Vecinos de Punta del Diablo presentaron denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos por obra de la Intendencia de Rocha

“¡No es calle, es playa!”, dice un afiche que armó un grupo de vecinos y vecinas de Punta del Diablo. Los integrantes de la comunidad, entre ellos integrantes del Colectivo Ambiente, se unieron para solicitar un acceso a información sobre una obra de adoquinado que impulsó la Intendencia de Rocha y comenzó a realizarse en la Playa de los Pescadores a mediados de noviembre.

En un comunicado que compartieron con la diaria, el Colectivo Ambiente señala que el proyecto adoquinado no tuvo consulta ciudadana ni un Estudio de Impacto Ambiental que evalúe sus consecuencias, pese a que se encuentra en la faja de defensa de costa. También sostiene que genera “incertidumbre por su posible contribución a la erosión costera y la agudización de los problemas de saneamiento que ya afectan a la zona”, recordando que “la Playa de los Pescadores es una de las áreas más visitadas del balneario” y que “depende del turismo y de la pesca artesanal”, por lo que “cualquier alteración en su estructura natural tiene el potencial de afectar tanto el ecosistema como la economía local”. Asimismo, en el comunicado, el colectivo expresa que la obra podría “beneficiar a particulares en detrimento del interés general”.

Según dicen, la problemática se arrastra desde 2021, año en que se licitó la obra. Sin embargo, en setiembre se enteraron de que era inminente el comienzo de la construcción de la infraestructura. El 2 de octubre hicieron una denuncia formal ante el Ministerio de Ambiente pidiendo que “prevenga a la Intendencia de Rocha de iniciar las obras sin la correspondiente autorización” de la cartera. El 7 de octubre enviaron al correo electrónico de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental una nota manifestando nuevamente su preocupación, junto con la firma de 178 vecinos. El 16 de octubre ingresaron por la mesa de entrada del Ministerio de Ambiente la misma misiva. Dos semanas más tarde, se comunicaron con técnicos del área de Impacto Ambiental y la respuesta fue que “hasta la fecha no se ha ingresado ninguna solicitud de autorización por parte de la Intendencia de Rocha a ser evaluada”. A un mes de la primera denuncia, dicen los vecinos que llegaron los adoquines a Punta del Diablo acompañados de maquinaria y los descargaron en un terreno privado.

El 12 de noviembre comenzaron las obras. Locatarios autoconvocados se reunieron en el sitio previsto y algunos intentaron —sin éxito— detener las máquinas. El 19 de noviembre enviaron una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y la compartieron con la diaria. El miércoles 27 de noviembre recibieron una respuesta: el Consejo Directivo determinará qué tipo de acciones llevará adelante. En paralelo, están evaluando ir por el camino legal solicitando, por ejemplo, una medida cautelar de no innovar con el objetivo de frenar el adoquinado.

La obra, sus impactos y la estética

Paula Laporta, bióloga e integrante del Colectivo Ambiente de Punta del Diablo, contó a la diaria que la única información que consiguieron sobre el proyecto —luego de insistir— fue el pliego de la licitación pública, un documento de 58 páginas del año 2021 elaborado por la Dirección de Obras de la Intendencia de Rocha y un pequeño croquis.

En el pliego se detalla que la intervención implica excavar “hasta la cota necesaria para la ejecución de la estructura de pavimento formada por base cementada de 10 cm de espesor, capa de arena de 5 cm de espesor y adoquines de 8 cm de espesor”; dice que los adoquines de hormigón se extenderán por una superficie de 700 m de largo —es decir, aproximadamente, siete cuadras— y 6 m de ancho. Se habla de que la empresa ganadora de la licitación deberá gestionar el “cuidado y mantenimiento de áreas verdes” y presentar otras bases como “medidas preventivas, de mitigación o compensación de los impactos negativos generados por las obras sobre los medios físico, biótico y antrópico”. Sin embargo, Laporta expresó que, ante una consulta por llamada telefónica, el Ministerio de Ambiente le avisó el martes que le comunicaron a la Intendencia de Rocha que tenía que presentar un proyecto y que necesita autorización ambiental. Tienen hasta el 4 de diciembre para cumplir con el requerimiento.

Alejo Umpiérrez, exintendente de Rocha y promotor de la obra, dijo a Radio Ulmá el 11 de noviembre que el adoquinado es “una mejora para el balneario” y sirve para “jerarquizarlo, cotizarlo mejor, para que quede más lindo estéticamente, pero —además— para que esté mejor ambientalmente”. “Es un desastre lo que tenemos al día de hoy: una calle, en una pendiente que es de tosca, que se recarga todos los años con 400 m3 de tosca que va a parar a la playa cada vez que la lluvia actúa, erosionando toda la calle, causando el zanjado y el aspecto horripilante que uno le ve”, manifestó. Durante la entrevista, deslegitimó el reclamo de los vecinos y los atribuyó a que se estaba en “tiempo electoral”. Al ser consultado sobre si la iniciativa contaba con autorización del Ministerio de Ambiente por tratarse de una obra en la faja de defensa de costas, el jerarca fue tajante: “Nosotros comunicamos la obra al Ministerio de Ambiente. Comunicamos, no pedimos autorización, porque ya hemos actuado en la faja costera”. Mencionó como ejemplo otra obra de adoquinado que realizó la comuna en La Pedrera. A su vez, se le consultó sobre por qué no se brindó información sobre el proyecto a la población y respondió que la licitación es pública. “No hay ninguna cosa escondida”, acotó.

Solucionar la raíz del problema

En el marco del proyecto “Fortalecer las capacidades de Uruguay para la adaptación al cambio climático en la zona costera” del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se realizó un informe “diagnóstico de la situación de drenaje pluvial” en la cuenca de las playas El Rivero y Grande de Punta del Diablo. Estuvo a cargo de la consultora Istec Ingeniería, la cartera y la Cooperación Española. En el documento, los técnicos brindan recomendaciones sobre las medidas que podrían desarrollarse en el balneario para reducir la erosión costera y mejorar la calidad de vida de los vecinos. La propuesta se presentó a la comunidad en 2020, nació a partir del reclamo de los vecinos y vecinas, pero hasta el momento no se llevó adelante.

“El informe no manifiesta que haya que poner adoquines, sino que hay que manejar los pluviales cuenca arriba para disminuir la cantidad de agua que baja, desviar algunas calles, hacer canaletas y otras obras. Sin considerar este plan, comenzaron con la obra”, enfatiza Laporta. Recordó que la Intendencia de Rocha “no manifestó interés de avanzar con el plan y se justificó en que era caro y no se podía hacer”. “Perdimos la oportunidad de hacer el proyecto ejecutivo, había fondos del Ministerio de Ambiente para hacerlo”, señaló. Laporta subrayó que “todos entendemos que el adoquín puede quedar muy lindo, pero antes hay que manejar los pluviales, el saneamiento”. “Además, si genera consecuencias negativas para el entorno, muchos ya no estamos tan contentos con el adoquín. Hay que evaluarlo bien”, expresó.

El principal reclamo de los vecinos y vecinas es que se realice un Estudio de Impacto Ambiental y que se los informe. “No es sólo nuestro colectivo, hay más personas, más vecinos del balneario, comerciantes, que también están en contra de cómo se están haciendo las cosas”, puntualizó.

No son sólo adoquines: cuando una calle puede permitir más obras en la faja costera

En el Código de Aguas se establece que la faja de defensa de costas es de 250 m, medidos hacia el interior del territorio a partir del límite superior de la ribera. Sin embargo, agrega que “cuando existiesen rutas nacionales o ramblas costaneras abiertas y pavimentadas, a una distancia menor de doscientos cincuenta m del límite superior de la ribera, el ancho de la faja de defensa se extenderá solamente hasta dichas rutas o ramblas”. Recordemos que la normativa establece que en este espacio vulnerable, cualquier acción que “modifique su configuración natural” requiere una autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente quien “la denegará cuando dicha acción pueda causar efectos perjudiciales a la configuración o estructura de la costa”.

Los vecinos y vecinas describen en el comunicado que el recorrido de los 700 m de adoquines se encuentra “casi en su totalidad dentro de la faja de defensa de costas”. En este contexto, plantean que “es necesaria la autorización del Ministerio de Ambiente” y denuncian que “al momento no se ha dado a conocer el proyecto de adoquinado al Ministerio de Ambiente”.

Pero además hay otro problema: “Al adoquinar la calle existente —que no figura en los planos de Catastro— se reduce el ancho de la faja de defensa de costas hasta dicha calle. Esto significa que las obras que se pretenden hacer en donde actualmente está la manzana 1 y demás manzanas costeras dentro de los 250 m, no tendrán que solicitar autorización ambiental”, explican. Asimismo, resaltan que al llevar adelante la iniciativa “se está vulnerando la playa y las amortiguaciones que puede tener la poca arena que queda sobre las crecientes del mar”; también “se hace difusa la contaminación por aguas residuales provenientes del desborde o emisión directa de los comercios, evitando identificar de dónde provienen, dado que quedarán debajo del adoquinado”.

En otro comunicado, que enviaron a las autoridades del Ministerio de Ambiente, exigen que se actúe de manera “urgente”. “La inacción ante las numerosas denuncias también son una falta del Ministerio de Ambiente ante la comunidad de Punta del Diablo, que se ha manifestado por las vías formales existentes para evitar llegar a esta instancia”, plantean los integrantes del Colectivo Ambiente y el Colectivo de Comerciantes de Punta del Diablo. También enviaron comunicados a la Junta Local de Punta del Diablo, al director de Ambiente y al director de Obras de la Intendencia de Rocha y al intendente actual, Nicolás García.

Los colectivos exigen a través de redes sociales que se cumpla con el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar justicia, transparencia y participación en asuntos ambientales. “Entendemos que el Ministerio de Ambiente está en total falta por no hacerse cargo. No hay duda de que la obra está en la faja de defensa de costas, no hay duda de que la modifica, de que tienen que presentar un proyecto, que tiene que ser evaluado y categorizado, para poder conseguir o no la autorización. Eso no ocurrió y están colocando los adoquines”, lamentó Laporta.