En junio de 2023, la Intendencia de Rocha inauguró en Costa Azul una obra construida sobre la faja de defensa de costas que tiene por objetivo impedir que el avance del mar dañe casas y un hotel ubicados en la primera línea de infraestructuras cercanas a la playa. Se trata de una especie de muro –creado a partir de arena y colocación de piedras– que tiene un despliegue de 1.000 metros –unas 10 cuadras– y fue definido como “la primera obra contra el cambio climático” realizada en nuestro país. Sin embargo, fue generadora de un conflicto socioambiental que perdura hasta la actualidad. Un sector de pobladores organizados del balneario denunció en su momento que, como consecuencia de la infraestructura, no tenían acceso a la costa, que privados colocaron cercos para generar playas privadas y que no se convocaron instancias de participación para discutir la obra, tal como lo determina el Acuerdo de Escazú. Parte de estos problemas aún persisten.
Frente a este panorama, vecinos y vecinas solicitaron al Centro Universitario Regional Este (CURE) de Rocha una “opinión técnica sobre los impactos ambientales y socioeconómicos que tiene y tendrá la obra mencionada y sobre cuáles serían las vías para disminuirlos”. Daniel de Álava y Leandro Bergamino, investigadores del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos, fueron los encargados de elaborar el informe, al que accedió la diaria, que se encarga de brindar respuestas. Cabe resaltar que, en 2020, los autores habían alertado a las autoridades del Ministerio de Ambiente sobre la degradación de esta zona en un documento donde se compiló información de la dinámica y funcionamiento del sistema costero en el arco de playa La Aguada-La Pedrera. Sin embargo, tal como adelanta De Álava, la obra inaugurada hace siete meses “no tiene como fin proteger la costa, sino proteger bienes, propiedades, infraestructuras”.
Impactos acumulados
Los autores explican en el documento que las playas arenosas representan “sistemas de interfase entre el mar, los continentes, sus vías de drenaje y la atmósfera”. Esta interfase es denominada como “zona litoral activa”, que se trata de un ecosistema “estructurado y modelado por la acción del mar y el viento”. Describen que, a partir del siglo pasado, la unidad comenzó a experimentar “una serie de presiones y disturbios por diversas interacciones humanas que se han incrementado e intensificado, acoplándose a los procesos y tendencias naturales de su evolución en cada región del planeta”. En el caso de Costa Azul, algunos ejemplos de presiones son la urbanización, el desarrollo de infraestructuras portuarias e industriales –como el puerto de La Paloma– y la fijación de dunas móviles por el avance de la forestación. Subrayan que, como resultado, se genera endurecimiento costero, daños en infraestructuras, erosión de dunas y playas, degradación de la calidad de las aguas e impactos en los ecosistemas.
A su vez, en el balneario detectaron la “casi nulidad de disponibilidad de arenas desde los sistemas dunares fijados” y la “pérdida eólica por el truncamiento del transporte de arenas desde las antiguas fuentes (dunas móviles actualmente fijadas)”.
“Para la zona costera de estudio, puede reconocerse un caso de erosión aguda-crónica hasta tanto se alcance un nuevo estado de equilibrio dinámico si lo hubiere, ya que la urbanización actualmente ocupa parte del espacio requerido para el reajuste”, indican los autores en el documento. Enseguida, relatan que los primeros daños sobre las construcciones comenzaron a manifestarse sobre finales de 1980. Y, como respuesta, “los propietarios de las viviendas construyeron estructuras de protección no disipativas contra el oleaje, lo que incrementó el impacto”. Muros, terraplenes de grandes bloques de piedra, bolsas de arena e incluso desechos como cubiertas de vehículos o escombros buscaban frenar el oleaje –y, en paralelo, aceleraron la erosión en la playa–. “Por este motivo, en el período de un año (1994), en algunos sectores de la zona de Costa Azul se observó un descenso del perfil de playa con un valor medio de 1,20 metros. Los incrementos de escorrentías pluviales producto de la densificación urbana ampliaron este impacto y en adelante –en condiciones de incremento y de mayor intensidad de lluvias–, constituirá uno de los impactos de mayor jerarquía”, indican. Parece que las infraestructuras en la faja costera que buscan frenar al mar tienen una larga historia en el territorio.
La obra genera más daños al ecosistema
“Los sistemas son dinámicos y la dinámica natural hay que dejarla comportarse como tal. De otra forma, llegaremos a un colapso, como se está llegando en Costa Azul por múltiples impactos. El sistema está intervenido hace mucho tiempo, no empezó ahora, pero la obra [de la Intendencia de Rocha] acelera mucho más la erosión. Hay un proceso de suba del nivel del mar que se está dando y si tú no dejas que las playas tengan capacidad de adaptación, generás que día a día sean más estrechas. La ola tiene dos etapas: alimenta a la playa y roba arena. Al tener las piedras, la interacción es mucho más frecuente. La ola llega y no tiene dónde aportar arena, vuelve y cada vez roba más arena”, manifiesta a la diaria Bergamino.
El científico insiste en que la playa tiene que ser vista como un ecosistema. “Es una unidad, no puedo cortar una de sus partes porque dependo del vínculo, de la uniones, de ese sistema que tiene propiedades emergentes y que van más allá de la unión de sus partes. Si amputas una duna, el sistema no va a funcionar, salvo que la postura de los tomadores de decisión sea defender el espacio público”, resalta. Más adelante contaremos las recomendaciones de medidas que plantean en el documento, pero su colega De Álava menciona que la problemática de fondo está vinculada a la visión que se tiene sobre la costa. Enfatiza que un sector de la población la considera como “un bien de consumo”, mientras que otro sector la contempla como un “bien patrimonial, un bien público”. También remarcó que la playa no es sólo la arena, son sus olores, las especies que la componen, sus sonidos.
Costa Azul, Rocha.
Foto: Vecinos en Defensa de Nuestra Playa
Indica que la obra ha traído impactos negativos visibles a simple vista, pero también muestra preocupación por los impactos que puedan estar teniendo lugar más abajo. Y continúa enumerando problemas: “Todo lo que es la parte hidráulica de los escurrimientos cambió. Ya no se tiene una duna de arena, que es como una esponja, donde hay napas que circulan, absorben, filtran agua”. Bergamino complementa: “Imaginate que en la playa tenés tres zonas. Una zona totalmente sumergida, otra zona intermitentemente sumergida y, por último, otra zona no sumergida. Tenés especies particulares en cada una. Al suprimir un hábitat, suprimís especies. Cambiaste totalmente el flujo de la energía y de materia que hay en el sistema. Por lo tanto, cambiaste la biota”.
Un punto de inflexión
Los autores recuerdan en el documento que el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) determinó que los impactos por el aumento del nivel del mar son “factibles de evitarse desestimulando el desarrollo urbano costero, principalmente en la zona litoral activa”. “Si bien para las urbanizaciones costeras existentes hay opciones de adaptación a corto plazo, solamente manteniendo zonas sin infraestructuras para readecuación de la zona litoral activa y/o su reubicación, se posibilitará evitar los riesgos por impactos negativos en la costa en las próximas décadas. El IPCC remarca que otro tipo de medidas retrasan los impactos durante cierto tiempo, pero tienen un ‘riesgo residual’ creciente, además de propiciar efectos heredados continuos, junto con pérdidas de propiedades y ecosistemas”, subrayan.
Más adelante, agregan que “si se considera que el turismo de sol y playa es una actividad importante para el país, se deben evaluar –en las cuentas económicas– las prioridades en cuanto a necesidades para una calidad de vida digna de las poblaciones que habitan ese comprometido territorio”. “La extensión de la costa de Uruguay sobre el Río de la Plata y océano Atlántico no alcanza los 700 kilómetros. Actualmente se encuentra en un punto de inflexión muy importante, habiendo conflicto de intereses entre privados –mayormente con visiones y proyectos de corto plazo– y administraciones públicas con insuficiencia en todos los niveles para una adecuada gestión. Esto redunda en que predomine la dimensión económica de corto plazo por sobre el interés genuino de uso de sus poblaciones a escala local”, señalan.
Por otro lado, De Álava y Bergamino reconocen que el espacio costero del país “tiene un extenso y complejo sistema de normas” pero “su aplicación parcial y/o sesgada deja al patrimonio público costero en una situación muy vulnerable y que es visible en el gran número de conflictos de interés que existen actualmente”. Sostienen que es importante generar ámbitos de análisis y discusión de las problemáticas, donde se unan diferentes disciplinas y saberes tanto a escala institucional como también local.
Las recomendaciones
Antes de detallar las recomendaciones, Bergamino hace una aclaración: “Es muy difícil extrapolar soluciones de otros países y lugares. Cada playa es única en sí misma, no hay réplicas. Se tienen que considerar características propias de la ola, del tamaño del grano de arena, de su ancho. No se pueden traer soluciones mágicas de otros países, ni tampoco soluciones que vengan de supermodelos numéricos sin considerar un comportamiento o dinámica del sitio”.
En el documento destacan que es de suma importancia evitar acciones que conlleven al endurecimiento de la costa, “ya que implicará onerosos costes”, “además de la pérdida irreversible de su valor patrimonial desde el punto de vista social y ecológico”. Entienden que las recomendaciones a mediano y largo plazo implican una “gestión coordinada entre instituciones y las poblaciones costeras”. Dentro de ellas, se incluye la “capacitación del público en general y técnicos de las instituciones departamentales”; el “desarrollo de programas específicos como, por ejemplo, de educación ambiental, manejo del patrimonio costero, manejo de dispositivos y técnicas de conservación de playas, entre otros”. A su vez, indican que “previo a realizar cualquier acción se realice un estudio de impacto ambiental”. También recomiendan evaluar las posibilidades de una “retirada estratégica” para “regenerar las características propias de la zona litoral activa”. “Por ejemplo, analizar la relocalización de viviendas de la zona afectada, en función de un análisis de valoración de riesgo por degradación y pérdida de la zona de playa, además de considerar que es necesario un estudio en detalle del parcelamiento existente, que necesita un análisis desde el punto de vista de ordenamiento territorial”, describen.
Los investigadores en el documento también realizan recomendaciones inmediatas, que son “acciones económicas, de fácil implementación y que tienen la característica de involucrar positivamente a visitantes y poblaciones costeras en la problemática, mejorando los procesos de participación en la búsqueda de soluciones”. Una consiste en la colocación de “dispositivos de disipación de la energía de oleaje y retención de arena”. Otra se trata del manejo de micro-cuencas y reducción del ingreso de pluviales.
Bergamino y de Álava no quieren generar un mensaje desesperanzador con el informe. Afirman que son optimistas, que mantienen su confianza en las nuevas generaciones y en la educación ambiental accesible para todos y todas, también en los avances que hubo en los últimos años. “Vengo de una década en la que ni siquiera había una ley que prohibiera la circulación de vehículos en la costa”, recuerda De Álava. Dicen que la intención de difundir la temática es plantar una semilla para que los jóvenes puedan actuar a tiempo y lograr un cambio en cómo concebimos nuestras costas; sin embargo, remarcan que es necesario más financiamiento para proyectos que generen una línea de base y poder evaluar impactos de forma robusta.