¿Cómo se vería una factura de OSE si se convirtiera en una herramienta de educación ambiental?

¿De qué ríos, arroyos, cañadas, lagunas o acuíferos proviene y qué calidad tiene el agua que llega a tu canilla?

La ausencia de respuestas a esta y otras preguntas en una plataforma gubernamental de fácil acceso y comprensible para la ciudadanía fue una de las razones que motivaron la conformación del proyecto Agua y salud: pérdida de calidad de agua potable, sus causas y sus consecuencias sobre la salud humana en Uruguay, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar). El proyecto fue presentado por investigadores del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y las facultades de Ciencias, Medicina, Veterinaria e Ingeniería de la Udelar, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y también por la Federación de Funcionarios de OSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la diaria. A través de estas páginas contaremos los avances que vaya teniendo.

En este contexto, un equipo de esta iniciativa está en búsqueda de herramientas que puedan hacer más dinámica la información para incentivar que la población proteja sus bienes comunes. Ese equipo está conformado por Solana González, educadora ambiental y docente en la Facultad de Veterinaria, Eliana Arismendi, bióloga y educadora ambiental, Carla Kruk, investigadora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y del Departamento de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del CURE, y Mariana Castiñeiras, docente y realizadora audiovisual.

Allí nació la propuesta de hacer un nuevo diseño de la factura de OSE, con el fin de que pueda ser utilizada como una herramienta de educación ambiental en los diferentes niveles de formación, así como de la creación de un Observatorio del Agua en el que se puedan ver los datos históricos de la calidad de este bien común. La idea es que en esta última plataforma se incorporen, de una forma amena, todos los monitoreos que hace la compañía estatal, que incluyen el agua bruta, el agua tratada, el agua en tanques de distribución, entre otros. En un momento en el que la crisis socioambiental es cada vez más palpable en la vida cotidiana, es necesario que la población logre comprender qué calidad tiene el agua que está recibiendo con datos confiables, pero también el estado que tienen las fuentes de agua desde las que se abastece y los procesos de potabilización por los que tuvo que pasar antes de utilizarla. En esto, OSE tiene un rol clave.

Con esta primera propuesta de diseño de la factura, las investigadoras buscan instalar la idea en el debate público. En caso de que las autoridades decidan tomar una decisión en este sentido, plantean que tendría que ser en acuerdo con la ciudadanía y discutido en los ámbitos que correspondan.

No es sólo la factura

El agua potable es definida en el decreto 375/011 como “el agua apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no genere rechazo”. Las investigadoras consideran que la difusión de este concepto es fundamental. Esta normativa modificó en 2011 el Reglamento Bromatológico Nacional porque el Ministerio de Salud Pública entendió que era “necesario revisar los parámetros que definen las características del agua potable y sus valores máximos admitidos” para que estén en consonancia con los criterios estipulados por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los cambios fueron establecidos con base en recomendaciones hechas por un comité especializado en el ámbito del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

En 2012, para ponerse al día con estos lineamientos, OSE actualizó su Norma Interna de Calidad de Agua Potable. En ese documento establece “parámetros indicadores y sus valores límites admitidos para prevenir y controlar los riesgos para la salud humana, que puedan ser causados por el consumo directo o indirecto de agua”, y fija las frecuencias mínimas de muestreo.

Por ejemplo, con respecto al plancton (allí incluye a las cianobacterias), esta norma dice que se deben hacer dos muestreos por año en cada sistema y agrega que únicamente “si se detectan cantidades de plancton que afecten las características sensoriales o sean peligrosos para la salud se complementará con un análisis de significado sanitario”. Con respecto a esto, otro equipo del proyecto Agua y salud, que elaboró un relevamiento de cuerpos de agua superficiales con base en datos de agua bruta de OSE, detectó que los técnicos de la empresa estatal agregan controles para la protección de la salud de la población, pero “sin el apoyo formal de una normativa”. La norma interna también determina, por citar otro ejemplo, únicamente un muestreo de control anual para los herbicidas 2,4-D, alacloro, simazina y atrazina y para el insecticida clorpirifós. Cabe acotar que las integrantes del proyecto aún no han accedido a los datos de OSE vinculados a agroquímicos (se hizo un pedido de acceso a la información y OSE todavía está en plazo de responder).

Kruk sostiene que pasaron 13 años desde la última actualización de la norma interna de OSE y 14 años desde la modificación del Reglamento Bromatológico Nacional. El uso del suelo en el territorio se intensificó durante ese período y la investigadora indica que el muestreo determinado en la norma de la compañía estatal “no te puede decir la calidad de agua que estás tomando” porque no tiene datos suficientes. “Necesitás normas adaptadas a lo local para proteger la salud de las personas y evitar riesgos de exposición”, remarca, y enseguida recuerda que el Ministerio de Ambiente estudia modificar el decreto 253/79, que reúne los criterios para evaluar la calidad del agua de nuestros ríos, arroyos, lagunas y, esperemos, también el agua subterránea.

La información ambiental como derecho y los cambios a la factura

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Uruguay, entró en vigor en 2021 y obliga a los gobernantes a otorgar justicia, transparencia y participación en asuntos ambientales. El texto determina que las personas tenemos el derecho de acceder a “información ambiental”, definida como cualquier información “relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud”. El acuerdo también afirma que para su implementación, cada país “alentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tales como los datos abiertos”, y deberá tener “uno o más sistemas de información ambiental actualizados”.

En esta línea, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se comprometió en mayo a “cerrar progresivamente las brechas de información hídrica y permitir el acceso a dicha información a nuestras instituciones y ciudadanos” en la Cumbre Ministerial del Agua en América Latina y el Caribe realizada en Perú.

Las ideas del equipo apuntan justamente a cerrar las brechas de información hídrica. Las investigadoras proponen incluir en la factura de OSE los siguientes puntos: de qué fuente proviene el agua del mes (con una ubicación aproximada señalada en un mapa de Uruguay), el tipo de tratamiento al que se sometió, los resultados de los monitoreos realizados con base en la Norma Interna de Calidad de Agua Potable y un código QR que derive al Observatorio del Agua para obtener mayor información histórica. Esto, además, tendría que ser acompañado de una política pública de educación ambiental para que las personas puedan comprender los resultados.

“Tenemos derecho a saber la calidad del agua que estamos tomando, como sucede con cualquier alimento. Incluso para los alimentos hasta tenemos etiquetas, lo mismo tiene que pasar con el agua que consumimos todos los días de nuestra vida”, dice González. Para la educadora ambiental, la factura debería dejar de ser “tan empresarial”, basada en un “trato comercial entre el Estado y la ciudadanía”, y apuntar a ser “más informativa de nuestros derechos”. “Lo interesante al pensar los recibos es que tienen que ser diferentes, porque van a depender de la zona. Es decir, tienen que tener territorialidad”, afirma. Asimismo, aclara que “el agua tiene que seguir siendo pública, monitoreada por OSE, pero el monitoreo tiene que estar más presente en el territorio”.

Anahit Aharonian, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, por su parte, subraya que sería positivo que se incorporara más información en la factura de OSE. “Entendemos que debe tener la mayor cantidad de información posible. Es como cuando te hacés un análisis clínico en un hospital o una mutualista: te tienen que dar la información completa, porque es tu derecho acceder a ella. Sería bueno poder compararla con los valores aceptables a nivel mundial y a nivel nacional”, señala. Sobre el Observatorio del Agua, considera que tendría que haber una “garantía de participación real de la población”, que implica “intercambiar y ponernos de acuerdo”. “Tiene que haber seguridad en quienes ponen la información y deciden cómo se pone, qué importancia se le da, incluso el orden de prioridad,”, suma.

En esta nota compartimos cómo podría ser ese recibo de OSE que, además de decirnos cuánto le debemos al ente, dé toda esta otra información relevante.

La voz de los trabajadores que potabilizan el agua

Marcos Miguez, secretario del Agua de la Federación de Funcionarios de OSE, recuerda que el sindicato tuvo esta idea de incorporar información a la factura hace un tiempo, pero finalmente no prosperó. Ve con buenos ojos retomar el debate y manifiesta que desde el colectivo también sumarían la definición de agua potable y las cantidades de carbón activado, soda cáustica, polielectrolito, sulfato de aluminio y cloro que se utilizan para potabilizar.

“Una forma de visualizar la contaminación del agua es a través de la cantidad de productos químicos que le ponés. Si lográs visualizar cuánto se gastaba en una usina antes y lo que se gasta ahora de carbón activado y sulfato, ahí se va a ver el aumento de contaminación”, explica Miguez.

A su entender, la compañía estatal “sigue siendo el último orejón del tarro y nunca se atienden sus problemáticas”. “OSE no es tomado como un actor relevante en temáticas de contaminación, de cambio climático. No participa en discusiones del estilo de qué controles podemos hacer, qué controles tenemos en las cuencas y demás. Hoy no tenemos injerencia en las cuencas, OSE hace muestras en los puntos de extracción, nada más”, cuestiona.

“Se habla de cambio climático, de contaminación, se habla desde el territorio, pero se deja de lado siempre a quienes tratan el agua. Cuando hay inundaciones, contaminación, nos afecta, porque vivimos en el territorio. Vivimos la degradación de los cursos de agua, pero después vamos hasta OSE a trabajar y es un caos: no tiene presupuesto, no se te paga por lo que te corresponde, las infraestructuras están cada vez peor, las fuentes de agua también están peor, y todavía las exigencias de calidad son mucho más altas”, señala Miguez, y agrega que sus compañeros han tenido que ir a perforaciones de agua subterránea “llevando productos químicos en sus vehículos porque no tienen en qué ir”. Otros lo llaman llorando porque no aguantan las condiciones de trabajo.

A su vez, Miguez destaca que aun “con todas estas condiciones que tenemos en OSE” y con la merma de calidad “en el agua bruta, los funcionarios dan agua potable”. “Tenemos que llevar la tranquilidad a la gente de que la mayor parte del año es agua potable”, insiste. Finalmente, pide que no sólo se contemple el sistema de abastecimiento en la zona metropolitana. “Hay algunas plantas del interior en las que los compañeros hacen magia. No sé cómo explicártelo, pero tenemos que abordar el abastecimiento de agua potable como un todo en Uruguay”.