Este lunes fue el último día para enviar comentarios al Ministerio de Ambiente sobre el proyecto que presentó un conglomerado de privados que busca construir 29 edificios en la emblemática punta rocosa de Punta Ballena. Organizaciones sociales, académicos y vecinos se han movilizado para hacer notar su rechazo a la iniciativa desde que cobró estado público. Uno de sus principales argumentos consiste en los daños ambientales que podría causar este avance inmobiliario.
En este contexto, un grupo de 20 investigadores e investigadoras de la Universidad de la República, en concreto de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Este, emitieron un informe que tiene como objetivo “destacar la diversidad vegetal presente en la zona” y “poner de manifiesto las consecuencias irreversibles que implicaría” permitir que el proyecto continúe. El documento –que se ampara en una larga lista de relevamientos y publicaciones– puede funcionar como insumo para que la cartera ambiental rechace la iniciativa.
“El desarrollo del complejo residencial atenta contra la diversidad biológica del lugar, supone la pérdida de un paisaje vegetal único en el país, implica la pérdida irreversible de numerosas especies que allí se desarrollan (siendo muchas de ellas endemismos regionales, nacionales y/o locales de Punta Ballena y categorizadas como especies de interés para la conservación) y llevaría a la probable extinción de una especie y una variedad, que hasta el momento se conocen solamente en Punta Ballena”, lamentan los científicos y científicas. Enseguida, agregan que se trata de un sitio que presenta una vegetación y flora “equiparable a la que ocurre en ambientes serranos de altura”. Hasta el momento se han relevado 427 especies de plantas y explican que “si este número se compara con la flora total del país, que asciende a 3.030 especies, se puede estimar que la flora de Punta Ballena corresponde a aproximadamente un 14% de la flora total del país”. Por esta razón, el lugar es considerado como un punto caliente –es decir, que se da una gran concentración– de biodiversidad.
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Punta Ballena, el 9 de diciembre de 2023.
Foto: Virginia Martínez Díaz
Vulneración de tratados internacionales
Los investigadores recuerdan en el informe que Uruguay ha asumido compromisos internacionales y jurídicamente vinculantes que buscan salvaguardar la biodiversidad. Sin ir más lejos, uno de ellos es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que promueve “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”. También mencionan el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se establece que los Estados deberán aplicar el “criterio de precaución” para proteger el ambiente. “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”, dice la normativa.
Los autores y autoras del manifiesto enfatizan que la iniciativa privada “generará un daño grave e irreversible en lo que respecta a la biodiversidad del lugar”, que existe “información científica robusta sobre la diversidad vegetal de Punta Ballena” y, de aprobarse el proyecto, se estaría actuando en “contraposición” a los acuerdos internacionales. “Esto se exacerba si además se tiene en cuenta que Punta Ballena se ubica en la franja costera, la cual está especialmente expuesta a eventos extremos y al aumento del nivel medio del mar como consecuencia del cambio climático”, describen.
Señalan que incluso en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se proponen medidas como “reducir la vulnerabilidad del ambiente construido ante el aumento del nivel del mar”; “monitorear y mantener el funcionamiento y la salud de los ecosistemas costeros”; “adaptarse a la variabilidad y el cambio climático minimizando el daño al ambiente natural y la pérdida del acceso público”, entre otros puntos. Asimismo, hacen referencia al Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. “Consideramos que tener en cuenta los aportes de este documento, así como las múltiples manifestaciones ciudadanas recientes, estaría en sintonía con los puntos mencionados”, expresan.
Implicancias del proyecto: contaminación, depredación y destrucción
A lo largo del informe, los académicos y académicas resaltan las vulnerabilidades técnicas del Informe Ambiental Resumen (IAR) que presentaron los privados a la autoridad ambiental con el fin de obtener la autorización para llevar adelante el proyecto. Por ejemplo, explican que si bien “se prevé dejar dos miradores de uso público y mantener el extremo de la punta rocosa, estos cambios comprometen la viabilidad de las numerosas especies endémicas y de interés para la conservación que allí se desarrollan y la preservación de este único ensamblaje vegetal en el tiempo”. La razón radica en que “la mayor parte de la diversidad vegetal presente se desarrolla en las áreas en las que se proyecta la construcción de edificios”. A su vez, “de las áreas que se destinarían para uso público, la mayor superficie representa un estacionamiento”, por lo que no se podría “garantizar la conservación”.
También expresan que los privados realizaron una “delimitación incorrecta de las zonas a conservar”. Entienden que en el IAR se “subestima el estado de conservación del lugar y propone una distribución de áreas prioritarias para la conservación que deja por fuera sitios con gran diversidad y abundancia de especies de interés”. Por otra parte, son críticos con las medidas de “mitigación” elaboradas por los privados. Los investigadores e investigadoras se encargaron de analizarlas caso a caso en el documento y concluyeron que presentan “numerosos errores, vacíos de información e imprecisiones técnicas”.
Un ejemplo es el “rescate” de especies vegetales, basado en el trasplante de ejemplares y la realización de un banco de semillas. “Se deja en evidencia la falta de conocimiento sobre la biología, características particulares y adaptaciones que presentan las especies de este lugar”, afirman tajantes. Describen que este tipo de medidas “implica rescatar poblaciones viables, no un reducido número de individuos”. Dicen que “una población viable requiere de un hábitat suficiente en extensión y en calidad para poder desarrollarse y de mantener tasas reproductivas suficientes para garantizar su permanencia en el tiempo. Existen interacciones entre especies, aún no estudiadas al detalle, que pueden influir en su desarrollo y reproducción. De no ser consideradas y extrayendo las especies por separado se puede poner en riesgo su supervivencia. La extracción de las especies que crecen en las grietas y/o sobre rocas es inviable debido a la imposibilidad de extraerlas incluyendo su complejo sistema de raíces y estructuras subterráneas”. La lista de razones por la que es incompatible preservar el lugar y llevar adelante el proyecto continúa, pero es innegable que existe un tesoro bajo nuestros pies en Punta Ballena y que aún queda mucha investigación por hacer para poder comprenderlo a cabalidad.
Sin embargo, por si fuera poco, los investigadores indican que los medios propuestos por los privados para el mantenimiento de las especies fuera de su sitio natural son “sumamente vagos”. “Este tipo de actividades, a nivel mundial, son llevadas a cabo por personal especializado en instituciones de larga trayectoria como jardines botánicos o centros de investigación. Requieren de equipamientos especiales para el mantenimiento de la humedad y la temperatura específica tanto para el seguimiento de los cultivos como para el mantenimiento de germoplasma en forma de semillas [...]. El IAR propone sitios indeterminados, con equipamiento poco preciso, mantenido por especialistas de los cuales no especifica su formación y habla inclusive de disponer contenedores de semillas ‘suspendidas en el aire mediante cabos atados al techo’ para que no acumulen humedad’”, manifiestan, trasladando la indignación. A su vez, destacan que “no existen antecedentes de restauración exitosa de flora a nivel nacional en la escala propuesta, mucho menos tratándose de comunidades tan particulares como las que existen en Punta Ballena”.
“Creemos que las medidas [de mitigación de los impactos de la iniciativa] propuestas son, en su conjunto, francamente inadecuadas e insuficientes para restaurar la vegetación del sitio y que la conservación de la vegetación de Punta Ballena no es compatible con el desarrollo de este tipo de proyectos urbanísticos. El IAR relativiza el impacto real de los procesos involucrados en una obra de esta magnitud y apuesta a su capacidad para remediar los impactos negativos que esta generará, capacidad para la cual no se cuenta con evidencia científica sólida que la respalde. Consideramos que los efectos acumulativos de la obra implicarán una pérdida total de la vegetación y que todas las medidas propuestas serán incapaces de evitar la pérdida de la diversidad vegetal del sitio. Dada la relevancia florística del lugar, consideramos que este proyecto urbanístico es inaceptable ya que provocará contaminación, depredación y destrucción del ambiente natural de Punta Ballena”, finalizan los 20 investigadores e investigadoras.