“La comunidad como centro, no el negocio”: el pedido de la Udelar, el PIT-CNT y Fucvam sobre el nuevo Plan de Gestión de Residuos

“Soy tu Uruguay Natural, ese que te impulsa hacia un ambiente más sano y sostenible. Hoy te hablo porque quiero que me ayudes a ser un Uruguay más circular [...] ¿No será hora de cambiar los residuos por recursos?”. De esta forma comienza la publicidad del Ministerio de Ambiente (MA), que se presentó en conjunto con el Plan de Gestión de Residuos. Apelar a la primera persona para empatizar con el espectador es una vieja tradición, pero en el país se producen casi cuatro millones de toneladas de residuos al año y sólo 5% se recicla. La revalorización tampoco se da en las mejores condiciones para quienes trabajan en los vertederos.

“Con los rescates de basura se enriquece gente, rescatan lo que pueden pagándoles en negro a los clasificadores de los vertederos”, apuntó Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente del PIT-CNT. Apuntó también que “detrás del negocio de la basura” están “las envasadoras” y “mucha gente que trabaja fuera de la legalidad”. “Si ese negocio no se rompe, no se va a cambiar la situación actual, que en definitiva se basa en la superexplotación de los clasificadores”, agregó.

La Ley de Gestión Integral de Residuos se aprobó en 2019. Busca “la protección del ambiente” mediante “la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación, el manejo y todas las etapas de gestión de residuos”. Allí se estableció la creación de un Plan Nacional para la Gestión de Residuos –que debe tener un alcance de al menos diez años, aunque debe ser revisado y actualizado cada cinco años–. En octubre, el MA puso a la consideración pública un primer adelanto del proyecto.

La Universidad de la República (Udelar), el PIT-CNT y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) conformaron, después de la aprobación de la ley, un grupo de trabajo para analizar la gestión de los residuos que propone. “Al analizar el contenido del plan presentado, vemos una serie de intenciones y lineamientos generales, junto con metas a cinco y diez años, pero no aparecen acciones concretas que puedan justificar el cumplimiento de esos lineamientos y metas”, resalta el colectivo en un documento reciente titulado “Consideraciones sobre la presentación del Plan Nacional de Gestión de Residuos”. Afirman que comparten “los enunciados e intenciones” pero que les preocupan “los ritmos y mecanismos” para lograr la puesta en práctica del plan.

la diaria conversó con tres integrantes del grupo: el ya mencionado Jorge Ramada, Ramón Fratti, integrante de Fucvam, y el ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity, exdirector nacional de Ordenamiento Territorial.

El negocio de los residuos

El grupo de trabajo denuncia una violación “crónica” de los derechos humanos sobre los trabajadores en vertederos a lo largo de todo el país. Definieron que ellos y ellas son los encargados de “atenuar las consecuencias ambientales provocadas por los residuos que todos generamos”. Por esta razón, se solicitó que “los responsables de volcar los futuros residuos al mercado” se hagan cargo de la deuda social con los clasificadores “cuanto antes” y no “en cuentagotas”. Los representantes de la academia y trabajadores admiten que eso sólo es posible con “firme voluntad política del Estado”.

¿Cómo es la situación actual de los trabajadores que manipulan residuos?

Jorge Ramada: Algunos compañeros se han formalizado por la vía de tener su camioncito, un vehículo que les permite ser recolectores autorizados. Otros lo lograron por vía de las plantas, también hay algunos que están con los motocarros. En todo ese conjunto, podemos llegar a unos 300 clasificadores. Nosotros en los orígenes hablamos de un universo de 5.000 en total y no sé si no nos quedamos cortos. Después está la situación de los carreros, que han sido desplazados del centro y ahora están rescatando lo que pueden en las zonas periféricas. Están las zonas de los vertederos, ahí las condiciones en las que se trabaja son vergonzosas en todo el país. Hace años que están así, no podemos dejar que se siga trabajando en esas condiciones.

La situación actual de marginalidad y miseria en los clasificadores es funcional al modelo de negocio que tiene la basura. Con los rescates de basura se enriquece gente, algunos rescatan lo que pueden pagándoles en negro a los clasificadores de los vertederos. Otros simplemente actúan como agentes de los propios generadores de los envases, que limitan la posibilidad de rescate al negocio que puedan tener ellos para colocarlo, exportarlo o procesarlo. Detrás del negocio de la basura están las envasadoras y mucha gente que trabaja fuera de la legalidad. Si no se rompe ese negocio, no se va a cambiar la situación actual, que en definitiva se basa en la superexplotación de los clasificadores.

¿Con qué limitaciones se han encontrado en materia de seguridad laboral?

Ramada: Es muy difícil tratar de generar normas de seguridad, por ejemplo, en los carreros que revuelven volquetas. Además está bastante limitada porque cada vez que se pedía una mejora, la Cámara de Industria no ponía la plata para hacerlo, que es la rectora en materia económica de las plantas. El papel de la Cámara de Industria ha sido y sigue siendo nefasto en todo esto. Hoy en día se supone que generaron un fideicomiso para manejar las plantas de clasificación, previendo una serie de puestos de trabajo. En Montevideo eran 128. Hoy hay menos de 100, los otros 28 salarios no sabemos dónde quedan.

En materia de salud laboral en las plantas hemos avanzado, en los vertederos es muy difícil. La ley obliga a cerrar los vertederos a cielo abierto, pero plantea inclusión: los vertederos deben cerrarse dándoles trabajo digno a los que están ahí. Pero para que realmente se pueda dar trabajo digno a todos los trabajadores hay que generar un sistema que permita rescatar lo máximo posible, ordenarlo, clasificarlo y procesar lo útil, generar otro nuevo valor. Eso lo tienen que hacer los clasificadores. Yo diría que con el material que se podría rescatar hay trabajo suficiente y abundante para los trabajadores que hoy están en forma marginal.

Ustedes señalan que es necesaria una voluntad política del Estado.

Ramón Fratti: Los distintos gobiernos no han dado muestras de voluntad política porque el tema de la recolección y el tratamiento de residuos tiene que tener a la comunidad como centro, no al negocio. Nosotros decimos que el capitalismo no resuelve el tema de la vivienda porque la considera mercancía. Esto es lo mismo. Tres o cuatro se están enriqueciendo con la desgracia de los demás, que son la mayoría.

Nosotros en las cooperativas hemos participado en cantidad de planes piloto, que mueren como planes piloto aunque demuestren que son eficientes. Dado que el Estado no facilita el empuje, se transforman en cuestiones que son sumamente loables, pero que quedan en experiencias chicas. Funcionan espectacularmente porque los tipos están reciclando con un cuidado tremendo del medioambiente, dando la posibilidad de que gente de escasos recursos tenga sus huertas, pueda producir alimentos sanos, mejore su calidad de vida. Pero el Estado está de espaldas.

Derogar la Ley de Envases

“Un proceso con importantes opacidades”, “manejado a capricho de quienes generan la contaminación con los envases”, produciendo “incumplimientos y magros resultados”. Así define el grupo de trabajo a la Ley de Envases, que se promulgó en 2004. Según se manifiesta en el escrito, su aprobación fue “luego de un proceso de elaboración parlamentaria donde se registra una particular actuación de la Cámara de Industrias para modificar de modo sustantivo el texto original”. Manifiestan que hay dos aspectos centrales; la presentación de Planes de Gestión de Envases por parte de las empresas junto con su aprobación por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama, que tras la creación del MA, ya no existe) y “la responsabilidad extendida del productor de los residuos”.

Sin embargo, resaltan que a partir de 2007, “bajo un fuerte impulso de la Cámara de Industrias”, los Planes de Gestión de Envases adquieren el formato de convenio, entre la intendencia correspondiente, los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA, hoy Ministerio de Ambiente), de Desarrollo Social y la propia cámara. “Se generó un fideicomiso, que nadie sabe cómo se integra, qué monto tiene, cómo gasta la plata y qué se hace con él. Es un fideicomiso privado que armó la Cámara de Industrias para sí y por sí, sin que el Estado tenga ninguna injerencia que nosotros conozcamos”, sostiene Manuel Chabalgoity.

En el escrito del grupo expresan que a casi 15 años del primer convenio, la modalidad se aplica sólo en seis departamentos –Montevideo, Canelones, Flores, Maldonado, Rivera y Rocha– y la cantidad de envases recuperados “es menor a 10%”. Por esta razón, solicitan derogar la Ley de Envases “a texto expreso” para que la Ley de Gestión Integral de Residuos “entre a regir en todas las disposiciones”.

¿Qué cambio supone la Ley de Gestión Integral de Residuos?

Manuel Chabalgoity: El gran avance que tiene esta ley, entre otras cosas, es que a 60% de los residuos, que se llaman especiales, se le grava con el Imesi [impuesto específico interno] y se generan los recursos que se integran al Fonagres [Fondo Nacional de Gestión de Residuos]. El fondo sería para financiar el sistema de separación de origen, colecta selectiva, valorización, trabajo. ¿Qué es lo que sucede? En la primera expresión de política pública, que es el Plan Nacional, nos encontramos con varias sorpresas. Una de ellas es que el financiamiento no existe, no se hace ninguna referencia al tema de financiamiento que la ley prevé: un sistema de financiamiento que es un fideicomiso, que se integra a un fondo administrado de manera transparente, que lo integran el gobierno nacional, las intendencias, el PIT-CNT y la Cámara de Industrias.

¿Cuál es su visión sobre la economía circular?

Ramada: La economía circular es un conjunto de buenas intenciones, un planteo teórico, pero en la medida en que no cuestiona el modelo de producción, es irrealizable. Hay que hacer la colecta selectiva, que es el punto débil que ha tenido hasta ahora la política de residuos. ¿La gente para qué clasifica si lo entreveran? Hay que llevar a algún lado lo que se está juntando de forma selectiva y darle valor. Pero el valor debe ser en función del uso y no en función del valor de cambio que le pueda servir a una empresa.

Si se mira en función de negocios individuales de las empresas capitalistas, la economía circular es irrealizable. Los problemas que quiere atacar la economía circular han sido generados por ese mismo modelo de producción. Para que haya una economía circular en serio tiene que haber una política pública seria que empiece por el final. Lo primero que tendría que hacer el plan es decir qué hacer con el papel, con el plástico. Si no, en algún lugar se tranca. ¿Quién lo tranca? El modelo de negocios.

¿Y la responsabilidad extendida?

Ramada: Es un concepto muy lindo que gracias a la responsabilidad extendida del productor o generador se ha avanzado en muchos lugares. Se avanza porque al generador le sirve el negocio, porque si no le sirve el negocio, la prueba la tenemos con los envases. A las empresas envasadoras no les sirve reciclar cuando el petróleo baja, cuando el petróleo sube se ponen más recicladoras. No les sirve rescatar porque les sale más barato hacer envases nuevos.

El agua sigue vendiéndose toda en envase no retornable y los envases se cobran. Si uno hace la cuenta, se la están cobrando al que lo va a tirar. Mientras hacen propagandas preciosas, siguen inundando de envases no retornables porque les sirve. Rescatan una parte. ¿Qué parte? La que les puede servir para exportar cuando hay capacidad. La responsabilidad extendida se extiende hasta donde el capitalista quiere. El modelo de economía circular rompe el círculo cuando al capitalista no le sirve. En esas condiciones no se va a avanzar.

Chabalgoity: El circuito de acumulación es lo más circular que hay.