El empresario David Castillo, directivo de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), fue condenado este lunes como coautor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2016, según informó el portal La Prensa.
Tras conocerse el fallo, el 3 de agosto se llevará a cabo una nueva audiencia para conocer la pena contra el empresario, que se espera sea de entre 25 y 30 años de cárcel, según dijo en rueda de prensa el vocero del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora.
Cáceres había ganado en 2015 el premio medioambiental Goldman a los líderes ambientalistas comunitarios, había fundado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y formaba parte de la comunidad lenca, uno de los nueve pueblos indígenas de Honduras.
La activista era una férrea opositora a la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que sería construida sobre el río Gualcarque, en el oeste del país centroamericano. DESA, la empresa que contaba con Castillo, militar retirado, entre sus directivos, había obtenido la concesión para el proyecto en 2009.
Según establece la ley hondureña, la comunidad lenca debería haber sido consultada sobre la instalación de esta represa antes de su instalación; sin embargo, esto no ocurrió. De hecho, esta comunidad se oponía al proyecto, ya que consideraban que pondría en peligro los recursos acuíferos y su forma de vida.
El 2 de marzo de 2016, mientras la activista dormía en su casa del municipio La Esperanza, dos hombres tiraron la puerta y efectuaron seis disparos, matando a Cáceres, de 44 años, e hiriendo al también ambientalista Gustavo Castro. La activista contaba con medidas cautelares proporcionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras las reiteradas amenazas de muerte que había recibido.
La condena a Castillo se suma a las de Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chaves y Sergio Rodríguez, este último ejecutivo de DESA, que en 2018 fueron sentenciados a 30 años de prisión como coautores del crimen.
Además, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres fueron condenados en 2019 a 34 años de prisión por su participación en el asesinato de Cáceres, y otras 16 personas fueron imputadas por intento de asesinato contra Castro.
El fallo del Tribunal de Sentencia contra Castillo se produjo luego de 45 días de audiencia y la presentación de 62 pruebas por parte de la familia de Cáceres para demostrar los vínculos del empresario y exmilitar con los autores materiales del crimen.
En declaraciones recogidas por el portal español Público, miembros del equipo legal del Copinh afirmaron que Castillo, “bajo órdenes de la familia Atala Zablah [dueña de DESA], coordinó con la estructura inferior de sicarios acciones de persecución, vigilancia y ataque que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres”.
Entre las pruebas presentadas se encuentra una serie de conversaciones telefónicas entre Castillo y Bustillo, en las que incluso se revela que hubo un primer intento de asesinato que no se pudo concretar.
El asesinato de Cáceres conmocionó a Honduras y a la comunidad ambientalista de todo el mundo, lo que motivó la conformación de un equipo de investigación integrado por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal local, con el apoyo de dos asesores estadounidenses.