La Cámara de Diputados trató este jueves por la mañana, luego de una noche de arduas negociaciones, el artículo de la ley de presupuesto que propone gravar con el impuesto específico interno (Imesi) determinados plaguicidas.

En concreto, incluye las “sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios comprendidos en la categoría 1a o 1b, según la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, y también “otros productos no comprendidos en las categorías anteriores que establezca el Poder Ejecutivo” en base a “previa evaluación técnica”. Después de semanas de discusión pública y fuerte reticencia de las gremiales agropecuarias y representantes de los partidos tradicionales, hubo acuerdo entre los diputados del Frente Amplio y de Identidad Soberana, que votaron en conjunto y aprobaron el artículo.

Una de las principales críticas de la oposición consiste en que, como opinió hace unas semanas el diputado colorado Walter Cervini, el impuesto está “lejos” de ser una herramienta “útil para el ambiente” y está “más cerca de ser un elemento de recaudación pura”. En su primera versión, el artículo no definía en qué debía utilizarse específicamente lo recaudado. En este contexto, Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio, comentó a la diaria que la bancada presentó un artículo aditivo en la Comisión de Presupuesto para que lo obtenido sea transferido al Fondo de Fomento de la Granja y al Fondo Nacional del Medio Ambiente para “financiar programas de apoyo y promover la producción y uso de bioinsumos con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la producción de alimentos”. Las acciones concretas, versa la propuesta, tendrán que ser “coordinadas” por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Este aditivo terminó de convencer a Identidad Soberana, que intentó, sin éxito, apobar un sustitutivo antes.

Elianne Castro, diputada del Partido Colorado, dijo a la diaria que no votó el artículo que grava con el Imesi los plaguicidas, pero sí el aditivo, para “darle destino a eso que se recaude”. Comentó que en su momento habló con Zavala sobre la necesidad de definir este último punto y que, al principio, no estaba en contra de la idea del artículo. “¿Cómo el Estado puede desestimular una conducta que no apoya? Prohibiéndola, poniéndole un impuesto o facilitando la conducta opuesta. En este caso, prohibir no se puede, porque los pocos que los usan [los plaguicidas 1a y 1b], que creo que es en los cultivos de arándanos, no tienen otra alternativa. Entonces, prohibir no podés. Fomentar la conducta opuesta sería fomentar la agroecología y no todos los productores quieren ir por ese camino. Hay un tema de educación ambiental en este país, estamos muy en deuda. Entonces se opta por la vía del impuesto, que es simbólico. Es como dar una señal. No estoy en contra de esa señal, pero tenemos la postura partidaria de que no apoyamos impuestos y sí estoy a favor de no apoyar impuestos. Aunque el Imesi ya existe, no es un impuesto nuevo”, declaró.

Un sustitutivo sin cuórum

En paralelo, Identidad Soberana presentó un sustitutivo que no prosperó. Nicolle Salle, representante del partido político, dijo a la diaria el miércoles por la mañana que el objetivo de su propuesta consistía en que lo recaudado por el Imesi tenga un “destino concreto” y un “impacto real”. La idea contemplaba que, además de los plaguicidas de la propuesta original, sean gravados los pertenecientes a la categoría II de la OMS. Por ejemplo, la iniciativa pretendía incluir el 2,4D, que fue el segundo herbicida más importado en 2024, con 3.150.748 litros/kilos, y el paraquat, que fue el tercero, con 1.575.344 litros/kilos. Buscaba que lo adquirido con la herramienta se destine a la implementación del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, la Ley de Desarrollo Apícola, el Fondo de Fomento de la Granja y el Fondo Nacional de Medio Ambiente.

Salle manifestó que tanto la apicultura como la agroecología “no tienen financiamiento”, y que la herramienta económica, “para que tenga un impacto real”, debía “incorporar los [plaguicidas] clase II, porque, si no, la recaudación es simbólica”. Antes de la votación planteó: “De repente, si esto vuelve, yo estoy dispuesta a votarlo, aunque sea de manera simbólica, porque entiendo que es un pasito, y lo quiero dar, pero en principio me gustaría defender mi postura”. Advirtió que analizaron varias posibilidades, entre ellas, “desglosarlo y mandarlo nuevamente a la comisión”, pero esto implica que quizás la idea del artículo “muera y quede en la nada”. Finalmente, al no contar con apoyo, Nicolle y Gustavo Salle dieron su voto favorable para la propuesta del Frente Amplio.

Zavala declaró que el artículo y aditivo que presentó el Frente Amplio tiene una redacción “detallada” y que fue acordada junto con las distintas carteras. Por esta razón, no votaron el sustitutivo de Identidad Soberana. A su vez, lamentó que Cabildo Abierto no los acompañara en esta votación, como sí lo hizo con otros cambios tributarios.

El artículo será tratado en la Cámara de Senadores, donde la fuerza política tiene mayoría parlamentaria. Alejandro Nario, director de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y una de las personas que participó en la elaboración del artículo, celebró en sus redes sociales la aprobación y comentó que “Uruguay avanza hacia un modelo de desarrollo sostenible con una política que pone en el centro la salud de nuestra gente y nuestros ecosistemas”.