En 2019 se creó la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (CNPA), que funciona dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Para presidirla, el actual gobierno designó a Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y exasesor de Ernesto Talvi cuando competía en la interna del Partido Colorado. Blasina fue también, en 2018, uno de los oradores en el acto organizado por Un Solo Uruguay, aunque dijo no pertenecer al movimiento. Es director y fundador de Blasina & Asociados, una de las principales consultoras de desarrollo de agronegocios del país.

En febrero del año pasado, la CNPA hizo público un documento preliminar del Plan Nacional de Producción de Bases Agroecológicas. Más de 100 participantes de la academia, organizaciones civiles y representantes del gobierno lo elaboraron durante cinco meses. Después que asumió el nuevo gobierno, la comisión estuvo seis meses sin presidente hasta que se designó a Blasina.

El ingeniero agrónomo envió en abril una carta a los integrantes de la comisión, en la que expresó que no apoyaba varios puntos incluidos en el documento preliminar. Manifestó que “si persisten, mi recomendación al ministro será que no lo avale”. También declaró que el gobierno “no terceriza la política agropecuaria a ninguna organización” y el encargado de “diseñar, implementar y evaluar todas las políticas agropecuarias de Uruguay, incluida la de agroecología”, es el MGAP.

Las organizaciones sociales integrantes de la CNPA mostraron su molestia con la carta. El martes 1º de junio la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) fue invitada a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. “Una de las cosas que vamos a explicar es que la visión del presidente de la comisión honoraria no es la misma que tuvieron los 130 legisladores que la aprobaron y promulgaron”, expresó Hugo Bértola, delegado en la CNPA por la RAU.

“No hay que discriminar a los agroexportadores”

Blasina declaró a la diaria que la carta fue enviada para establecer “pautas lógicas de trabajo” y decidió dejarlas por escrito para tener “un marco claro”. “Un plan de agroecología no puede discriminar a los exportadores, no puede hablar del neoliberalismo”, remarcó. Entiende que el Plan de Agroecología tiene que “centrarse en el agro”, en la “ecología” y en cómo “lograr una producción mejor”. Nuevamente remarcó que el plan presentado en 2020 no era “laico”.

Observa que el rol de las organizaciones civiles es “fundamental” y “está pautado por ley”, pero que por esta razón la CNPA “va un poco más despacio”. El ingeniero agrónomo dijo que el concepto de agroecología es “difícil de definir”.

Determinó que a la CNPA aún le queda “muchísimo tiempo por delante”. “Yo no me animaría a poner fechas, porque es un trabajo participativo y en tiempos de pandemia es dificultoso, engorroso llevarlo adelante”, indicó.

Funcionamiento “problemático”

“La gran dificultad que ha habido es que Blasina ha sido muy mal articulador”, manifestó a la diaria Pablo Galeano, licenciado en Bioquímica, investigador del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química de la Universidad de la República e integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, que participa en la CNPA.

Desde su perspectiva, la agroecología hace un “cuestionamiento al sistema agroalimentario dominante”. “Se está dando un proceso de cooptación del concepto de agroecología, tirándolo hacia lo que se llama agricultura inteligente, agricultura sostenible. Es ponerle enmiendas al sistema de agricultura industrial para que sea ambientalmente más sostenible. La agroecología no plantea eso”, añadió. A su vez, entiende que si la agricultura tradicional quiere hacer “sustitución de insumos” y “volverse más verde”, le parece fantástico, pero sostiene que eso “no es agroecología”.

Bértola entiende que el funcionamiento de la comisión es “problemático” porque se configuraron “dos visiones muy marcadas” sobre “la labor que tiene la comisión” y “la legitimidad del plan presentado en 2020”. “Se perdió la noción de que el presidente de la comisión tiene dos cargos diferentes: un cargo de asesor y consultor del ministro [Carlos] Uriarte y otro cargo otorgado por el ministerio para presidir la comisión”, afirmó. Lo que le molestó fue la consideración del documento como “un simple borrador”. Considera muy difícil poder conciliar visiones.

Definiciones

Agroecología y agricultura orgánica no son sinónimos. Esa es la premisa de Natalia Bajsa, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, también integrante de la RAU. “La agroecología es ciencia, porque hay investigación; práctica, porque son los productores que tienen el conocimiento; y movimiento social”, explicó. No es sólo una manera de producir, requiere un cambio en los parámetros de cómo se venden los alimentos y se consumen. Subrayó que este punto marca la diferencia con la agricultura orgánica, que se puede hacer a gran escala y mediante exportaciones. “Trasladar un alimento muchos kilómetros, venderlo a una gran empresa, ya no es agroecología”, agregó.

Otra forma es posible

“¿De qué hablamos cuando hablamos de agroecología?, se preguntó Galeano. Respondió que se busca desarrollar una “soberanía alimentaria a nivel país”, por la cual los actores que desarrollen los insumos sean “productores y productoras afincadas en el territorio”.

El bioquímico distinguió entre los conceptos “seguridad alimentaria” y “soberanía alimentaria”. “Seguridad alimentaria significa que la población tenga acceso a determinada cantidad de calorías diarias de alimentos; podés hacerlo con el sistema como está hoy”, explicó, y sumó que “hemos fallado con la estrategia porque cada vez hay más gente hambrienta en el mundo”. Explicó que “las grandes hambrunas” se dan en zonas campesinas, donde los agricultores “han quedado fuera del sistema de agricultura dominante” y “donde la fijación de precios está en manos de la agricultura industrial”.

En cambio, la soberanía alimentaria va un paso más allá. Trabaja la idea de que “los pueblos tengan el derecho a decidir cómo alimentarse y a gestionar sus sistemas de alimentación”. Galeano contó que en el PIT-CNT están formando un grupo para que actores sociales “más desvinculados del agro” y más “vinculados a lo urbano” empiecen a apropiarse del concepto. Lo ve como una “herramienta política importante”.

Bajsa también es integrante de la Asociación Barrial de Consumo (Asobaco). Sostiene que un consumidor puede elegir los productos agroecológicos por diferentes motivos, entre ellos la salud: “Son más saludables porque no contienen agroquímicos, son más frescos porque los compramos directo de los productores”. Hizo notar su apoyo a los productores que se relacionan con su organización y enfatizó en que eligen una forma de producción que “no contamina” y “no daña el ambiente”.

Cada dos semanas los productores agroecológicos informan sobre la disponibilidad de productos a los integrantes de Asobaco. Ellos hacen un pedido y se organizan para dirigirlos a una casa. Luego, cada integrante pasa a recoger sus productos. Bajsa agregó que “estás viendo a quién se le compra, por qué se le compra; los precios de repente no son los más económicos, pero se acuerdan directamente para que sean justos para las dos partes, el consumidor y el productor. Es otro vínculo”.

Las compras públicas como incentivo de la agroecología

Un informe presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado “Lineamientos y recomendaciones de políticas para el desarrollo de la Agroecología en Uruguay”, plantea que las compras públicas son una herramienta relevante y con capacidad de “incidir” sobre la promoción de sectores productivos y la reducción de las brechas socioeconómicas. Según el documento, elaborado por Federico Bizzozero, sólo 14 organizaciones cuentan con la habilitación tanto del Registro Único de Proveedores del Estado como del Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas. Ambos son necesarios para poder vender al Estado. Organizaciones de productores, integradas en su mayoría por agricultores familiares, entienden que ha sido difícil concretar su inscripción dentro de los registros.

Se suma que dentro de los ámbitos públicos existe desconocimiento sobre los requerimientos que corresponden a las figuras jurídicas de las cooperativas agrarias y las sociedades de fomento rural, según se detalla en el trabajo de Bizzozero. La situación se convierte en un círculo de ausencia de información accesible, porque los productores agroecológicos también desconocen el sistema de ventas mediante compras públicas. Esto produce que ni siquiera la consideren “un proceso alternativo”.

La investigación del PNUD recomienda establecer “mecanismos de contralor” y de “estímulo” para el cumplimiento de la Ley 19.929, que declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal. Se considera necesaria la prioridad de los productores agroecológicos dentro de las compras estatales, incluyendo una valoración especial a los grupos y organizaciones más vulnerables, con una perspectiva de género y generacional.

A su vez, se incentiva a diseñar capacitaciones en temáticas ambientales y alimentarias. Se apunta a que los consumidores “estimulen” a las instituciones públicas a adoptar la compra de productos familiares agroecológicos.

La certificación de la producción orgánica está regulada por el Decreto 557/008. En la investigación de Bizzozero se hace referencia a la necesidad de garantizar su cumplimiento. “Es fundamental la herramienta de contralor ya que se constatan diversos tipos de incumplimientos, como la rotulación indebida de productos que no son orgánicos”, manifiesta.

Destaca que no existen canales para formular denuncias, ni en sitios web, teléfonos u otros contactos. Tampoco se lleva a cabo una fiscalización en locales comerciales ni se informa al consumidor la “importancia” de la certificación, marca o logo que consume. El informe sostiene que existen fallas con respecto al acceso a la información: no hay una página web que permita conocer las normas de producción orgánica ni la lista de productos certificados.