Javier Palummo ocupa el cargo de relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es uruguayo, tiene el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia y una larga lista de reconocimientos y formación. Por nombrar tan sólo un ejemplo, en el período 2015-2023 fue director de Investigación y Gestión de Información y coordinador académico en el Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos del Mercosur. Durante la última semana de marzo realizó una visita académica a Uruguay. Su objetivo era abordar temáticas vinculadas al derecho a un ambiente sano –prioritario en su plan de trabajo– y difundir las herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En su estadía tuvo reuniones con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también participó en el conversatorio “Derechos humanos y ambiente: fortalecimiento del marco jurídico de América Latina y el Caribe” que organizó la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la República, en el que escuchó las preocupaciones de un gran número de organizaciones de nuestro país.
¿Qué percepción tuviste del conversatorio convocado por la Cátedra de Derechos Humanos?
La instancia fue muy interesante. Desde el punto de vista personal, es muy satisfactorio recibir una invitación de la universidad de la cual egresé. Hace 11 años que no me desempeño en Uruguay como defensor de derechos humanos, entonces siempre es muy grato saber que existe esta posibilidad y este interés en el trabajo que uno hace. Desde un punto de vista institucional, esta invitación me fue muy útil a la hora de poder escuchar. Fue un conversatorio donde hubo presentaciones de muchas organizaciones, muchas personas. Fue importante porque me permitió identificar temas de la agenda de protección del medioambiente del país. Este tipo de visitas permiten escuchar, identificar temáticas y también permiten tener la posibilidad de promover y difundir las distintas acciones que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, las audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia realización de una visita de trabajo.
Las organizaciones estuvieron muy interesadas en explorar distintas herramientas del sistema para incorporarlas en sus estrategias. Tienen una ventaja muy importante: Uruguay no sólo es un país que ha ratificado los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente los interamericanos, sino que tradicionalmente ha sido un país muy abierto a recibir visitas, recomendaciones y pensar en la incorporación del enfoque de derechos humanos a las políticas públicas. Uruguay no es un gran usuario del sistema, por eso es tan importante promocionarlo.
¿Cuáles son los principales desafíos que tiene Uruguay en materia de derechos ambientales?
Estoy opinando específicamente con base en la reunión que tuvimos en la universidad. En el conversatorio, personas de la academia y de los movimientos sociales abordaron el tema del agua como especialmente relevante para sus acciones. Lo hicieron desde muchas perspectivas, no sólo el suministro de agua potable, sino todo el ciclo vinculado. Desde la fuente hasta la distribución del agua, también aspectos que tienen relación con los usos productivos del agua, cuestiones que tienen vinculación con el agronegocio, que tienen relación con el uso del agua por proyectos industriales. Las organizaciones manifiestan interés en que se aborde la temática de la contaminación de los cursos de agua. Una organización específicamente habló sobre la laguna Merín, que es una temática que a mí me interesa mucho. En diciembre del año pasado hice una visita de trabajo a Río Grande del Sur para abordar los temas ambientales, específicamente el impacto de las inundaciones. El impacto para todas las poblaciones, pero en especial para las que han estado sujetas a formas históricas y estructurales de discriminación.
La temática del agua no es de interés exclusivo de las organizaciones de Uruguay. Yo diría que es de interés de todo el bioma pampa. Vamos a publicar el informe de la visita de trabajo a Brasil en mayo, que contó con la invitación por parte del gobierno de Brasil, que nos permitió recorrer las regiones más afectadas y realizar entrevistas directas con las víctimas. El informe tiene recomendaciones concretas de políticas públicas para la adaptación, mitigación, políticas públicas necesarias para afrontar tragedias ambientales que, en muchos casos, tienen también causas vinculadas a lo antropogénico. El uso del suelo es un tema crítico en este caso.
¿La idea es hacer un informe parecido con tu visita a Uruguay?
No, esta visita no produce informe porque es una visita promocional. En un futuro, si prospera la idea de una visita de trabajo y obviamente contando con la invitación por parte de Uruguay como Estado receptor, se podría planificar dentro de la agenda de trabajo de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales una intervención de este tipo. Hay que pensar que es una relatoría que tiene muchos temas.
Nosotros tenemos un plan de trabajo que prioriza cuatro. El primero es la emergencia climática y protección del medioambiente. Abordamos en forma específica el impacto en varios derechos económicos, sociales, culturales. Por ejemplo: el agua y cambio climático; el impacto del cambio climático en la salud, como las enfermedades por vectores, el aumento del dengue cada vez más en lugares donde antes no había; también la transición energética, donde abordamos el tema de minerales críticos de la transición y las grandes infraestructuras vinculadas a energías renovables. Siempre lo hacemos desde un enfoque de justicia ambiental. Es decir, cómo de alguna manera este tipo de iniciativas terminan teniendo un impacto muy grande en comunidades que no han sido ni por casualidad las causantes del calentamiento global, pero sin embargo sufren de alguna manera algunos de sus peores efectos. Montan en sus comunidades grandes obras de infraestructuras que terminan impactando gravemente en sus medios de vida, en su dignidad, o porque se empiezan a desarrollar actividades extractivas vinculadas a los minerales críticos de la transición que repiten los mismos antecedentes –en algunos casos, problemáticos en términos de derechos humanos– de la minería tradicional.
La segunda prioridad gira en torno a las empresas y derechos humanos. Tenemos las industrias extractivas, con un desarrollo específico de acciones vinculadas a minería de oro, legal e ilegal, por la contaminación de mercurio y arsénico. Tenemos acciones muy específicas vinculadas al uso de agrotóxicos y el impacto de agrotóxicos. También tratamos el tema de la industria tecnológica, donde generamos un proyecto vinculado a trabajadores de plataformas, optamos por ese tema específicamente, pero es una agenda mucho más amplia. La industria alimentaria, sobre todo por las enfermedades no transmisibles, los alimentos ultraprocesados. Después, la tercera prioridad son políticas económicas y políticas fiscales; aquí tenemos temas clásicos de reforma tributaria y financiación de los servicios para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Está el tema deuda pública, de pérdidas y daños, que también está vinculado al cambio climático, el impacto de las políticas de austeridad, y tenemos también la captura del Estado.
¿La captura del Estado por parte del narcotráfico?
De las empresas, el lobby es muy eficiente para tener incidencia en la toma de decisiones.
¿Una recomendación para Uruguay podría ser aprobar una ley antilobby?
No puedo adelantar ningún tipo de recomendación. No hemos hecho un estudio específico sobre la temática. El estudio que estamos pensando en temas de políticas económicas y fiscales va a ser sobre el principio de derechos humanos para las políticas fiscales. Va a abordar muchos de estos temas y dar recomendaciones. Es un estudio general.
Javier Palummo
Foto: Ernesto Ryan
En varios artículos hemos planteado que los pastizales, ecosistema característico de Uruguay, no suelen tener el mismo reconocimiento a nivel internacional que otros, como la Amazonia. Sin embargo, gran parte de nuestra biodiversidad vive allí. ¿Cuál es tu postura sobre esto?
Cuando tomé la decisión de abordar el tema del cambio climático en Río Grande del Sur, el detonante fueron las inundaciones, pero también me parecía muy importante poder hacerlo por otras razones. Cuando la gente piensa en pueblos indígenas y Brasil está pensando en la Amazonia, la cooperación internacional, los organismos internacionales están pensando en la Amazonia. Los pueblos indígenas guaraníes de Río Grande del Sur a veces no están en la agenda. El propio bioma pampa es un bioma con un estatuto de protección bajo con relación a otros biomas. Existen regulaciones y existe mucho interés en la preservación de otros biomas. Sin embargo, el bioma pampa no ha quedado de alguna manera en la primera página. La situación de los pueblos indígenas del bioma pampa también ha tenido esta dificultad. Poner estos temas en las agendas me parece súper importante y estratégico, sobre todo porque no van a estar en la primera página si no se hace un esfuerzo. Además, estoy convencido de que para trabajar estos temas es necesario problematizar y cruzar las distintas agendas del plan de trabajo. Esto no es sólo un tema de protección del medioambiente, también es un tema de una agenda de empresas y derechos humanos.
¿Cuál es el cuarto tema prioritario de tu plan de trabajo?
Es democracia y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Está muy vinculada con el Acuerdo de Escazú: la participación en la toma de decisiones ambientales, la protección de las personas defensoras del medioambiente y también el acceso a la información. La idea fuerza es que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y de alguna manera la existencia de crisis democráticas, la erosión de las instituciones democráticas e incluso intentos de golpes de Estado en nuestra región tienen un diálogo. De alguna manera las crisis democráticas, la situación de debilidad de las instituciones democráticas, lejos de ser de alguna manera el telón de fondo del deterioro ambiental y en muchos casos el aumento de la desigualdad, opera como el velo que se interpone y que no nos deja ver las situaciones críticas de deterioro del medioambiente y del aumento de la desigualdad. De alguna manera son funcionales.
Cuando vemos la situación de un país le prestamos tanta atención al conflicto político que no prestamos atención a que esa obturación de nuestra mirada no nos permite ver los procesos de deterioro ambiental que están ocurriendo y acelerándose, aprovechándose de esas debilidades institucionales. Esa mirada centrada en las crisis institucionales, centradas en derechos civiles y políticos termina siendo un velo que nos impide ver el deterioro medioambiental, el deterioro en la situación de la dignidad humana de las personas y el aumento de la desigualdad. Desde mi posición como relator especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, tengo que combatirlo, porque es especialmente crítico, porque son agendas que se terminan viendo, si es que se ven, en el último capítulo, en la última página o en una nota al pie. Vivimos en una región en la cual las situaciones de crisis institucional no quedaron en el pasado; en Uruguay, por suerte sí, pero tenemos una región en la que ha habido intentos de golpe de Estado.
En este contexto, ¿cómo te imaginás una transición energética justa?
Las experiencias de transición energética van a estar siempre condicionadas a determinadas posibilidades de establecer marcos normativos institucionales para que esto ocurra de una forma adecuada. Implica, en primera instancia, algunos estándares que tienen relación con el enfoque de derechos humanos. Participación, producción de información, que las comunidades afectadas por las grandes obras de infraestructura vinculadas a la transición energética o a la producción de energías limpias resulten beneficiadas del desarrollo de este tipo de obras. Obviamente que en el marco de procesos de participación haya una consulta previa, libre, informada. Este tipo de cuestiones son estándares del derecho internacional, del derecho interamericano, que son básicos para lograr que este tipo de iniciativas tengan un impacto en términos de justicia, porque estamos hablando de una transición justa.
Es fundamental que este tipo de iniciativas estén acompañadas por políticas que den lugar a la redistribución. Esta lógica debe estar tanto en el ámbito más local o nacional como en el propio ámbito de debates multilaterales e internacionales, porque se da una doble paradoja. Los países que menos han contribuido al calentamiento global terminan siendo de alguna manera la clave para la transición energética. Tienen los lugares donde están los mejores vientos del mundo, las minas más importantes de litio. Se da esta injusticia de alguna manera. Esto implica una lógica de arquitectura financiera internacional, de pérdidas y daños, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por otro lado, dentro de los países, los grupos que suelen recibir los peores impactos de la crisis climática son los grupos que también tuvieron escasísimo protagonismo en la producción de esta situación que estamos viviendo, en la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, y que, además, son grupos que forman parte de sectores estructuralmente víctimas de discriminación.
Para que la transición energética sea justa debe tener en consideración el impacto diferenciado y cierta distribución de los beneficios que va a generar la transición en el sentido de poder reconocer y garantizar los derechos de estas poblaciones. Desde la perspectiva de derechos humanos, la transición energética, para ser justa, tiene que ir de la mano de la justicia social. Tiene que considerar cuestiones críticas que hacen a formas históricas y estructurales de discriminación. Se necesita estados que tengan normas eficientes y adecuadas, vinculadas a reglamentación, sanción, supervisión de la actividad empresarial. También es necesario un mecanismo de acceso a la justicia y participación para que las personas afectadas, las comunidades afectadas tengan la posibilidad de tener incidencia en la toma de decisiones en asuntos ambientales. No hay que inventar nada. Básicamente son estándares que tenemos en el sistema interamericano desde hace años, que ahora se ven reforzados por el Acuerdo de Escazú. Tiene que ver con participación, acceso a la justicia y debates que hay que dar.
Hay que dar los debates. Las herramientas que tienen hoy día las personas defensoras de derechos humanos, defensoras ambientales, para hacer valer sus derechos, ¿no tendríamos que revisarlas? Lo mismo con nuestras legislaciones sobre evaluación de impactos ambientales, muchas son de la década del 90. Ocurrieron muchas cosas desde aquel momento hasta la actualidad: el Acuerdo de Escazú, el derecho al medioambiente sano pasó a ser reconocido por Naciones Unidas en 2022. Este derecho no era, en el ámbito de Naciones Unidas, un derecho humano hasta esta fecha. En el ámbito del sistema interamericano, el protocolo de San Salvador lo reconoció en 1988 y se puso en vigencia 11 años después. Muchas cosas cambiaron.
En Uruguay, el artículo 47 de la Constitución...
El artículo 47. Muchas cosas cambiaron. Hay siempre una agenda de ver si algunas herramientas siguen siendo útiles o si se necesitan herramientas específicas. Pensemos además que muchas de las herramientas de derechos humanos fueron creadas para abordar temas civiles y políticos. Sobre todo en nuestros países, donde muchas de las normas y la institucionalidad estuvieron muy pendientes del tema posdictadura y recuperación de la democracia. Había una mirada muy centrada en derechos humanos vinculada a temas de derechos civiles y políticos. Hoy día estamos viendo grandes desafíos con otro tipo de derechos que necesitan otras herramientas para su protección.