Seis meses atrás, un mosquito fumigó un cultivo a poca distancia de una escuela agraria, ubicada aproximadamente a cinco kilómetros de la ciudad sanducera de Guichón. El olor fue definido como insoportable y varios estudiantes que esperaban el ómnibus para volver a sus casas quedaron expuestos a las sustancias que se aplicaban a pocos metros. Por esta razón, una docente -que sufrió dolor de garganta y estómago tras la situación- decidió presentar una denuncia ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La Dirección General de Servicios Agrícolas realizó una inspección una semana después del hecho. El propietario del cultivo, Juan Andrés Miller, dijo que realizó una aplicación en el sitio cercano al centro educativo sobre las 17.00 del jueves 5 de junio con los herbicidas glifosato, cletodim y clopiralid. Estos tres plaguicidas fueron analizados en las muestras que tomó el MGAP y dio positiva la presencia de glifosato en una de ellas, que fue tomada del patio de la escuela. A su vez, los técnicos encontraron que, al momento de la fumigación, el privado no contaba con el Registro Único de Operadores. Sin embargo, la historia apenas comenzaba.

David Helguera, exdiputado suplente, excandidato a intendente de Paysandú por el Partido Colorado y una persona de gran influencia en el territorio, se presentó en agosto a la radio FM Cordialidad junto con Miller. Planteó que esta última persona “estaba trabajando en los campos de mi familia, de mi casa, que yo administro, así que somos todos parte de este episodio”. El político consideró que la denuncia en su contra fue presentada de “mala fe” y en numerosas ocasiones descalificó a la persona denunciante. “Ni una sola vez, desde el 96 que yo administro [el campo], hemos tenido un episodio. Sí denuncias, porque, bueno, hay gente que está al cuete en su casa, que no hace nada y se dedica a denunciar al que labura”, opinó. Agregó que si vendiera el campo, “nos iríamos con cuatro millones de dólares a Montevideo o Punta del Este”. “Dejémonos de embromar, de joderle la vida a un vecino que la única cosa que hace es trabajar, paga sus impuestos rigurosamente y, en mi caso, soy gobernante, por eso vine a dar la cara”, declaró Helguera.

En el expediente de la denuncia, que vecinos de Guichón compartieron con la diaria, el MGAP afirma que el privado incumplió el artículo 7 del decreto 264/004, que establece que “toda aplicación de productos fitosanitarios que se efectúe, a cualquier título, sea de naturaleza comercial o no comercial, deberá realizarse sin que se produzca deriva, siendo de responsabilidad del aplicador los posibles daños que la misma pudiera ocasionar”.

El 24 de noviembre, el área jurídica de la cartera tipificó la falta como “media”, dice que la compañía “no cuenta con antecedentes respecto de dicha infracción” y sugiere aplicar una multa de 6.518 unidades indexadas. La cifra equivale a 41.790 pesos uruguayos -según la cotización de la unidad indexada del 30 de noviembre- y poco más de 1.000 dólares. Le dieron vista a las partes interesadas para que puedan hacer sus descargos.

La docente que presentó la denuncia respondió al MGAP que la empresa tiene “antecedentes en el Ministerio de Ambiente y [en la entonces] Dirección Nacional de Medio Ambiente”. “Solicito respetuosamente que dichos antecedentes sean tenidos en cuenta a efectos de la determinación de la reincidencia o reiteración de conductas”, añade. También pide que la falta de Registro Único de Operadores al momento de los hechos sea considerado “agravante administrativo”. A su vez, adjunta el audio de la entrevista en la emisora. Lamenta que “el responsable de la empresa y el administrador del campo tergiversaron el informe técnico que este ministerio envió el 4 de agosto del presente año, difundiendo información inexacta, generando confusión en la comunidad en un claro intento de desacreditar la denuncia”. Subraya: “Arremetieron contra mi persona, vulnerando mi derecho como ciudadana a denunciar y desconociendo por completo mi deber como funcionaria pública”.

“Vivir en un ambiente sano es un derecho de todos y todas”

El Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales emitió un comunicado este lunes donde subraya que “estas situaciones dejan muy mal parado al Estado e interpela a los ciudadanos que realizan las denuncias”. “En este caso, las inspecciones detectaron incumplimientos y los testimonios señalan que los alumnos fueron expuestos a estas sustancias. Desde nuestra organización pedimos a las autoridades de la educación territoriales y nacionales más sensibilidad en estos temas y fundamentalmente acompañar a los docentes que con mucha valentía se animan a denunciar. Reclamamos además que la Dirección Departamental de Salud actúe cuando suceden estos hechos donde la salud se puede ver afectada”, declara.

Por otro lado, le pide al MGAP que “tenga en cuenta los instrumentos de ordenamiento territorial a la hora de realizar las inspecciones” porque estos instrumentos “prohíben explícitamente este tipo de producción en la zona”. También le solicita a la cartera que revise en forma “urgente” la resolución 188, aprobada en 2011, que habilita mediante solicitud “a que se realicen fumigaciones a una distancia inferior a 300 metros de los centros educativos”. En concreto, la normativa prohíbe realizar aplicaciones terrestres mecanizadas a una distancia menor de 300 metros de los centros educativos, pero permite que la Dirección General de Servicios Agrícolas, “previa evaluación técnica”, modifique la distancia en casos “específicos”. “Es inadmisible que la salud de docentes y estudiantes quede sujeta a un acto administrativo que en la vía de los hechos no da las garantías y el control que requiere. Es necesario que el Ministerio de Ambiente intervenga cuando se afecta el ambiente y la salud de las comunidades y, principalmente, cruce datos con el MGAP para identificar así las trayectorias y los antecedentes de las empresas involucradas”, señala.

El colectivo de vecinos ve “vergonzoso” el valor de la multa que propone el MGAP al privado que realizó la fumigación cerca de la escuela agraria. “Queda claro que hubo incumplimientos y también deja en evidencia la falta de compromiso de las autoridades territoriales -el Municipio y la Intendencia- que nunca se ponen del lado de los afectados, sino que al contrario toman partido por las empresas”. Y finaliza: “Queremos establecer con firmeza y claridad que vivir en un ambiente sano es un derecho de todos y todas”.