“Uruguay recibe un préstamo pionero de 350 millones de dólares que premia el cumplimiento de ambiciosas metas ambientales”, dice el titular de un comunicado enviado por el Banco Mundial a la prensa en noviembre de 2023. “Argentina y Uruguay recibirán línea de crédito de 800 millones de dólares para modernizar complejo hidroeléctrico” con el objetivo de que ambos países “avancen en sus compromisos climáticos”, dice otra misiva enviada por el Banco Interamericano de Desarrollo en junio del mismo año. Más allá de los ejemplos, es evidente que los sectores que manejan la economía, tanto a nivel internacional como nacional, están tomando elementos de la perspectiva ambiental y climática, al menos a nivel discursivo. Sin embargo, para muchos de nosotros las finanzas vinculadas a temáticas ambientales y climáticas siguen siendo un mundo alejado, pero al que deberíamos prestar más atención.
En este contexto, entra un actor clave: el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), que está integrado por organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y expertos independientes. A fines del año pasado, publicaron el informe Índice de finanzas sostenibles 2023, en el que abordan la situación en 20 países de América Latina y el Caribe, incluido Uruguay. Se trata de un relevamiento anual que llevan adelante desde 2020 y tiene como objetivo “monitorear los ingresos y egresos nacionales e internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sostenible”, así como controlar “aquellos recursos que podrían estar obstaculizando el progreso hacia la transición a un bajo desarrollo en carbono y resiliente al clima”.
Para lograrlo, crearon el índice de finanzas sostenibles, que se calcula a partir de cuatro variables. La primera son los “ingresos sostenibles”, donde se incluye el “financiamiento internacional para el desarrollo y financiamiento desembolsado de fuentes bilaterales y multilaterales que reciben los países en materia de cambio climático”. La segunda son los “ingresos intensivos en carbono”, que engloba los “ingresos generados por la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y combustibles”. La tercera variable considerada son los “presupuestos sostenibles”, que representan “el presupuesto asignado para los rubros relacionados con cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y atención a desastres naturales”. Finalmente, la cuarta son los “presupuestos intensivos en carbono”, que corresponde al “presupuesto asignado a la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales y el presupuesto a empresas estatales, cuando las hay”.
Con base en la información recabada en las diferentes variables, elaboran un ranking de finanzas sostenibles. En este último relevamiento encontraron que en ninguno de los 20 países analizados “sus ingresos y egresos sostenibles serían más altos que sus ingresos y egresos intensivos en carbono”. Es decir, los ingresos que subsidian la contaminación son mayores a los que se destinan para el desarrollo sostenible. Según el informe, el país que se ubica en la posición más alta y favorable es El Salvador, que recibió 2,9 de 4,0 puntos. La razón consiste en que tiene “finanzas más balanceadas, no presenta altos ingresos intensivos en carbono y tiene una de las más altas asignaciones de recursos presupuestales en temas asociados a la atención del cambio climático”.
Por otra parte, no hay buenas noticias para Uruguay, que tuvo una puntuación de 0,7 en 4,0 puntos, por lo que se ubica en el nivel “bajo” de finanzas sostenibles. Únicamente se encuentra por encima de Trinidad y Tobago, que obtuvo una puntuación de 0,5 puntos. Pero antes de continuar, ahondemos un poco más en las finanzas climáticas.
¿Quién se hace cargo de la crisis? Más préstamos y menos donaciones de los contaminadores
Otra de las grandes conclusiones que se comunica en el informe radica en que el financiamiento climático “se ha distribuido mayormente en forma de préstamos, representando el 88%, mientras que sólo un 12% se ha asignado en forma de donaciones en los países de estudio”. Subrayan que la entrega del financiamiento en forma de créditos “intensifica la crisis de deuda pública que tienen los países de la región”. De esta manera, los autores del reporte entienden que es fundamental examinar esta forma de distribución porque “los préstamos conllevan la obligación de reembolsar los recursos junto con una tasa adicional, mientras que las donaciones no requieren devolución”. “Este análisis se vuelve fundamental para comprender la naturaleza y las implicaciones de los instrumentos financieros utilizados”, agregan.
A su vez, es necesario tener en cuenta otras dimensiones que hacen parte del sistema de financiamiento y al contexto de crisis que nos encontramos. “Los más recientes informes científicos [...] han sido claros sobre que el cambio en la temperatura se atribuye principalmente a las actividades humanas como son la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Lo anterior ha demandado una rápida y acelerada transformación de los sectores responsables de dichas emisiones, como el sector energético, en el que se ha centrado buena parte de las medidas para reducir emisiones”, comentan.
Enseguida apuntan que “en 2022, el financiamiento dirigido a este sector alcanzó los 506.000 millones de dólares, representando el 44% del financiamiento total. Sin embargo, el avance del problema climático y sus efectos ya evidentes en el mundo y en particular en América Latina y el Caribe, llaman a un acelerado proceso adaptativo. A pesar de ello, el financiamiento mundial destinado a la adaptación alcanzó los 63.000 millones de dólares, constituyendo tan sólo el 9% del financiamiento total. En la región de América Latina y el Caribe sólo se asignaron 6.100 millones de dólares”, explican en el documento. Esto quiere decir que se destina la mayor parte del dinero a la mitigación del cambio climático y no a la adaptación de los países más vulnerables a sus efectos.
En este contexto, resaltan en el informe que “existe una necesidad de transformar la manera en que opera el sector financiero, ya no sólo para movilizar más financiamiento climático sostenible, sino también para reducir aquel que está generando el problema”. Indican que, en el marco del Acuerdo de París, se habla de la necesidad de que los países desarrollados incrementen “su contribución obligatoria para atender las necesidades de mitigación, adaptación y también para atender las pérdidas y los daños que trae consigo el cambio climático”. Países “desarrollados” que, casualmente, son los más contaminantes. “Esto también se suma a la demanda de que se cumplan compromisos como los de transferir 100.000 millones de dólares anuales de países desarrollados a países en desarrollo”, agregan y recuerdan que, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo, el compromiso no sólo no se ha sido cumplido, sino que se estima que en 2021 alcanzó apenas los 89.600 millones de dólares.
Los autores también resaltan la “importancia de la transparencia y la eficacia de la gestión de estos fondos” para que se destinen realmente a los desafíos vinculados al cambio climático. Un punto que debe alertarnos es que en el informe se describe que “respecto a Uruguay, no se disponen registros de financiamiento recibido para cambio climático ni suficiente información sobre el presupuesto destinado a actividades intensivas en carbono”.
La biodiversidad olvidada
GFLAC también detectó que ninguno de los 20 países asignó más de 1% de su presupuesto a la conservación de la biodiversidad –una variable nueva que comenzaron a utilizar este año–.
En este apartado, República Dominicana encabezó la lista con 0,11%. El resto de los países destinan menos del 0,05% de su presupuesto a este rubro. Tal es el caso de Uruguay, que se encuentra nuevamente antepenúltimo en la lista, con un 0,001%.
“A pesar de que la conservación de la biodiversidad representa uno de los desafíos más significativos en la región, la asignación de recursos a este sector no es considerada prioritaria por los gobiernos. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la necesidad de reevaluar las prioridades presupuestarias para abordar de manera más efectiva la protección de la biodiversidad en la región”, señalan.
Poco presupuesto y más llamados de atención para Uruguay
Como mencionamos, en el informe se define que el “presupuesto sostenible” es el “presupuesto asignado y etiquetado en los rubros de cambio climático en el sector ambiental, los de eficiencia energética y energías renovables en el sector energético y aquellos identificados para desastres naturales”. El análisis de esta variable se realizó con base en la información presupuestal de egresos de cada país en 2022. Dicho esto, encontraron que los “presupuestos intensivos en carbono sobrepasan por 31 veces a los presupuestos sostenibles” en la región. “Esto significa que el presupuesto que los países asignan en su conjunto se dirige más hacia actividades que causan el problema que a actividades que ayudarán a atenderlo”, explican.
En cuanto a la variable “presupuesto sostenible”, tampoco hay buenas noticias para nuestro país. Uruguay se encuentra último, con un 0,005%. En concreto, manifiestan que el rubro cambio climático recibió 884.000 dólares y el de desastres naturales 24.000 dólares. Para quienes puedan pensar que es mucho dinero, Guatemala destinó en el mismo año a los rubros etiquetados como cambio climático, eficiencia energética, energías renovables y desastres naturales un total de 398 millones de dólares.
“Es importante mencionar que estos países [Uruguay y Trinidad y Tobago] no destinan más de un millón de dólares en la asignación para los rubros de esta variable. Lo anterior no quiere decir que no exista más presupuesto cuyas asignaciones no puedan ayudar a avanzar la agenda de cambio climático, sin embargo, el hecho de que no haya etiquetas en la asignación hace muy difícil identificar dichas asignaciones. Y el objetivo de este índice no es inflar los números, sino plasmarlos como han sido identificados en las fuentes consultadas”, aclaran en el informe. El llamado de atención no termina allí: “Estos resultados plantean que es esencial que los países de la región redoblen esfuerzos y consideren estrategias de cooperación entre los gobiernos que puedan mejorar significativamente la etiquetación, la asignación y la efectividad de sus asignaciones presupuestales”.
Asimismo, otro dato regional es que los ingresos intensivos en carbono sobrepasan por 15 veces los ingresos sostenibles. Los 20 países analizados recibieron 11.049 millones de dólares para atender el cambio climático, mientras que los ingresos por actividades intensivas en carbono fueron 160.162 millones de dólares. “Esto quiere decir que reciben más recursos para actividades que generan el problema que para actividades que atiendan el problema, teniendo incentivos desalineados al alcance y cumplimiento del Acuerdo de París”, destacan nuevamente.
Otros caminos posibles
Al final del informe también realizan recomendaciones en las áreas de planificación, ingresos y presupuestos a los países latinoamericanos. Una de ellas consiste en desarrollar “estrategias internacionales para la movilización de financiamiento sostenible”. Afirman que para cumplir con el Acuerdo de París, “es necesario aumentar el financiamiento climático para los países en desarrollo”. Entienden que se debe “fomentar el diseño de una nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento basada en las necesidades reales de los países” y que “esta nueva meta, que sustituirá los 100 mil millones [que mencionamos al principio], debe considerar como aspecto central el incremento, al menos diez veces, del financiamiento para la adaptación”.
Por otra parte, destacan que es necesario gestionar un fondo de “pérdidas y daños” causado por el cambio climático, que incorpore un “mecanismo de acceso directo para las poblaciones vulnerables, priorizando comunidades locales, indígenas, mujeres, juventudes y niñez”. También consideran que es esencial “la creación de un plan que aborde el tratamiento de la deuda pública de los países en desarrollo, cancelándola en países de menores ingresos y generando canjes con los países de ingresos medios”. Otras medidas van desde estrategias nacionales para la movilización de financiamiento sostenible, donde se definan claramente sus necesidades, reformas fiscales para fomentar la descarbonización, así como la creación de impuestos ambientales y de carbono.
En la misma línea, los autores consideran que “es fundamental internalizar que el cambio climático ya está trayendo costos mediante sequías, incendios forestales, eventos hidrometeorológicos y otros, que tienen un efecto presupuestal en diversos sectores. Por ello es necesario que todos los sectores hagan un análisis de cómo sus actividades se verán afectadas ante eventos asociados al cambio climático para integrarlo en su planeación y presupuestación”.
Por otra parte, además de las alternativas hacia otros caminos, expresan que el índice de financiamiento sostenible todavía tiene “limitaciones” que están asociadas “a la transparencia, el acceso y la desagregación de los datos a los que se accedió para llevar a cabo el análisis”. En el caso de Uruguay, por ejemplo, comentan que “no cuenta con información desagregada sobre el sector hidrocarburos”.
GFLAC destaca que, a medida que se accedan a mejores datos, el índice también lo hará. Finalizan diciendo que en cada edición anual realizan solicitudes de acceso a la información para “mejorar el entendimiento de los datos presentados por los países”. Sin embargo, llaman a que “esta información sea pública y de acceso democrático a todas las ciudadanas y ciudadanos, pues esta información es clave para garantizar la justicia climática y ambiental y dar cumplimiento a compromisos internacionales” como el Acuerdo de Escazú.