La Intendencia de Canelones comenzó una iniciativa en el balneario Jaureguiberry para controlar 3.050 padrones. Según comentó a la diaria Rodrigo Amengual, director de Vivienda y Convivencia Ciudadana del departamento, los vecinos tendrán un plazo entre el 15 de enero y el 4 de febrero para enviar por vía electrónica “documentación vinculada a los permisos de construcción, movimiento de suelos y su vínculo con la tierra”. Señaló que la inspección en Jaureguiberry se enmarca en “una serie de acciones” para hacer un abordaje departamental, según las características particulares de cada lugar, que busca establecer “cifras y mediciones” basadas en información sobre “la generación de asentamientos irregulares” y “la irregularidad de algunos padrones o movimientos de suelos”.

Los controles en el balneario se realizaron el sábado 18 de diciembre e involucraron el trabajo de más de 100 personas. “Tenemos edificaciones muy cerca de la faja costera, en la faja costera y posibles situaciones de construcciones en espacios públicos”, apuntó Amengual. Destacó que con el procedimiento se “intenta mejorar el ordenamiento, planificar, generar acciones que permitan regularizar estas situaciones y el cuidado de los recursos naturales”. El director de Vivienda y Convivencia Ciudadana planteó que los vecinos de la zona les hicieron llegar una “serie de inquietudes y denuncias sobre el tema” .

Si bien deben esperar a procesar la información, algo que prevén que ocurrirá a partir de mediados de febrero, Amengual aseguró como primera impresión que la situación irregular en el balneario estaría más vinculada a la “especulación inmobiliaria y una serie de movimientos del suelo”. Puntualizó que en algunos casos no sólo se dan en la cercanía de la faja costera, sino también en las inmediaciones de “los bosques y los árboles que hay en la zona”.

“Hay una sensibilidad puesta sobre la emergencia habitacional de los sectores más vulnerables, pero también la necesidad de generar soluciones en todos los sectores: sectores medios que no pueden acceder a un alquiler” y otros que “no pueden lograr otros mecanismos de acceso a la vivienda”, manifestó.

“Agentes inmobiliarios por fuera de la legalidad”

Un año atrás, vecinos de Jaureguiberry comenzaron a denunciar “usurpaciones” donde podían observar “agrimensores delimitando predios que trabajan para gente que después los vende fraudulentamente”. Así lo cuenta Rafael Muniz, integrante de la Liga Fomento de Jaureguiberry, que definió a las “organizaciones” que llevan a cabo estos procedimientos como “agentes inmobiliarios por fuera de la legalidad” que “venden lo que no es de ellos”.

“Hemos padecido muchísimo este problema, no sólo con la propiedad privada, también se han apropiado de plazas públicas. Por suerte las hemos podido recuperar por ser espacios públicos”, expresó. A su vez, recordó que el balneario fue catalogado como “sustentable” por la Intendencia de Canelones, pero observan “una cantidad de lugares ecosistémicos relevantes” donde “vegetación nativa fue rellenada con ese afán de venta ilegal”. “De repente te encontrás muy cerca del arroyo Solís Grande, ya en las dunas de las playas, con postes, alambres y carteles de propiedad privada. Muchas veces generan conflictos entre vecinos”, dijo Muniz.

El diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté envió una exposición el año pasado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a Fiscalía de la Nación y a la Intendencia de Canelones planteando la situación. “Es una realidad compleja, muy distinta al resto de las ocupaciones que se dan en otras localidades del departamento. En el caso de Jaureguiberry son terrenos muy próximos al mar y los que ocupan son personas que se instalan rápidamente, hacen la base para poder instalar un contenedor y después construyen. Son personas que las ves con un poder económico importante, no son personas que tengan que acercarse allí porque no tienen otro lugar”, explicó, y aclaró: “Ojo, yo no estoy a favor de la ocupación, pero tampoco puedo desconocer esa realidad”.