“Es la misma bobada de siempre. Es una noticia patrocinada por brasileños que trabajan contra el país, ahuyentan inversiones y generan muchas dificultades económicas”. La cita corresponde a declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, refiriéndose a la deforestación en la Amazonia. Fueron hechas el 19 de noviembre, días después de haber participado en la Vigésimo Sexta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En la declaración –hecha en vivo a través de redes sociales– además afirmó: “Si la deforestación tuviera las proporciones que están diciendo, la Amazonia ya sería un desierto”.

Hace más de 20 años se está negociando un tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE). El 28 de junio de 2019 se culminó un “acuerdo en principio”, que, según relató la cancillería, “no tiene efectos jurídicos ni comerciales”. Todavía quedan “temas comerciales pendientes” y la “revisión legal y formal de los textos”. La información se obtuvo a partir de un pedido de informes del diputado del Partido Colorado Ope Pasquet.

Por su parte, el mandatario de la cartera, Francisco Bustillo, aseguró que hay “importantes dificultades para concretar la firma”, que “refieren a las sensibilidades de la contraparte en materia ambiental”. La UE busca colocar en el convenio “un aditivo” que “aún no ha presentado para el análisis del Mercosur”.

Islas Malvinas, Amazonia y TLC

Mientras se firmaba el acuerdo en 2019, los incendios asolaban la Amazonia. Pueblos y ecosistemas sufrieron las consecuencias de esta dañina forma de deforestación. Antes de hablar sobre las implicancias ambientales y los intereses de las alianzas es necesario un repaso sobre las diferentes posturas. Emmanuel Macron, presidente de Francia, manifestó en agosto de ese mismo año que Bolsonaro “mintió” sobre sus compromisos ambientales, según consignó el medio español La Vanguardia. A partir de ese momento se opuso a la firma del TLC entre el Mercosur y la UE.

Damián Rodríguez es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. José Antonio Sanahuja es director de la fundación Carolina, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y asesor para América Latina y el Caribe del alto representante de la UE en Asuntos Exteriores. Juntos escribieron el documento “El acuerdo Mercosur-Unión Europea: escenarios y opciones para la autonomía estratégica, la transformación productiva y la transformación social y ecológica”, publicado en junio de 2021.

En su trabajo, Rodríguez y Sanahuja recuerdan que después de la “agria disputa” entre Macron y Bolsonaro, en diciembre de 2019 el parlamento austríaco se pronunció en contra del acuerdo y en febrero de 2020 hizo lo propio el parlamento de Países Bajos; Bélgica, Irlanda y Polonia también anunciaron que no lo ratificarían. Los autores también reseñan que en agosto de 2020 la canciller de Alemania, Angela Merkel, tras reunirse con la activista de Fridays for Future Greta Thunberg y otros líderes ecologistas declaró “tener ‘serias dudas’ sobre el acuerdo, mostrando el cambio de posición de Alemania, hasta entonces favorable”. El recuento de rechazos prosigue: “El 6 de octubre de 2020, el pleno del Parlamento Europeo aprobó una enmienda a un informe general sobre política comercial de la UE, afirmando que el Acuerdo Mercosur-UE no podía ser ratificado ‘en su estado actual’”.

Al mismo tiempo, en el estudio se hace referencia a que la UE está apostando por una mayor “autonomía estratégica” y “promover un nuevo modelo económico con estándares ambientales más exigentes”. Rodríguez comentó a la diaria que en el caso de Francia, por ejemplo, “hay mucho proteccionismo encubierto”. “Dentro de la propia UE hay distintas posiciones. Una cosa es Francia, uno de los países cuya estructura productiva es bastante similar a la del Mercosur y, obviamente, compiten”, aclaró. De todas formas, en el trabajo también proponen que “no es aceptable apelar a legítimos argumentos ambientales con inconfesados propósitos proteccionistas, como hace Francia cuando impugna el acuerdo”, pero “que exista ese proteccionismo encubierto no significa que esas objeciones ambientales no sean válidas”.

En el trabajo de los especialistas se recuerda que 2019 fue un año de cambios para el Mercosur: Luis Lacalle Pou asumió la presidencia en Uruguay y Alberto Fernández hizo lo propio en Argentina. “Suscitó nuevas tensiones entre Uruguay y Argentina, y entre esta última y Brasil, que se extendieron a la relación con la UE”, explicaron. Uno de los ejemplos es que el gobierno de Lacalle Pou “no ha dejado de ejercer presión a favor del abandono del arancel externo común, en ocasiones alineado con Brasil”, y también presentó una propuesta de “apertura y flexibilización” que busca que los estados puedan negociar independientemente del bloque.

En el debate en el Mercosur también se dejó entrever cómo se vincula el TLC con otros pactos históricos. Jorge Neme, exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, planteó en junio de este año que el país que es “discutible” desde el punto de vista ambiental es Brasil. Sin embargo, agregó: “En relación con ese tema vamos a seguir las sensibilidades de Brasil, porque no creemos que el Amazonas sea un bien de la humanidad, como tampoco creemos que las Malvinas son un bien de la humanidad. Brasil tiene una política sobre el Amazonas y nosotros la respetamos como país socio. Brasil nos acompaña siempre en la política relativa a Malvinas y en eso colaboramos mutuamente”. Además, Neme dijo que la UE en materia ambiental tiene “una cantidad enorme de requisitos” que “ninguna empresa ni quiere ni desea completar”.

Definiciones

Damián Rodríguez explicó que el TLC entre el Mercosyr y la UE debe interpretarse en un contexto en que la UE pretende desarrollar su “autonomía estratégica”. “Teniendo en cuenta que la pandemia de covid-19 exacerba tendencias de desglobalización, las regiones están tendiendo a regionalizar la producción, a no depender de Estados Unidos o China”. En síntesis, esta autonomía estratégica busca “potenciar sectores como la industria”, para “no depender tanto de cadenas globales”.

“De plantearse la ratificación del acuerdo completo, se ha asumido ya que puede quedarse estancado en alguno de los parlamentos nacionales de los 27 estados miembro de la UE; también hay que recordar que, en el caso de Bélgica, se requiere el voto de las cámaras regionales, y algunas de ellas no son precisamente entusiastas de la apertura comercial”, aseguran los especialistas en el trabajo.

Sin embargo, Rodríguez destacó que la agenda por la “autonomía estratégica” se conjuga con “demandas medioambientales” vinculadas a una “transición económica digital y socioambiental” que tienda a “procesos de descarbonización”. “En lugares como Estados Unidos y la UE abogan por una transición hacia la electromovilidad. Hay que ver cuál es la contracara de descarbonizarnos e ir hacia una nueva forma de extracción de nuevos minerales. Por ejemplo, para los autos eléctricos necesitamos baterías de litio, y eso es extracción de litio en Bolivia o de hidrógeno verde en plataformas marítimas. Tiene una contracara esa economía verde que difunde el Grupo de los Verdes, que tiene muchísima fuerza en Europa”, señaló el investigador.

Principal beneficiado: el modelo del agronegocio

Natalia Carrau es licenciada en Ciencias Políticas e integrante de Redes - Amigos de la Tierra Uruguay y comentó a la diaria que el problema detrás del TLC entre el Mercosur y la UE es “el modelo que impone” de producción, consumo y desarrollo. “Es el agronegocio industrial extendido, de monocultivos, con un paquete tecnológico asociado con uso intensivo de agrotóxicos y transgénicos. Lo que se produce y se comercializa en realidad es materia prima con un bajísimo valor agregado y una bajísima generación de empleo”, expresó. Además, Carrau dijo que el empleo asociado a los sectores beneficiados está “fuertemente precarizado”, “sometido a condiciones de inseguridad” y “ausencia de salud laboral para los trabajadores y las trabajadoras”. “Se va a profundizar un modelo violador de derechos, con una serie de afectaciones a nivel de territorio, pérdida de biodiversidad y de personas”, agregó.

En el documento de Rodríguez y Sanahuja se recuerda que en diciembre de 2019 se presentó un informe encargado por el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo. Al respecto, los investigadores remarcan que en ese texto se “hace énfasis en las asimetrías económicas presentes en ambos bloques”, que “la entrada en vigor del acuerdo podría profundizar”. “El informe destaca que los sectores productivos que a priori más se beneficiarían del acuerdo serían los más competitivos: en el caso de la UE, el sector industrial, y en del Mercosur, el sector del agronegocio”. Francia también elaboró un informe que fundamentó su posición contraria al acuerdo; lo realizó Stefan Ambec, profesor de Economía Ambiental en Toulouse. Sin embargo, los especialistas remarcaron que “por parte del Mercosur no se conocen informes públicos que evalúen los impactos del acuerdo con la UE”.

La licenciada manifestó que gobiernos de la UE apoyaron instrumentar un protocolo ambiental que fuese “bilateral, unidireccional y con una mirada neocolonialista” que “hay que criticar y problematizar”. A su vez, definió que para la articulación de países europeos “el mundo es un mapa de operaciones geopolíticas, comerciales, de inversión”, en el que observan “qué es lo que pueden obtener, dónde y con qué condiciones”. “La UE siempre dijo que prefiere y privilegiará las negociaciones con regiones y la promoción de los procesos de integración regional. Hace más de diez años que la UE se olvidó completamente de esto, ha sufrido una neoliberalización de su política exterior y de su política comercial y ha adherido a los clásicos esquemas de TLC de los que veíamos siempre a Estados Unidos como el gran promotor”, expresó.

“Hay un problema en cómo pensamos el ambiente: lo pensamos disociado de las personas. No estamos hablando solamente de plantar un árbol y tener una huerta en casa: estamos hablando de los derechos de las personas que habitan esos territorios y que tienen sus medios de vida, que deben poder elegir cómo producir y estar en esa tierra. Tienen derecho a que no los expulsen, exterminen y fumiguen”, dijo Carrau, y destacó que la “idea de la naturaleza sin personas” es “la naturaleza del agronegocio”, en la que “hay maquinaria, todo es homogéneo, del mismo color, mismo tipo de producción”.

La concentración y extranjerización de la tierra en manos del agronegocio sería otra de las consecuencias de este TLC, según Carrau. “Es la lógica en que se mueven el capital transnacional en el territorio, los mecanismos de apropiación que este genera sobre los bienes comunes y los impactos que eso tiene en materia de biodiversidad, pero también en la justicia social”, indicó. Desde su perspectiva, en este punto se tendría que discutir “impuestos, propiedad de la tierra, la distribución de la tierra y su uso”. “¿Para qué y para quién es ese uso?”, inquirió.

A su vez, Carrau comentó que “se disocia” el capítulo comercial del capítulo ambiental, si bien aún no hay documentos definitivos, y agregó que “se los trata como compartimentos estancos, no conectados”, y “no se quieren mostrar” los impactos que trae el agronegocio “a partir de los compromisos asumidos en el acuerdo”. “Instrumentalizan la protección del ambiente para hacerla funcional a la lógica del mercado del libre comercio: si protegemos, podemos vender”, planteó.

Carrau dijo que: “Hay una letra muerta que dice que protegen, reafirman y promueven los grupos internacionales, pero es la parte blanda del acuerdo, no es problemática en la negociación porque es un saludo a la bandera. No se condice con la letra dura que genera tensiones: ¿Cuánto me vas a vender y que te doy yo? ¿qué arancel va a tener? ¿qué normativas voy a estar dispuesto a no promover y qué mecanismos de desarrollo voy a incorporar? Cuando se evalúan los impactos no se integran la materia comercial y ambiental. Es solamente una cuenta”.