considere todas las dimensiones del desarrollo humano; “no dejar a nadie atrás”, porque “las condiciones de exclusión y de desigualdad económica, social y cultural elevan los riesgos y la magnitud del impacto del cambio climático”; “enfoque de género” y “cooperación, participación y responsabilidad mutua”, debido a que es “necesaria la cooperación entre todas las partes interesadas para lograr la efectiva implementación de respuesta”.
La “construcción de capacidades colectivas” se adopta como un eje transversal en la estrategia que también buscará implementar acuerdos con distintos ámbitos académicos e institucionales para generar “información climática relevante”, e incluso se fortalecerá la función del Nodo de Educación Ambiental Canario para crear un “ámbito específico asociado al cambio y variabilidad climática, centrado en la difusión de amenazas y potenciales impactos”.
Adaptación: realojos, saneamiento y ecosistemas protegidos
La estrategia de Canelones para la adaptación climática incluye nueve líneas estratégicas y 53 medidas que están dirigidas al territorio costero, rural y urbano.
Según el informe, la población localizada en Ciudad de la Costa y en balnearios de la Costa de Oro supera los 157.000 habitantes permanentes y representa 30% de la población total del departamento. Se aclara que es una costa con “importante presencia de suelo urbanizado”, lo que genera “modificaciones y presiones sobre el medio natural”. “El espacio costero se identifica con una vocación turística y turística-residencial con servicios asociados”, agrega el documento.
Dentro de las líneas estratégicas, se propone crear “ecosistemas costeros protegidos”; para lograrlo se debería establecer “un programa de monitoreo de las dinámicas de las desembocaduras de arroyos, barrancas y arcos de playa más afectados”, y de esta forma identificar “las acciones requeridas” para proteger la costa. También es necesario “construir una línea de base del estado de los ecosistemas definidos como objetivos de conservación”, para delimitar áreas de protección, recuperación y elaborar planes de manejo.
Junto con el gobierno nacional, se va a promover “el realojo de viviendas formales e informales localizadas en zonas con riesgo de inundación o en zonas degradadas que requieren de restauración”. Otro de los puntos busca “avanzar en la mejora de los sistemas de saneamiento existentes”.
En el territorio rural habitan 48.219 personas –9,3% de la población departamental, que es más envejecida y masculinizada en comparación con la urbana–. Allí conviven actividades productivas y ecosistemas naturales. En este sentido, se intentará “promocionar ámbitos de acuerdo entre actores involucrados en el uso del agua”, para “anticipar conflictos o inequidades” en su acceso, principalmente en situaciones de déficit hídrico. A su vez, se pretende “avanzar en la política de asistencia por déficit hídrico” y desarrollar planes de apoyo para personas productoras con el objetivo de reducir el “riesgo climático” en sus actividades.
En la urbanidad se van a promover áreas “con diversos usos y una organización funcional”, que “reduzcan los largos desplazamientos”, para priorizar los caminos peatonales, de bicicletas y transporte público en lugar del automóvil privado. También se revisarán “las situaciones más críticas” de las ciudades con riesgo de inundaciones y se diseñará “un programa de corto plazo” para adecuar las infraestructuras que evite “situaciones de inundación por drenaje” y “disminuya la presión sobre el sistema de drenaje existente”. Paralelamente, se incentivará la creación de áreas urbanas “más verdes”.
Mitigación: compost, reciclaje y desincentivo del automóvil particular
Para mitigar los impactos del cambio climático antropogénico, la Intendencia de Canelones presentó diez líneas estratégicas y 47 medidas. Se busca transitar hacia “un nuevo modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono”, “que mejore la eficiencia en el uso de los recursos”, “disminuya la producción de residuos” y “promueva la regeneración de los sistemas naturales”.
Para cumplir con el objetivo, se elaborarán “planes locales de movilidad” en coordinación con los “planes de ordenamiento territorial” y “con las obras de infraestructura urbana” integrando una visión “sostenible”. Se optará por un “recambio de tecnología” en el transporte público y privado, así como en vehículos de transporte de personas y mercadería mediante “compras públicas” y “fondos ad hoc”. En consonancia con las medidas de adaptación, se promoverá “la movilidad sostenible” para reducir el uso del automóvil individual y “mejorar la seguridad vial”.
Con respecto a la gestión de residuos, una de las medidas apunta a capturar el metano producido en sitios de disposición final. Por ejemplo, se finalizará “el proceso de clausura” de Cañada Grande con “una adecuada cobertura y captura y quema de metano”. El compost y el reciclaje se fomentarán; mientras, se generará normativa que “desestimule el uso de plásticos de un solo uso”.
Otro de los puntos consiste en brindar apoyo a la agroecología y la agricultura orgánica con “información, capacitación y seguimiento técnico” para “mejorar su capacidad de producción”.
Finalmente, se procurará que los procesos de compras públicas tengan un “enfoque de circularidad”; la estrategia habla de propender a “la adquisición de servicios como productos, favoreciendo el alquiler y el pago por uso, manteniendo, en la medida de lo posible, la propiedad de los productos y sus costos asociados en los proveedores”. Asimismo, se apostará a la economía local y de cercanía para “mejorar los vínculos entre consumidores y proveedores de bienes y servicios”.