La historia de Colonia Cosmopolita, una localidad del departamento homónimo, sobrevive gracias al relato de sus vecinos y vecinas. En los últimos meses, uno de sus centros de reunión, la playa Los Piamonteses, se vio invadido. Pero antes de contar el problema, ellos y ellas recuerdan la importancia del nombre del lugar. A comienzos del siglo pasado, los habitantes intentaron que se lo llamara “La Pintoresca” e incluso se movilizaron para gestionar este trámite con la Intendencia, aunque no tuvieron éxito. “El nombre Los Piamonteses se lo puso la gente despectivamente. ¡Nosotros éramos los piamonteses, los canarios del campo!”, explican ‒ahora entre risas‒, porque pasaron décadas y lograron apropiarse, resignificar la denominación.
Las familias de Zully Román y Silvia Benech viven en Cosmopolita hace más de 100 años. “La playa era el lugar que teníamos todas las familias de la zona, queda cerquita de nuestros hogares. También viene mucha gente de otros lados, de Rosario, de Juan Lacaze, es como una playa familiar”, dice Silvia. Enseguida, ella misma se encarga de poner sobre la mesa la problemática que desembocó en la organización de más de 30 vecinos que lograron articularse mediante un grupo de información comunitaria: “Cuando empezamos a ver carteles de que se vendían los terrenos alrededor nos preguntamos quién los iba a comprar. Resulta que los vendieron y empezaron a poblar. El problema surgió cuando uno de los compradores alambró hasta contra el agua. Esto nos alertó, no estaba bien, no podía ser así”, narra.
Zully complementa con más información sobre la valla colocada en la playa. Primero vinieron los postes, después los alambrados que cortaban el paso a una calle vecinal que finaliza con un estacionamiento, tampoco podían acceder a un parrillero y, por supuesto, a la costa. “Todos quedamos sorprendidos, ya había algún propietario que había alambrado en otros lugares, pero lo habían hecho a 250 metros de la ribera”, plantea. A su compañera se le activa una catarata de recuerdos. Cuenta que en la zona hay tres instituciones que “siempre trabajaron juntas para mejorarla”: la Sociedad de Fomento Rural, la escuela y la Iglesia Valdense. Una de las acciones que llevó adelante la comunidad fue “abrir” la única calle que comunica a la playa a mediados del siglo pasado. “También se logró poner la luz eléctrica, el agua de OSE. Eran todas las mejoras para todos, no para beneficiar a nadie en particular”, reclama.
La playa es de todos y todas
“La señora del propietario nos decía: ‘Si interesa tanto la playa, los terrenos estaban en venta. ¿Por qué no los compraron ustedes?’. Yo le dije: ‘¿Para qué los vamos a comprar si vivimos ahí?’. Uno va cuando puede, cuando quiere y se vuelve a la casa para seguir con los trabajos”, indica Silvia. Cada lunes se reunían los vecinos y vecinas para ver qué podían hacer para quitar el cerco. Decidieron contratar a la abogada especialista en derecho ambiental, Carolina Neme. “Nadie sabe de leyes ni nada, si nos empezaban a apabullar con eso nadie sabría cómo defenderse. Estuvo muy discutido el contratar un abogado porque había gente que decía que no, porque ya había leyes y decretos. Pero a la vista está, se habló en la Junta Departamental, en el Ministerio [de Ambiente] y todos se pasaban la pelotita, nadie tomaba la decisión”, resalta.
El jueves 13 de mayo más de 20 vecinos estaban sentados en las gradas de la Junta Departamental de Colonia. Después de meses de reclamos, se aprobó una medida cautelar que prohíbe “construir, edificar, alambrar o delimitar de cualquier manera, en una faja de 150 metros de ancho medidos hacia el interior del territorio a partir de la línea superior de la ribera del Río de la Plata”. La aprobación de esta medida abarca “el arco costero comprendido desde el límite urbano este de la ciudad de Juan Lacaze (playa Charrúa) hasta la desembocadura del Río Rosario” y tendrá vigencia hasta que se apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Juan Lacaze, Cosmopolita y Paraje Minuano.
De todas formas, los vecinos y vecinas de Cosmopolita no piensan detenerse. El viernes pasado organizaron en el territorio la actividad “En defensa de la faja costera”, en la que participaron el abogado y máster en Derecho de Aguas por la Universidad de Granada José Sciandro, la arquitecta e investigadora del CURE Isabel Gadino, y la bióloga Lorena Rodríguez.
Peligro latente
Martin Avelino, director de Planificación y Ordenamiento Territorial de Colonia, dijo que “ya está constatada la infracción” y “va a haber una multa”. También dijo que “en la semana” se va a hablar con el propietario para que retire el cerco de la playa Los Piamonteses y si no lo hace las autoridades lo harán. Argumenta que la postura de la Intendencia es “no vulnerar el derecho de propiedad, que siga siendo del propietario” pero “que deje para uso los primeros 150 metros, estableciendo pautas de convivencia”.
Consultado sobre si existen antecedentes de este tipo de acciones en el departamento, respondió: “Siempre sobre la costa es un problema, se avanza, pero siempre hay construcciones que nosotros estamos tratando de evitar. Nunca hemos tenido algo que atacara estrictamente a una playa, siempre hay situaciones, pero no en una zona que mató a una localidad que ya no puede veranear. No es lo mismo que pongan alambres, por decirte algo, en Rosario, que es todo bosque, zonas de montes, que en una zona de playa. Esto fue como poner el cerco en medio de Punta del Este, es demasiado violento”.
Avelino apunta que la medida cautelar aprobada en la Junta Departamental sólo abarca “ese arco de playas” y no todo el departamento porque “en las otras zonas no hemos tenido problemas” y se buscó “fijar un antecedente en la zona”.
¿Caso único?
El Camino de la Balsa se encarga de conectar la localidad de Juan Lacaze con el balneario Artilleros. Recorre de forma paralela la costa y funge como el camino más cercano a ella en este sentido. Al transitar por él en búsqueda de una senda pública que permita bajar hacia la playa lo único que se pueden ver son carteles del estilo “propiedad privada, prohibido pasar”. Son siete kilómetros sin un camino público que permita acceder a la costa, según se puede medir en Google Earth.
Para el edil coloniense del Frente Amplio, Michael Skafar, “no hay un acceso democrático” a las playas del departamento y se da una “privatización de hecho”. Su bancada, previo al análisis del presupuesto en la Junta Departamental, transitó la costa para ver “los puntos que estaban bloqueados” e “incorporar acciones concretas” para modificar la situación, pero, según cuenta, no tuvo éxito. La situación del Camino de la Balsa fue una de las denunciadas.
La diaria recorrió el camino. En una de las entradas se puede observar una portera ubicada en medio de muros de piedra y un camino que lleva a la costa rioplatense. Unos metros antes, se encontraban los hermanos Adrián y Carlos Ramírez, pescadores en la zona desde hace más de 40 años. “Dicen que es propiedad privada, pero hasta que no hagan las viviendas podemos pasar. Dicen que van a hacer viviendas en todo este predio, por eso limpiaron todo. Hasta ahora no han hecho nada. Por el portón grande podés ir hasta la costa, después la van a cerrar, pero no pueden... La gente se viene a bañar y pescar acá, si le cierran el portón no los van a dejar pasar. No la pueden cerrar la costa, tienen que dar un pase a la gente que quiera. Esto se llena, ¡en verano no sabés lo que es!”, cuentan. Al andar por el camino, en el fondo, se observa un contenedor ubicado a unos metros del curso de agua.
En otra de las sendas privadas que bajan desde el Camino de la Balsa está Eduardo Perdomo, productor, ingeniero agrónomo y propietario de uno de los terrenos que se encuentra dentro de los siete kilómetros donde no hay una calle pública hacia el Río de la Plata. “No sé cuál es la forma de facilitar el acceso a la playa. La costa pertenece al Estado, este campo no llega a la playa. Accesos desde acá hasta Juan Lacaze no sé si hay alguno formalizado”, admite. Expresa que “como hay un portón en la entrada”, muchas personas “suponen que se puede entrar” a su predio. Al ingresar, se observa un cartel que dice “propiedad privada” y un alambrado electrificado. “No sé si hay algún camino en otro lado, donde estamos acá, no. Es una senda de paso a una arenera que ha sido explotada unos cuantos años, una salida que está mensurada por un agrimensor pero que pertenece a una propiedad privada”, finaliza.
Una situación similar tiene lugar entre la playa El Ensueño y Puerto Platero, donde por 2,7 kilómetros ‒distancia también medida con la herramienta Google Earth‒ no existe un camino para poder llegar a la costa. Skafar asegura ‒y también muestra con otros ejemplos a lo largo de la costa del departamento‒ que otras sendas están cerradas por privados, no están mantenidas y no logran cumplir su cometido.
Cerrar caminos públicos
Sobre la situación en Camino de la Balsa, Avelino manifiesta que en la zona “hay fraccionamientos que son posteriores a la ley y ya se aplican los 150 metros y han sido incumplidos”. Dijo que se está “investigando para aplicar la norma”. Por otro lado, admite que “hubo un cerramiento de caminos públicos” y que se están tomando medidas “para poder abrir esas calles” que “ya fueron marcadas”. “En Rosario hay tres o cuatro entradas más que se hacen, pero claro, la maleza y el poco uso… La idea es llegar a abrir esas calles verticales a la playa, pero no muchas tampoco; hacer uno o dos accesos fundamentales, pero tampoco atravesar el sistema dunar en varias zonas porque lo afecta enormemente”.
Soja cerca de barrancos, pescadores en problemas
“¡Mirá hasta dónde llegó la agricultura! Venimos acá dentro de unos años y esto no está más. Tenemos dos metros entre la tierra arada y el barranco. Se lo está comiendo y hay un árbol caído”, dice el edil mientras señala que, por la calle Solís ‒cerca de las Barrancas de San Pedro‒, hay una plantación de soja. Del otro lado de la barranca que hace mención se encuentra la playa. “Pasaron con una máquina picando, había una barrera de contención. La soja estaba allá, donde está quemado con glifosato”, apunta. Las fumigaciones con herbicidas dejan el típico color amarillento en los pastizales y por esta razón afirma el último punto. Además, Skafar es ingeniero agrónomo y conoce sobre el tema.
La resolución 129/008 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prohibió la aplicación aérea de agroquímicos en todo tipo de cultivo a una distancia “inferior a los 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos, cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)”. A su vez, lo mismo sucede con las aplicaciones terrestres, pero a una distancia “inferior a diez metros” de los cursos de agua.
Unos kilómetros después de donde estaban estas plantaciones se llega a las Barrancas de San Pedro, donde existe un camino que permite bajar a la costa. El sol está cayendo y un grupo de cuatro pescadores está terminando su jornada. Yunselin Antúnez es uno de ellos, dice que hace 20 años se “hizo en la profesión” y espera que su hija siga el mismo camino, aunque “tiene que estudiar primero”. Al igual que los hermanos Ramírez, afirma que es difícil poder llegar al Río de la Plata. “El problema es con los terratenientes de mucho campo que tienen problemas con los pescadores. Vos podés pescar en la costa, pero no te dejan pasar. Han cerrado hasta las calles”, asegura. Le ha pasado de estar en la arena y que un propietario se acerque a caballo y lo “quiera correr”.
Enfatiza que desde hace un par de años “la cosa viene mal” para la pesca, pero no sólo en Colonia. “Es un disparate. Nosotros salíamos acá y traíamos pescado todos los días, ahora tenemos que entrar cada tres o cuatro porque no hay. Yo digo que son los químicos de los campos, hay algo que está mal”, afirma, y agrega mientras señala otros cultivos: “Todos los desagües que hay ahí son de soja, todo va para el agua. Llueve y todo lo que aplicaron va al Río de la Plata”.
No esperar por privados
Skafar manifiesta que la Intendencia “no prioriza” las dificultades de los vecinos para acceder a la costa y, por otro lado, “mantienen situaciones estancadas hasta que aparezca un privado con un proyecto maravilloso, que genera especulación inmobiliaria”. “Un privado ve lo que vemos nosotros, los paisajes, deberían verlo los gobernantes. Yo a la Intendencia de Colonia siempre la llamé inmobiliaria; los principales operadores inmobiliarios están vinculados a ella”, comenta.
Cita de ejemplo a Napoleón Gardiol, anterior director de Planificación y Ordenamiento Territorial y dueño de la empresa Gardiol e Hijos. Según su página de Facebook, las principales áreas de negocio de la empresa son la “ventas y administraciones inmobiliarias”, “remates de bienes muebles e inmuebles”, “tasaciones”, “ferias ganaderas”, “arrendamiento de campos”, “administración de estancias” y “comercio exterior”. Gardiol también se desempeñó como intendente interino de Colonia durante 10 meses en 2020, después de que Carlos Moreira renunciara para competir por su reelección en el cargo.
“No se preocupan de que haya ni un acceso democrático a la costa, ni de generar un desarrollo turístico más armónico. No hay que esperar que venga un privado a proponer y que la Intendencia se adapte al negocio. Hay que tener la iniciativa, poder conversar con pequeños inversores”, reclama el edil frenteamplista.
¿Protección del ambiente o manipulación de inmobiliarias?
El empresario argentino Eduardo Bastitta, junto con su padre, Carlos Bastitta, y el estudio Gómez Platero presentaron en octubre de 2020 el proyecto “Colonia Ala Este”, también conocido como +Colonia. ¿Qué buscan? Según el proyecto que enviaron a la Intendencia, su objetivo es crear “una comunidad abierta que plantea una nueva relación entre la naturaleza y la ciudad, basada en la sustentabilidad ambiental, las energías renovables y el respeto por el paisaje del Río de la Plata”. En forma resumida, lo definen como “un eco-barrio que se adapta al medioambiente y a los objetivos de desarrollo sostenible”.
Se crearían “supermanzanas” y las describen como “trazados urbanos que permiten concentrar la circulación del automóvil en grandes macromanzanas de 300x300 metros, dejando las vías interiores para el uso de los residentes, el comercio, el esparcimiento y autorizando únicamente el desplazamiento automotor de muy baja velocidad”.
¿Dónde tendría lugar? La familia Bastitta es propietaria de 511 hectáreas de superficie en el departamento, de las cuales siete kilómetros se encuentran frente a la costa. En una primera etapa se proponen abarcar 200 hectáreas ubicadas “entre el límite oeste de los predios 8821 y 8819 y Cantera de Ferrando, hasta el camino de ingreso a la Playa del Calabrés, incorporando la desembocadura del Arroyo la Caballada en el Río de la Plata”.
Si bien el componente “sustentable” es predominante en la idea presentada, también hacen hincapié en otros puntos. En el período de 20 a 30 años afirman que van a conseguir: 30.000 nuevos residentes en la nueva ciudad, 100 empresas de TICs, de 7.000 a 8.000 nuevas viviendas, cinco nuevos colegios, un centro médico, 12.000 puestos en servicio, logística, comercio, transporte, hotelería, 6.000 puestos de trabajo en el sector TICs, entre otros puntos.
El proyecto fue aprobado en abril con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado.
Más fraccionamientos, más ventas
El megaproyecto no está exento de críticas. Por ejemplo, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) envió en 2021 una carta a la Junta Departamental donde plantean varios peligros del proyecto +Colonia. Por ejemplo, los impulsores del proyecto lograron recategorizar los predios como “suburbanos de actividades turísticas y residenciales” y para los arquitectos el procedimiento se realizó “a demanda del propietario y evadiendo procedimientos garantistas contenidos en la Ley 18.308”. “En este caso particular, el proyecto ha disparado la modificación de la subcategoría y no a la inversa”, sentencian y agregan que: “No hay instrumento que habilite la propuesta urbana y edilicia del propietario”.
¿Qué implica la recategorización del suelo? La SAU explica que se “habilita al propietario a un mayor fraccionamiento” pero “sin asegurar la relación de dicha operación inmobiliaria con el proyecto presentado”. Por esta razón, podría traerle beneficios en ventas.
¿Y la comunidad?
Juan Arellano, arquitecto local e integrante la SAU, habló con la diaria, aunque aclara que sus apreciaciones sobre +Colonia las realiza de forma personal. Comienza con la pregunta: “¿Dónde está la participación? ¿Qué sustentabilidad puede haber en un proceso que saca a los actores locales?”. Él no se define como “contrario” al proyecto, pero sí piensa que “tendrían que profundizar bastante más en el tema de estudios, información y participación”. Establece que el proceso está “lleno de incertidumbre” y que no es único, porque en la costa del país están comenzando a presentarse este tipo de expresiones urbanísticas.
“Hay una disposición muy buena porque el expediente ha sido público, ha estado accesible. Pero solo la información, nunca la participación. Es un modelo claro tanto en los desarrollistas, como en las autoridades de turno: informar sin dejar muchas puertas abiertas, más bien ninguna. A la vista hay un folleto hermosísimo”, resalta. Y como es un folleto de ventas, afirma que los puntos vinculados a la protección del ambiente “son palabras que se las lleva el viento”. “Le cedemos a la comunidad o la Intendencia determinados predios y ves cuáles son y justo son inundables, o te hablan de los 150 metros de faja costera como si eso fuera un premio, cuando en realidad es una obligación”, manifiesta.
Arellano cataloga al proyecto como un barrio privado. “En definitiva, vos tenés macromanzanas, con pocas vías de acceso, donde fácilmente podés colocar vallas. Está la prueba en la ciudad con los fraccionamientos hacia el norte, lo que vendría a ser el barrio Sheraton. Tiene una caseta y una portera. Si vas, tenés que explicar por qué lo hacés. ¿Eso no es un barrio privado? Otro sector del Sheraton no tiene la posibilidad de valla porque no es padrón único, pero también tiene caseta, tiene guardia de seguridad. ¿Eso no es privatizar el territorio?”, inquiere. A su vez, suma que +Colonia tendría más de una entrada, pero que “tampoco sería tan fácil acceder” a las macromanzanas, que serían privadas. “Lo ambiental desde dónde, ¿no? Están ocultando segregación”, resalta.
El arquitecto afirma que con el proyecto “se corre el peligro” de que se repita una situación similar a la que tuvo lugar en la playa Los Piamonteses. “En la faja costera de Colonia, y me refiero al departamento, siempre ha estado latente, se ha dado. Al oeste, en la zona de las Barrancas de San Pedro, siempre aparece algún propietario que entiende que la playa es de él”, subraya.