Luego de varios años de afectaciones, aproximadamente medio centenar de familias presentaron en junio una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por impactos ambientales de las actividades de la empresa Miltay SA, conocida como BioTerra, en Canelones.
La problemática gira en torno a su planta ubicada a tres kilómetros de Juanicó y a poco más de cinco kilómetros de Los Cerrillos, en la cuenca alta del arroyo Canelón Chico. Los habitantes describieron que la compañía genera “emisión de olores molestos, de carácter nauseabundo”, “contaminación atmosférica”, “afectación sanitaria”, la proliferación de “plagas”, “presunta contaminación de cursos de agua” y “dispersión de residuos en la vía pública”.
El organismo que vela por los derechos humanos tiene un convenio con el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y, en este contexto, le solicitó la elaboración de un informe al que accedió la diaria. Los investigadores que llevaron adelante el relevamiento son Ismael Díaz, Camila Fernández y Marcel Achkar.
Mapa extraído del informe elaborado por el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales.
Las actividades de la empresa, las denuncias y la “incompatibilidad”
BioTerra, describen los investigadores, es “una planta industrial de revalorización de residuos orgánicos” y “fabricante de una línea de sustratos, fertilizantes, insecticidas y otros productos agropecuarios”. En su página web, la compañía indica que el emprendimiento “recicla más de 15.000 toneladas de residuos al año a través de un proceso de compostaje aeróbico controlado, certificado internacionalmente por el Organic Materials Review Institute (OMRI)”. Plantea que “la totalidad del proceso de generación de compost se realiza a ‘cielo abierto’ y cuenta con pilas aireadas y pilas no aireadas”. Agrega que “dispone de una laguna de recepción de lixiviado que, según informa la empresa, se utiliza para regar ocho hectáreas”. La autorización que cuenta el privado es “únicamente para el reciclaje de residuos orgánicos vegetales, lodos de tambos, rumen y sangre proveniente de frigoríficos”. Recibe remanentes de diversas zonas del departamento de Canelones, Florida y San José.
Los científicos mencionan que los vecinos han realizado “numerosas denuncias, principalmente canalizadas a través del Ministerio de Ambiente” y que la cartera “ha constatado los impactos denunciados en varias ocasiones”, en especial los vinculados al “mal olor en áreas aledañas a la planta”. Por ejemplo, citan un informe donde las autoridades le solicitan a la empresa que “debe dejar de recibir residuos de curtiembre que son categoría I (residuos peligrosos)” ya que no tiene autorización para esta tarea. A su vez, los investigadores describen que, en diciembre de 2024, otro documento técnico del Ministerio de Ambiente “sugiere desestimar la solicitud de renovación de autorización ambiental de operación por incompatibilidad entre las condiciones de operación y la afectación al ambiente y la población del entorno en la localización actual”.
Sin embargo, en marzo de 2025, Miltay SA presenta una “propuesta de plan de trabajo”. El mismo mes, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, según consta en el informe de la Facultad de Ciencias, le dijo que “debe adecuar el plan de mitigación y gestión de olores”. Pide que tenga en cuenta varios puntos “a fin de considerar la renovación de la autorización”, entre ellos, “reducir la generación de olores en la fuente”, “reducir su posible dispersión fuera del predio” y “monitorear permanentemente la percepción de olores de las personas que se encuentran en el entorno próximo”.
Un problema socioambiental
Tomando como base el Plan de Ordenamiento Rural Canario, los investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales explican que la planta se ubica en una zona que “es de gran importancia debido a sus características ambientales” y que cumple un rol esencial en la “protección de la calidad de agua para abastecimiento de agua potable”. Por esta razón, indican que en el área “no está permitida la instalación de sistemas de concentración animal” y “hay restricciones para actividades agrarias como la agricultura extensiva”. A su vez, los padrones de BioTerra se encuentran en una zona incorporada al Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía donde se exige “fertilizar en base a análisis de suelos para alcanzar y mantener la concentración debajo de 31 ppm de fósforo”. En el área de influencia de dos kilómetros de la planta estiman que hay más de 100 edificaciones y, además, “la zona se caracteriza también por una alta densidad de productores rurales, principalmente frutícolas y hortícolas, además de producción avícola y agricultura”.
“A modo de resumen: la planta se localiza en la cabecera de cañadas que drenan hacia el arroyo Canelón Chico, sobre suelos profundos y pesados, con pendientes leves a moderadas y sobre la formación Libertad. Es una zona con alta densidad de población rural y productores rurales, principalmente orientados a la producción de alimentos. Además, la zona es de importancia por sus características ambientales y estratégicas para la producción hídrica que finalmente se destina a la producción de agua potable”, afirman los técnicos. En este contexto, recuerdan que “la mayoría de las plantas de compostaje que operan con sistemas abiertos en superficies extensas en zonas con alta densidad de población enfrentan oposición social debido a la generación de olores desagradables y a la proliferación de vectores, principalmente moscas y mosquitos”. Por esta razón, consideran que “la implementación de compostaje abierto en áreas residenciales, comerciales o en su entorno inmediato resulta ambiental y socialmente inviable”.
Para mitigar los impactos de estos emprendimientos suelen implementarse “dos grandes grupos de estrategias”. “La primera refiere a la incorporación de técnicas y medidas de mitigación, entre ellas el uso de biofiltros y aditivos sumado al de barreras de mitigación física como las cortinas o buffers. Las segundas, en general más eficientes, corresponden a la transición hacia plantas de compostaje de sistema cerrado, en reactores con emisiones controladas. Estas tecnologías han demostrado reducir de manera considerable los impactos ambientales, en particular la emisión de olores. A estas estrategias se incorporan las medidas vinculadas al ordenamiento territorial, orientadas a evitar la localización de estas instalaciones en áreas pobladas y/o ambientalmente sensibles”, comentan.
En esta línea, manifiestan que la tecnología que utiliza actualmente la planta industrial de BioTerra “genera de manera cotidiana olores intensos, que impactan negativamente a la población residente en las inmediaciones de la planta”. A su vez, destacan que “existen diferencias significativas entre lo que la empresa declara procesar y las denuncias formuladas por los residentes de la zona”. “Mientras BioTerra está autorizada únicamente para recibir residuos vegetales, lodos de tambos, rumen y sangre de frigoríficos, los residentes han denunciado que también recibe residuos animales y de curtiembres, potencialmente peligrosos”, declaran. Insisten en que: “El Ministerio de Ambiente instruyó a la empresa en 2025 a cesar la recepción de residuos peligrosos, enfatizando la necesidad de cumplir estrictamente con la normativa vigente. El no cumplimiento de la normativa puede generar riesgos ambientales y sanitarios”.
Por otro lado, los investigadores plantean que “los efluentes y lixiviados son almacenados en una laguna de retención, desde donde se utilizan posteriormente en el fertirriego de ocho hectáreas propiedad de la empresa”. Advierten que “existen incertidumbres sobre el control de posibles desbordes de estas piletas, sobre el monitoreo de nutrientes aplicado en el riego y en los suelos regados y sobre el cumplimiento [...] del Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía”. Argumentan que “desbalances entre la capacidad de retención y asimilación del sistema suelo-planta y un aporte excesivo de nutrientes por fertirriego, podría generar impactos ambientales y riesgos para la salud del suelo y del entorno”.
Durante una de las visitas del equipo de la Facultad de Ciencias, los responsables de la planta dijeron que el emprendimiento “ya estaba en operación antes de que muchos pobladores actuales decidieran residir en la zona”. Ante este discurso, el equipo de investigadores responde: “Desde el punto de vista ambiental y sanitario este argumento no es válido ya que la protección ambiental y de la población frente a diversos impactos -como [pueden] ser malos olores, emisiones o riesgos asociados a lixiviados- no depende del orden cronológico de instalación de las infraestructuras sino del cumplimiento de la normativa vigente”. Remarca que “la antigüedad de la planta de compostaje no exime a la empresa de implementar tecnologías y medidas eficaces para minimizar impactos sobre la población y el entorno”.
Recomendaciones
Los científicos del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales subrayan que las plantas de compostaje y revalorización de residuos constituyen una “herramienta clave” para la “gestión ambiental de los residuos orgánicos y se alinea con los objetivos de reducción del impacto de vertederos”. Sin embargo, consideran que estas instalaciones “no deben generar afectaciones negativas a la población que habita y/o desarrolla sus actividades en zonas aledañas”. Calificaron la denuncia presentada por las familias ante la INDDHH como “pertinente”, ya que existen “evidencias de impactos que deben ser abordados”.
Recomiendan la migración de BioTerra “hacia otro tipo de sistema de compostaje” y, durante la transición, sugieren “la implementación de medidas de mitigación robustas”. Observan que es necesaria “la incorporación de tecnologías que reduzcan las emisiones de olores, transitando hacia sistemas alternativos y/o mejoras para la mitigación” y también implementar un “modelo de dispersión de olores y sustancias”. Un punto no menor es la sugerencia de evaluar la “reubicación de las actividades que generen impactos significativos en el ambiente y la población en zonas con menor densidad de población, donde se desarrollen actividades extensivas no dedicadas a la producción de alimentos”. A su vez, ven importante asegurar que “eventuales ampliaciones de la planta o de sus operaciones no se realicen en la ubicación actual” e impulsar que “todo crecimiento de la planta de procesamiento de residuos sea acompasado con cambios tecnológicos que aseguren la calidad ambiental”.
Finalmente, afirman que “las medidas de mitigación actuales no son suficientes” y que es necesario “garantizar una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes”. Sobre este último punto, entienden relevante que tanto el Ministerio de Ambiente como la Intendencia de Canelones garanticen que la planta “reciba exclusivamente la tipología de residuos autorizados y que la calidad de los mismos sea la aprobada por la normativa”. Además, destacan la importancia del monitoreo y fiscalización de “los efluentes líquidos y gaseosos y la aplicación de fertirriego”. “Tienen la responsabilidad de controlar las operaciones de la planta, especialmente en lo referente a la recepción del tipo de residuos, la gestión de efluentes, la emisión de olores y la calidad de aire en el entorno. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente representa el punto de partida para una gestión ambiental eficaz y sustentable”, finaliza el informe.