Uruguay es signatario del Convenio de Diversidad Biológica desde 1993. En este marco, las autoridades asumieron el compromiso de alcanzar un 10% de áreas marinas protegidas “representativas y efectivas” para 2020. Teníamos apenas un 0,48% de nuestro territorio bajo esta categoría. Este jueves la cifra creció un poco al emitirse el decreto de ingreso de la Isla e Islote de Lobos y su entorno sumergido al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), al que accedió la diaria.

La propuesta de ingreso fue elaborada por la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, la Asociación Uruguaya Oceanográfica, la Organización para la Conservación de Cetáceos y Océanos Sanos. Esas instituciones la presentaron en el Ministerio de Ambiente en octubre de 2020.

“El área propuesta tiene características especiales al estar habitada por colonias de lobos y leones marinos, ser zona de anidamiento de aves costeras, así como encontrarse los fondos del entorno rocoso cubierto de mejillones, que junto con los fondos sedimentarios, son hábitat de invertebrados y zona de alimentación de peces, siendo de gran importancia la presencia de la ballena franca austral, de albatros, petreles y tortugas marinas, además de una rica historia asociada al aprovechamiento del sitio, como recalada de buques y fuente de provisión de alimentos”, dice el decreto.

El territorio ingresará al SNAP bajo la categoría de Parque Nacional. En el decreto se establecen medidas de protección y prohibición. Algunos ejemplos de prohibición son: “todo proceso de urbanización”, “la realización de nuevas edificaciones o infraestructuras, salvo aquellas que sean contempladas en el plan de manejo”, “la extracción de minerales”, “la introducción de especies de flora y fauna alóctonas”, “la disposición de residuos sólidos, así como el vertido de efluentes”, “la emisión o producción de niveles de ruido que afecten el paisaje sonoro natural del área protegida”, “la alteración o destrucción de la vegetación, salvo las comprendidas en el plan de manejo”, “la pesca de arrastre industrial y otras modalidades de pesca que por su modalidad o intensidad pudiera afectar a las poblaciones de vertebrados e invertebrados marinos”.

A su vez, tampoco estará permitida la caza, “salvo la realizada con fines de investigación o control de especies exóticas y las capturas autorizadas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”. Suma el impedimento para “el desarrollo de aprovechamientos productivos o extractivos que, por su naturaleza, intensidad o modalidad, conlleven la alteración de las características naturales del área”; “el desembarque o descenso de visitantes con fines de recreación o turismo a las islas, incluyendo su perímetro rocoso emergido”; “las actividades de uso público que, por su naturaleza, intensidad o modalidad, conlleven la alteración de las características ambientales del área”. A su vez, está prohibida la instalación de nuevos tendidos de cables submarinos, parques eólicos y “el uso del espacio aéreo, con fines recreativos o comerciales con cualquier medio, a una altura inferior a 500 metros de la superficie del área”.

El decreto plantea que el Ministerio de Ambiente será el encargado de “determinar la forma y demás condiciones en que será administrada el área natural protegida, en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y/o con el Ministerio de Defensa Nacional”.

El Parque Nacional Isla e Islote de Lobos y su entorno sumergido se convirtió en la segunda área protegida en ingresar al SNAP durante este período de gobierno. Su ingreso estuvo rodeado de controversias. Sin ir más lejos, en su audiencia pública, técnicos de la cartera ambiental desestimaron la idea del intendente de Maldonado, Enrique Antía, de promover el turismo en la isla edificando un muelle de atraque donde pudieran arribar lanchas con turistas y la contratación de técnicos que llevaran a cabo las visitas guiadas. Existe un largo historial de evidencia científica sobre por qué este tipo de iniciativas no son convenientes para la biodiversidad.

Por otra parte, un informe elaborado por técnicos del Ministerio de Ambiente, que contó con aportes de 21 especialistas de la Universidad de la República y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, detalla ocho sitios marinos que deberían ser prioritarios para su conservación y también reconoce que los avances en esta materia “han sido escasos”. Mientras Uruguay está apostando por actividades extractivas que se realizan en el océano –como la exploración y explotación de hidrocarburos, la creación de parques eólicos offshore, sumadas a las actividades tradicionales como la pesca industrial–, parece necesario comenzar a pensar un poco más en su protección.