Vecinos de Punta del Diablo lograron que intendencia deba tener autorización de Ambiente para continuar obra en faja costera

El 31 de marzo, el juez Alejandro Recarey accedió a la medida de no innovar solicitada por vecinos y vecinas de Punta del Diablo para frenar la obra de adoquinado que estaba llevando adelante la Intendencia de Rocha y la compañía Grinor SA en el balneario. La herramienta legal tendrá vigencia hasta que “no se cuente con la correspondiente autorización ambiental previa por parte del Ministerio de Ambiente o se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”. En el escrito, el juez afirma que el “principio precautorio” fue una de las razones de la decisión, subraya que “una permisión precipitada y sin control podría provocar daños ambientales graves o irreparables”, y remarca que es “mucho menos dañosa una espera que habilitar la posibilidad de una obra que pueda estar mal hecha”. En este sentido, Recarey también respaldó su sentencia en dos informes, uno realizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos –los vecinos y vecinas presentaron una denuncia en noviembre– y otro del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Asimismo, aclara que la medida de no innovar detiene “las obras de adoquinado y no otras tareas de mantenimiento ambiental ajenas a las mismas”.

Mientras los vecinos festejan la decisión del juez Recarey y un nuevo antecedente para la protección ambiental, Alejo Umpiérrez, exintendente de Rocha y candidato al mismo puesto en las próximas elecciones departamentales, planteó su “dolor” con los vecinos organizados y anunció la colocación de cartelería para evitar que se “responsabilice al gobierno departamental”. Los letreros, especificó, tendrían el fallo judicial y el nombre de los vecinos que presentaron la herramienta judicial de no innovar hasta que la obra cuente con aprobación, o no, del Ministerio de Ambiente.

Efectos ambientales: la playa en peligro

Un dato importante, que también forma parte del contexto, consiste en que el 3 de diciembre la Institución Nacional de Derechos Humanos creó el Área de Protección del Ambiente. Algunos de sus objetivos, dice la resolución del organismo, son “recolectar información proveniente de sociedad civil acerca de aspectos relacionados con la protección del ambiente”, “establecer un contacto directo y fluido con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en el marco de los cometidos de ambas instituciones y del convenio oportunamente suscrito”, el “relacionamiento con otros organismos estatales con competencia en el diseño e implementación de políticas públicas relacionadas”, relevar el cumplimiento de leyes vigentes “con relación al medioambiente” y hacer “propuestas para obtener información aún no disponible”.

En el marco del convenio mencionado, Ismael Díaz, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, fue el encargado de realizar el Informe diagnóstico preliminar del proyecto de adoquinado de las calles Rivera, 30 y Avenida de los Pescadores. En él el investigador indica que el objetivo fue “caracterizar de forma sucinta la zona de estudio y aportar elementos que permitan dimensionar los posibles impactos de las obras a realizar”. También aclara que el trabajo “no emerge de un estudio sistemático de la zona”, sino que “se basa en marcos conceptuales generales de dinámica de vertientes y funcionamiento del sistema litoral e información disponible para interpretar los potenciales impactos del proyecto de adoquinado”, si bien agrega que se realizó una inspección en territorio.

“El trazado de las calles actuales, y del proyecto de adoquinado, presenta inconsistencias con los planos de Catastro”, sostiene el informe, y puntualiza que “el proyecto se encuentra en su totalidad en la faja de defensa de costa, faja determinada a partir de los 250 metros de la línea de costa definida por NAP Costas”. También señala que “la urbanización y la concentración del flujo de escurrimiento superficial desde las zonas altas generan procesos de erosión de la Playa de los Pescadores”, que “en la cuenca alta predomina el uso del espacio urbano/residencial/turístico” y que “la zona se caracteriza por la ausencia de un sistema de manejo de pluviales y por la existencia de un sistema de saneamiento problemático”. En este sentido, acota que “estudios realizados por el Laboratorio de Ecotoxicología-CURE-Udelar detectaron en el verano de 2024 valores de coliformes fecales elevados en agua y sedimento en la Playa de los Pescadores”.

En el informe se detalla que “el adoquinado en los tramos 1 y 2 ya se ha comenzado y aparentemente se ha finalizado”. “Estos tramos no cuentan al momento con manejo de las aguas pluviales así como tampoco cuentan con cunetas/bordes. Se ha constatado la existencia de procesos iniciales de erosión de los bordes de las calles. Para los tramos 3 y 4 se desconoce si se hará manejo de pluviales y bordes dado que las obras aún no han comenzado, pero se infiere que continuará de igual manera que lo realizado para los tramos 1 y 2”.

También se remarca que el adoquinado en tres calles (Rivera, 30 y Avenida de los Pescadores) genera “una sustitución de los materiales componentes de la calzada”, lo que “contribuirá “a concentrar el flujo de escorrentía, generando flujos de mayor energía, con mayor capacidad erosiva y mayor capacidad de transporte. Estos valores son mayores en el tramo 2 y menores en el tramo 4, debido a la pendiente del terreno”. Al respecto, detalla que “el incremento del flujo y de la energía seguramente genere impactos en las viviendas y comercios de las calles adoquinadas y principalmente de las que reciben el drenaje de estas calles. Al no contar el proyecto con acciones orientadas al manejo de aguas pluviales, es esperable que en momentos de máximas precipitaciones aumente la concentración del flujo superficial y, por tanto, su capacidad de arrastre de materiales gruesos hacia la playa”. Todo ello, sostiene el informe, podría “agravar la situación actual de erosión de los bordes de la caminería al tiempo de agravar los procesos de drenaje de aguas servidas”.

“La deficiencia del manejo de pluviales y del sistema de saneamiento (pozos perdedores por infiltración y robadores) inciden en la elevación de la freática de la playa, proceso que ha sido constatado en varias costas del país. Por otro lado, es posible que el proyecto genere una disminución de la acumulación de arena y la ocurrencia de depósitos de materiales gruesos en la zona de playa”, manifiesta. El científico plantea en el informe que avanzar en proyectos que “no consideran el manejo de las aguas pluviales” en una zona “con grandes deficiencias en el sistema de saneamiento” podría “comprometer seriamente la calidad de la playa, afectando el derecho de la población a habitar y recrearse en ambientes sanos”.

El técnico afirma entonces que es “imprescindible realizar un estudio en detalle que permita evaluar el impacto de este proyecto en diversas dimensiones, por ejemplo en la calidad urbana, la estabilidad de la caminería y cunetas, el riesgo de enfermedades asociado a la interferencia entre el sistema de saneamiento y la concentración de flujo de agua”. Desde su perspectiva profesional, “estos impactos potenciales, de concretarse, vulnerarían los derechos de habitantes y turistas, y además comprometerían el futuro de la actividad turística en la zona”. Asimismo, la finalización del proyecto generaría “interpretaciones de la normativa que pondrían en riesgo la conservación de la faja de defensa costera”.

“La totalidad del proyecto se localiza dentro de la faja de defensa costera, por lo cual, además de ser una zona de importancia crítica para la conservación, deberían cumplir con la normativa vigente y por tanto realizar la solicitud de Autorización Ambiental Previa al Ministerio de Ambiente”, concluye. Por último, resalta la importancia de “disponer información detallada para la aprobación y ejecución de este tipo de proyectos”. Propone evaluar rigurosamente “la dinámica del escurrimiento superficial de las aguas pluviales”, “la capacidad erosiva del escurrimiento superficial”, “la interacción entre el escurrimiento superficial y el sistema de saneamiento”, “alternativas de saneamiento en zonas rocosas y de situación irregular de propiedad”, la “exposición y vulnerabilidad de infraestructuras” y el “aumento del nivel de humedecimiento y del riesgo de erosión de la playa”.

Antecedente “regresivo” en derechos humanos y de espacio costero

El 18 de diciembre de 2024, la Institución Nacional de Derechos Humanos también emitió un informe con su perspectiva. Allí concluye que existe una “obra de adoquinados en desarrollo”, que “no cuenta con terminaciones laterales o cordones y tampoco veredas o sendas peatonales” y que “no prevé el manejo de las aguas pluviales, lo que demuestra que no existe un estudio de impacto ambiental, considerando que se trata de un balneario con importantes pendientes de terreno”. “Tanto el adoquinado como las pendientes promueven el aumento de escorrentía de aguas pluviales y residuales, con posibilidad de arrastre de materiales como el balasto y residuos en dirección a la Playa de los Pescadores, así como a casas o locales de particulares”, manifiesta el organismo, que observa como “imprescindible” contar con un “proyecto integral de la zona que considere las características del balneario y el impacto ambiental”.

“Por otro lado, se debe tener presente que la obra puede llevar a la colisión de interpretaciones normativas respecto al límite de la faja de defensa costera, por lo que resulta imprescindible un estudio de impacto ambiental y autorización del organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental. Téngase presente que, sin perjuicio de las diferentes interpretaciones de la normativa medioambiental, corresponde optar por la más protectora en aplicación del principio in dubio pro natura, el cual implica que en caso de duda, oscuridad o incertidumbre, la decisión a tomar debe ser la que proporcione una mayor protección o conservación del medioambiente”, subraya el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos. “En los términos en que está planteada la obra en la actualidad, se considera regresiva en cuanto a la protección de derechos humanos y del espacio costero”, finaliza el texto.

Enojo de Umpiérrez con vecinos que pidieron estudio de impacto ambiental

El candidato y exintendente de Rocha Alejo Umpiérrez, tras conocer el fallo, manifestó que la obra “estaba detenida”. “Nosotros accedimos, porque está en el escrito presentado, a realizar el estudio de impacto ambiental porque entendemos que ahora, vista la mitad de la obra, ya se puede evaluar perfectamente que no generó ningún impacto ambiental”, dijo en diálogo con Radio Ulmá. En esta línea, apuntó que van a realizar el trámite ante el Ministerio de Ambiente y que no tiene “ninguna duda de que va a salir, porque esto va a evitar el drama del aporte de tosca a la Playa de los Pescadores”. Señaló que le “duele” el “sentido de oposición permanente de un conjunto de personas que yo creo que no representa la voluntad de la mayoría de la población ni de los frenteamplistas”.

“Al resto de la bajada de los pescadores que no incluye adoquines no le vamos a poner más tosca. La prohibición de innovar incluye no tocar el resto”, apuntó el exjerarca. Declaró que no van a “ser responsables de más impactos ambientales con la tosca en la costa”. “Yo sé que hay gente que nos va a reclamar por el mantenimiento de tosca. Vamos a poner una cartelería en los dos extremos de la bajada de los pescadores alusiva al fallo judicial y a la iniciativa del expediente ‘Paula Laporta y otros actores contra Intendencia de Rocha’”, anunció. Al ser consultado sobre si buscaba responsabilizar a los vecinos por organizarse y pedir un estudio de impacto ambiental, respondió que no y sumó que, “simplemente, no me vengan a reclamar que yo mantenga y que no hago un mantenimiento responsable”.

Los periodistas de Radio Ulmá le preguntaron sobre si no sería conveniente que el cartel diga “por resolución del juez Recarey”, que tomó la decisión, en lugar del nombre propio de un vecino, a lo que respondió: “Hay alguien que inicia”.

El día viernes efectivamente el cartel fue colocado. Allí puede leerse “Por resolución de Juzgado Letrado de lo Civil de 9° Turno en el juicio 'Laporta Miguez, Paula y otros C/IDR y otro prohibición de innovar' IUE. 2-10080/2025 se prohibió a la IDR realizar toda obra sobre el tramo de la Bajada de los Pescadores razon (sic) por la cual no realizará mas (sic) mantenimiento en tosca para evitar contaminacion (sic) en las playas”.

Umpiérrez también remarcó que “Recarey es un hombre que es muy conocido por un conjunto de posiciones muy radicales en esta materia, no es nada nuevo. Aparte le han ocasionado incluso muchos problemas” en el Poder Judicial, aunque enseguida sumó que “no hacemos juicio sobre esto”. “Es que, simplemente para evitar que se responsabilice al gobierno departamental de la falta de mantenimiento del resto del tramo, vamos a poner la sentencia, la resolución judicial que nos obliga, en los dos extremos del camino, para que no venga después toda la gente a reclamarle al gobierno departamental”, finalizó. En la sentencia, el juez indica que la medida cautelar de no innovar detiene “las obras de adoquinado y no otras tareas de mantenimiento ambiental ajenas a las mismas”.

No estaban locos: era necesario estudiar el impacto ambiental

Paula Laporta es bióloga, integrante del Colectivo Ambiente de Punta del Diablo, también del grupo de vecinos y vecinas que presentaron la medida cautelar de no innovar para frenar la obra hasta que no cuente con un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente, y defensora del plan de drenaje, elaborado con participación de la comunidad entre 2017 y 2019, pero que nunca se llevó adelante, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir la erosión costera. En diálogo con la diaria, agradeció el accionar y los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, e indicó que estos mejoraron sus argumentos y fueron clave en la decisión del juez Recarey. “La sentencia, en sí misma, entendemos que es muy buena. La sentencia del juez es muy clara, robusta, contundente y no da lugar a dudas”, apuntó.

“La decisión sienta un antecedente en lo que es un proceso que genera la comunidad en contra de un accionar que viola la normativa nacional, que no brinda información, que no brinda participación a la comunidad y que impone medidas o acciones que en realidad no necesariamente son las que necesitan la comunidad y el territorio. En definitiva, el pueblo respondió y fue escuchado. De esta manera, se muestra que no somos unos hippies-ecologistas, tal como nos trataron, ni que somos unos caprichosos, ni que hay un tema político partidario. La comunidad se unió, aunque se buscó dividir entre el adoquín sí, el adoquín no. Hubo una unión en los grupos para avanzar en esta medida. En definitiva, no estábamos locos”, concluyó Laporta.