En agosto, cientos de personas participaron en Maldonado en una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente. Durante la instancia se trataron los proyectos para la exploración de hidrocarburos que presentaron las compañías Searcher Geodata UK Limited y Apa Exploration. Ambas empresas buscan obtener las autorizaciones ambientales para llevar adelante campañas de prospección sísmica en nuestra plataforma marina. Anteriormente, las iniciativas de PGS Exploration y CGG Services, corporaciones del mismo rubro, pasaron por el proceso en instancias separadas.
El negocio consiste en recoger los datos para venderlos a las petroleras y que puedan tener información sobre si existen hidrocarburos en la zona. Sin embargo, organizaciones socioambientales y pesqueras advierten sobre los impactos que podría ocasionar la actividad sísmica.
Unas semanas después del encuentro, la cartera publicó en el Observatorio Ambiental Nacional un documento que tituló Respuesta a consultas y observaciones recibidas en forma escrita durante la audiencia pública de los proyectos de prospección sísmica 3D off shore. A fines de setiembre, y motivada por este último informe, la Red Unión de la Costa elaboró una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Ambiente, que fue difundida por FM Gente, donde plantea “observaciones de fondo y forma” respecto de la instancia de participación.
En primer lugar, advierte sobre la habilitación de una “doble presentación en un mismo acto”, en referencia a que se trataron dos proyectos independientes y de distintas compañías al mismo tiempo. La red, compuesta por más de 100 organizaciones, solicita a las autoridades “una aclaración sobre los fundamentos que condujeron a tal decisión y sobre la forma en que se compatibilizó con la duración y cronograma originalmente previstos”. A su vez, señala que “la plena garantía de igualdad de condiciones para todas las intervenciones constituye un principio esencial” y que “este objetivo no se alcanzó plenamente en la forma que se desarrolló la audiencia”. “La participación pública constituye un principio esencial en los asuntos ambientales y es deber de las instituciones garantizar condiciones de equidad y transparencia para todos los actores”, subraya.
Enseguida recuerda, en la carta dirigida a las autoridades, una serie de situaciones observadas durante la audiencia pública que tuvo lugar en Maldonado. Por ejemplo, destaca la “numerosa cantidad de personas que quedaron fuera del recinto”. También afirma que “la transmisión en línea, tanto en la carpa exterior como mediante la plataforma Zoom, no garantizó una interacción real”, porque “se registraron interrupciones y dificultades técnicas que impidieron a varias personas seguir las presentaciones iniciales realizadas por las empresas, particularmente durante una caída prolongada de la señal”. En esta línea, describe que “varias exposiciones orales programadas por Zoom se vieron interrumpidas y, en algunos casos, dadas por terminadas anticipadamente”. “Esto afectó a participantes debidamente inscriptos, quienes se vieron impedidos de ejercer su derecho a la palabra en la modalidad prevista por el propio Ministerio de Ambiente”, lamenta.
La Red Unión de la Costa cuestiona que la empresa Searcher “estuvo representada únicamente por una persona que, en cierto momento durante el transcurso de las exposiciones ciudadanas, se retiró en silencio, sin brindar explicaciones, ni responder las preguntas formuladas, lo cual dejó inconclusa la instancia de diálogo prevista por la propia audiencia”. Por si fuera poco, la red de organizaciones indica que “el cierre de la audiencia se produjo de manera abrupta y sin que se ofreciera explicaciones sobre la continuación del procedimiento”.
“Se constató además la ausencia de medidas adecuadas de seguridad en la sala. Ante situaciones de disturbio o manifestaciones disruptivas, no se procedió a retirar a las personas involucradas ni se garantizó la continuidad ordenada del acto. Cabe señalar que, en circunstancias de este tipo, corresponde que la autoridad organizadora determine los mecanismos para mantener el orden, sin que uno o dos incidentes aislados puedan justificar la finalización anticipada de una audiencia pública, privando así a la mayoría de los participantes de ejercer su derecho a la palabra”, insiste en el comunicado. Enseguida describe el esfuerzo de los participantes, porque un “gran número de personas debió trasladarse desde distintos puntos del país” para asistir a la instancia, incluso pasando por “recorridos de larga distancia” junto con “jornadas extensas de espera y la necesidad de regresar el mismo día”.
Nuevas audiencias públicas que garanticen la participación “efectiva”
La Red Unión de la Costa destaca que la audiencia pública “constituye uno de los instrumentos fundamentales para garantizar la participación de la ciudadanía en decisiones que tienen un impacto significativo sobre el ambiente y, por ende, sobre la calidad de vida de todas las personas”. Manifiesta que el espacio “se realizó como paso previo a la autorización ambiental para la prospección y eventual explotación de hidrocarburos, lo que hace que su desarrollo adecuado sea esencial para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva de la ciudadanía”. Insiste en que la vulneración a estas “garantías” compromete “no sólo la legalidad del procedimiento, sino también la confianza de la ciudadanía en las decisiones de alto impacto”.
En este contexto, pide “la planificación y realización de una segunda instancia de audiencia pública que permita completar la participación” en el proyecto de la empresa Apa Exploration, “garantizando la equidad y el acceso de todas las personas interesadas”, y “la anulación de la audiencia pública relativa al proyecto de la empresa Searcher, considerando la ausencia representativa registrada [de sus integrantes], así como la compensación por los recursos gubernamentales y ciudadanos invertidos en la asistencia a una instancia que no cumplió con los estándares mínimos de participación”.
A su vez, solicita la creación de una “mesa de diálogo” integrada por “todos los organismos gubernamentales competentes en materia de ecosistemas marinos, la academia, ONG de fauna marina, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía”. Considera que podría convertirse en un “instrumento complementario de participación ciudadana” que “permitiría abordar de manera integral la complejidad de los impactos directos e indirectos derivados de la actividad de prospección sísmica y de la posterior explotación de hidrocarburos”. En este sentido, apunta que las autoridades y las empresas deberían brindar “información completa, fundamentada y con referencias técnicas suficientes”. “En conjunto, estas medidas contribuirían a fortalecer la transparencia, la equidad y la confianza ciudadana en los procesos de toma de decisiones de políticas ambientales”, concluye el comunicado de la Red Unión de la Costa.