Entre el 28 de enero y el 4 de febrero, el Ministerio de Ambiente (MA) recibió más de 100 denuncias. Todas trataban de un mismo lugar: el humedal salino del arroyo Maldonado, considerado uno de los mayores en su tipo a nivel nacional. Las advertencias de vecinos y expertos ponían sobre la mesa los impactos que podría generar la Intendencia de Maldonado (IDM) al rellenar antiguas piletas de oxidación con escombros y residuos provenientes del exasentamiento Kennedy para construir encima una pista de picadas.
El 5 de febrero cuatro funcionarios de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) y del Área de Control Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) inspeccionaron el sitio. la diaria accedió a los informes técnicos y a la resolución que tomó Eduardo Andrés, director de la Dinacea. En los documentos consta que el jerarca se limitó a realizar sugerencias a la IDM y no tuvo en cuenta varias recomendaciones técnicas, como la de cesar el relleno de las piletas y advertir al gobierno de Maldonado que se expone a una sanción por un monto de 1.000 unidades reajustables -un poco más de 40.000 dólares con base en la cotización actual-.
Fotografías tomadas en los Humedales del arroyo Maldonado incorporadas al informe técnico del Ministerio de Ambiente.
Los incumplimientos de la Intendencia de Maldonado
Para que no queden dudas, los técnicos de la cartera ambiental afirman que el sitio objeto de las denuncias “pertenece a los humedales del arroyo Maldonado, clasificados de importancia ambiental por su rica biodiversidad y servicios ecosistémicos”. Detallan que el padrón “en el pasado era utilizado como planta de tratamiento de líquidos-lodos de evacuación barométrica” y que la IDM “se había comprometido a implementar un plan de cierre de la planta en diversas etapas”.
Las “lagunas de recepción de barométricas” dejaron de operar, según consta en un informe de los técnicos del MA, en setiembre de 2015, “dado el comienzo de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de OSE ‘El Jagüel’ en octubre de 2012”. Recuerdan que, ese mismo año, la IDM aprobó el decreto 3931/2015, que declara la superficie como “reserva natural departamental”, con base en lo establecido en la Ley General de Protección al Ambiente.
Por esta razón, quedó prohibido “cazar, acampar, arrojar residuos, talar bosque nativo y encender fuego”. Además, por considerarse un “ecosistema de gran relevancia ecológica”, la ex Dirección Nacional de Medio Ambiente y actual Dinacea “confirió vista a la intendencia para que presente un plan de cierre de las lagunas, incluyendo remediación y retiro de residuos del sitio”, que debía implementarse a más tardar en diciembre de 2016. En noviembre de 2023, a raíz de una inspección, la Dinacea constató que la IDM “no había cumplido con el plan de cierre”.
El plan de cierre incluía la “limpieza de alrededores y camino de acceso de los residuos arrojados en el entorno”, el “relleno de las lagunas con tierra que quedó acumulada cuando se construyeron” y la “colocación de cartelería informativa indicando que es una zona que integra el corredor biológico determinado por el decreto departamental”, detallando las actividades prohibidas. A su vez, también definió que la “intención [es] dejar que el sistema de lagunas se integre con el entorno como parte del corredor biológico”.
Un impacto “inadmisible”
En su informe de esta semana, los técnicos del MA relatan que recabaron “evidencia de que en el sitio hay vertido de residuos, compuesto principalmente por escombros, plásticos, residuos electrónicos, entre otros”. “Según lo dispuesto en el plan de cierre de la planta, para el relleno de las lagunas se debe utilizar la tierra acumulada en los terraplenes que limitan las lagunas, lo que permitiría dar continuidad al humedal natural fortaleciendo la conectividad ecológica. Sin embargo, durante la inspección se observó que los terraplenes continuaban en el lugar y no fueron utilizados para el relleno de las lagunas”, dice el documento.
Por otro lado, observaron que el camino de acceso a las lagunas “estaba siendo ensanchado con relleno de escombros afectando los humedales que están linderos”. Asimismo, detallan que “la obra implica la circulación activa de personal y de varios vehículos: camionetas, camiones con materiales y maquinaria pesada sobre zonas de bañados”. Contabilizaron que “ingresan aproximadamente 130 camiones por día, a la fecha han ingresado aproximadamente 1.000 y se estiman 3.000 viajes para finalizar el trabajo”.
Control Ambiental de la Dinacea entiende que es “inadmisible” que la IDM “vuelque residuos en las antiguas lagunas de recepción, ubicadas sobre el humedal del arroyo Maldonado, por implicar un riesgo significativo para la integridad del ecosistema del humedal, afectando la calidad del suelo, el agua y la biodiversidad asociada, en contravención con las disposiciones de la Ley General de Protección al Ambiente y los mismos decretos de la propia Intendencia de Maldonado”.
Enfatiza que “esta práctica de ninguna manera puede considerarse como parte del plan de cierre de las lagunas”. En este sentido, los técnicos sugieren “conferir vista de que está pasible de sanción, por un monto de 1.000 unidades reajustables” y “detener inmediatamente el vertido de residuos en dicho predio”. También plantea que la IDM presente, en el plazo de diez días hábiles, “un plan de retiro de los residuos volcados” y que esas actividades no se extiendan por más de dos meses a partir de la notificación. Proponen, asimismo, que se le otorgue un plazo de un mes para que presente “un plan de restauración” del predio.
Por su parte, la Dinabise subrayó que las actividades generaron la “pérdida de conectividad ecológica”, la “pérdida de vegetación natural del humedal por el ensanche del camino de acceso a las lagunas afectando su biodiversidad”, “contaminación” por “el material utilizado para el rellenado”, la alteración de “los patrones de flujo de agua dentro del humedal”, la “fragmentación de hábitat” -que repercute en “el movimiento de algunas especies y reducir su capacidad para encontrar alimento y reproducirse”- y, finalmente, los “impactos sonoros” debido a la circulación de maquinaria y vehículos.
Las sugerencias de Andrés tras visitar el humedal
El 11 de febrero, Eduardo Andrés dio vista a la IDM de un informe firmado por él mismo, en el que no menciona el que realizaron sus técnicos y los de la Dinabise. “Actuaciones de la Intendencia de Maldonado en el humedal y planicie de inundación del arroyo Maldonado. Realizada visita al lugar acompañado por el arquitecto Diego Capandeguy”, dice el asunto del documento. Este último es un asesor contratado por Antía para, entre otros servicios, revisar el Plan de Ordenamiento Territorial del Eje Aparicio Saravia con vistas a la instalación de una zona franca junto al humedal del arroyo Maldonado.
Andrés comenzó por señalar que la IDM realizó acciones sobre el asentamiento Kennedy, que “había afectado una importante área parquizada de borde de la ciudad de Maldonado, con diversas externalidades e impactos no sólo sociales sino también ambientales”, y que lo mismo ocurrió con el asentamiento El Placer. “Actualmente se está procediendo a una importante tarea de remoción y retiro de escombros” del asentamiento Kennedy, “en el marco de su recuperación ambiental y urbana”, agregó.
“Según lo constatado in situ, gran parte de tales escombros (luego de una separación muy primaria de los elementos potencialmente más contaminantes) se están depositando y compactando dentro de un área de infraestructuras ambientales de la comuna fernandina en desuso. Ello incluye sectores donde se habían dispuesto especialmente viejos piletones de líquidos residuales”, mencionó. Enseguida indicó que ese lugar “tiene una disposición de ‘espina’”, que se adentra “varios cientos de metros en la planicie de inundación y en parte del humedal del arroyo Maldonado”, y que las piletas y áreas contiguas donde se deposita el relleno ya estaban “perturbadas ecológicamente”.
Por último, Andrés consignó que “las autoridades de la IDM presentarán a la brevedad un informe técnico sobre las actuaciones en curso” y, sobre esa base, planteó “sugerencias” a la administración departamental. Primero, “incrementar los esfuerzos en la selección de los escombros aún previstos” en las piletas de oxidación “para que sólo se dispongan materiales inertes”. Luego, “velar porque sólo se afecte con relleno la actual ‘espina’ de infraestructuras’” y “no habilitar futuros usos recreativos ambientalmente perturbadores, como una eventual ‘pista de picadas’”.
También recomendó “realizar una propuesta de detalle para la regeneración ecológica” del lugar e “implementar una estrategia de gestión alternativa, control, educación ambiental futura de esta área para facilitar su recuperación ambiental, minimizar la eventual disposición furtiva de residuos sólidos urbanos y ponerla en valor”.
La versión de Antía y el “interés político”
En la noche del 11 de febrero, unas horas después de que Eduardo Andrés notificara a la IDM sobre su informe, Antía dio una rueda de prensa sobre el asunto. “El director general del MA y un técnico asesor nos vinieron a visitar y vieron que eso no es el humedal, sino el viejo basurero y las piletas, y que ahí no hay riesgo ninguno de que el agua de las crecidas del arroyo ingrese al predio porque tiene un murallón de tierra de más de dos metros de altura en toda la vuelta”, dijo. “Le mostramos que ahí hay cubiertas enterradas desde hace años porque eso era un basural. Lo que estamos haciendo es emprolijando algo que estaba en condiciones horribles”, agregó, para volver a cargar -como desde hace una semana- contra quienes defienden el ecosistema de la zona y el cumplimiento de la normativa ambiental y de ordenamiento territorial vigente. A su juicio, detrás del conflictivo asunto hay “un interés político, una línea política promovida por algunos que la están aprovechando porque viene un momento electoral”.
“¿La pista de picadas se hace o no? Porque en las últimas horas hubo rumores como que no se haría”, le preguntó un periodista de FM Gente. “No se realizará la pista de picadas en la zona del humedal del arroyo Maldonado. Así lo confirmó a FM Gente la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado”, Bethy Molina, había publicado más temprano la emisora en su portal de noticias. El artículo no entraba en detalles sobre la afirmación de la jerarca, determinante para los cientos de personas que batallan contra el relleno de las antiguas piletas de oxidación y reclaman la reubicación de la pista proyectada en el lugar. Sin embargo, desató festejos de numerosos ambientalistas en las redes sociales, mientras la agrupación “Vecinos por el humedal” buscaba, sin éxito, una confirmación oficial.
“Tengo la intención de hacer la pista. Vamos a ver cómo y dónde, pero primero vamos a resolver el tema del Kennedy y después vamos a hablar de lo otro”, respondió el intendente. Luego enfatizó que Molina dio “una opinión personal, no de la IDM”, y aseguró que la jerarca había estado con él, el martes 10, en el encuentro en el que “el director general del Ministerio de Ambiente y un técnico vieron que esa zona no es humedal”. “Ella también vio que eso no es humedal, defendió que no es humedal, sino un viejo basurero y una zona de descarga de barométricas. La directora de Ambiente está ahora de candidata y entonces está buscando votos también”, fustigó el intendente.
En efecto, en la noche del martes 10, la convención del Partido Colorado proclamó a Molina como una de sus dos postulantes a la contienda electoral de mayo próximo. Por el momento, se desconoce si la jerarca renunciará a su cargo para dedicarse a la campaña. Por lo pronto, el miércoles los camiones municipales continuaron su trasiego hacia las antiguas piletas de decantación, cargados con todo tipo de materiales, producto de la demolición de cientos de casas del Kennedy, como constataron los técnicos ministeriales a raíz de las denuncias vecinales.
El movimiento ratifica que si bien Antía dejó dudas sobre la ubicación definitiva de la pista para picadas, está decidido a utilizar las viejas piletas para despejar rápidamente las tierras del exasentamiento Kennedy que, según anunció, subastará al mejor postor para “achicar” la deuda de 35 millones de dólares contraída por la IDM mediante fideicomiso financiero para realojar el barrio.