“Innovación para la soberanía alimentaria” fue el nombre de la charla que organizó la Intendencia de Canelones el domingo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación. El referente de la comuna canaria, Yamandú Orsi, fue el encargado de conducirla, mientras que los exponentes invitados fueron Gustavo Grobocopatel, empresario e ingeniero agrónomo argentino radicado en Uruguay, también conocido como el “rey de la soja”; Germán Spangenberg, especialista en genómica vegetal, radicado en Australia; Mario Lubetkin, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y el expresidente José Mujica. La falta de mujeres y pequeños productores o productoras en el panel generó una rápida respuesta de colectivos socioambientales y ecofeministas.

“Cuando hablamos de soberanía alimentaria nos referimos al derecho de los países y sus pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos, que garanticen el derecho a la agricultura familiar, campesina, indígena y urbana y suburbana a continuar produciendo alimentos y del conjunto de la población a acceder a alimentos saludables en cantidades adecuadas”, plantea una carta firmada por Karin Nansen, coordinadora de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, y Graciela González, presidenta de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, enviada a Orsi. Allí señalan su “disconformidad y descontento por la referencia al principio de la soberanía alimentaria” de la actividad.

En la misiva aseguran que Gustavo Grobocopatel es “un ícono y fiel representante del agronegocio”, por lo que “encarna todo lo opuesto a la soberanía alimentaria”. A su vez, también destacan que organizaciones de agricultura familiar, pueblos originarios, junto con otros movimientos como el feminista, sindical y por la justicia ambiental “vienen denunciando hace muchos años los impactos del modelo del negocio que promueven empresas como el Grupo Los Grobo”, del que Grobocopatel forma parte. “Contaminación del agua, erosión de suelos, pérdidas de biodiversidad y contaminación del maíz criollo, afectación de ecosistemas, fumigaciones que afectan otros sistemas de producción y la salud de la población rural, concentración y extranjerización de la tierra, desplazamiento de la producción familiar, son algunos de los impactos registrados y denunciados, también investigados por nuestra Universidad de la República”, detallan las activistas.

Nansen y González recuerdan que para hablar de “cómo Canelones te alimenta, hay que hablar de la producción agropecuaria familiar”. A continuación, citaron datos del informe “Soberanía, ciudadanía e identidad”, realizado por la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia en el período 2015 a 2020. Allí se estableció que Canelones cuenta con “25% de las/os productoras/es familiares del país, de los cuales 90% cuenta con predios menores a 50 hectáreas”. “Estamos defendiendo el sentido y la propuesta de la agroecología de los intentos de cooptación que amenazan con socavar su dimensión social y política, así como negar al sujeto social que son las y los productoras y productores familiares. Siendo fieles a nuestro compromiso, tampoco podemos aceptar que se inicie un proceso de cooptación o tergiversación del principio y proyecto político de la soberanía alimentaria dando voz a agentes del agronegocio que, precisamente, atentan contra ella”, plantean.

Por otra parte, en la carta dijeron estar sorprendidas porque el departamento “supo recorrer un camino comprometido con la soberanía alimentaria a través de su programa Canelones de la Soberanía”. Su expectativa implica que el gobierno “reafirme su compromiso en esa línea, con políticas públicas que promuevan la producción agroecológica familiar de alimentos” y “se centren especialmente en las mujeres, jóvenes y sus derechos”. Sumaron que les interesa mantener diálogo con el jerarca de la Intendencia de Canelones sobre la temática.

¿No hay productoras o académicas?

“¿Podemos resolver los problemas de inseguridad alimentaria sin tener en cuenta a quienes producen la mayor cantidad de alimentos en el mundo? ¿Se puede hablar de resolver la desigualdad en el acceso a la alimentación y la mejora de la situación económica de quienes trabajan en la producción alimentaria sin considerar a pequeños productores y a las mujeres productoras de alimentos en particular?”, inquiere el colectivo ecofeminista Dafnias, en un comunicado emitido a raíz del conversatorio. Se apunta que la brecha de género en el acceso, control y titularidad de la tierra tiene “un impacto directo en el derecho a la alimentación”. Sin embargo, se recuerda que, a pesar de las limitaciones, “casi un 80% de la producción de alimentos en el mundo la realizan campesinos y pequeños productores familiares” y en América Latina, de los pequeños productores, “el 50% son mujeres”.

“En este evento no se invitó a ninguna mujer, ni a científicas, ni tampoco a productoras. Esta mirada sesgada y androcéntrica de la situación de inseguridad alimentaria y la transformación de sistemas agropecuarios para responder a la crisis climática y de biodiversidad limita las posibilidades de respuesta, innovación y diseño de políticas públicas para atender a problemas importantes que enfrentamos como país, región y mundo”, se denuncia en el comunicado. Suman que “la mirada de este panel de ingenieros agrónomos varones con intereses directamente relacionados con grandes corporaciones como Bioceres y visiones industriales de la producción agropecuaria, promueve la intensificación de la producción de alimentos genéticamente modificados en los que se usan fertilizantes y se produce a gran escala de monocultivos”.

Mencionan que durante la actividad se invisibilizó que el “modelo de producción agropecuario industrial basado en combustibles fósiles” es uno de los “responsables de la crisis climática y ambiental”, que causa “sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos”. Las integrantes del colectivo afirman que para pensar un futuro donde “se pone la vida en el centro” se requieren “estrategias para defender la tierra con justicia social, ambiental y de género”. “El problema del hambre y el acceso a la alimentación en el Uruguay no son por falta de conocimiento. Estos problemas tienen que ver con políticas de Estado que promueven la agroindustria y el monocultivo para la exportación sobre la producción familiar y de pequeños productores agroecológicos que utilizan métodos que son amigables con el ambiente, dan diversidad de alimentos inocuos y con mayor valor nutritivo”, finaliza el comunicado.