1.161.851 hectáreas de nuestro país son destinadas al uso forestal, según datos extraídos de la última Cartografía Forestal Nacional elaborada en 2024 por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El informe consigna, por ejemplo, que la cuenca del río Negro es la zona de mayor actividad forestal en el país, concentrando 56,4% de las plantaciones, unas 655.009 hectáreas. Le sigue la cuenca de la laguna Merín, con 184.704 hectáreas de forestación. Es en este último territorio que tiene lugar un nuevo conflicto socioambiental. Sin embargo, antes de continuar, otro dato importante es que, según estimaciones del MGAP, la superficie de bosque nativo es de 847.181 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 4,8% de la superficie terrestre de Uruguay.
Vecinos y vecinas de Puntas del Parao, localidad ubicada en el departamento de Treinta y Tres, en el límite con Cerro Largo, junto con la agrupación Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín, alertaron que el avance de la actividad forestal en el sitio “se está llevando a cabo sin cumplir con la normativa ambiental vigente y sin ningún tipo de consulta ni respeto a las comunidades que habitamos estos territorios”. Sin ir más lejos, entre los incumplimientos, detallan que un proyecto forestal taló bosque nativo para poder instalar encima su proyecto forestal. Las organizaciones piden frenar el avance “silencioso” de la forestación, que no conviertan su territorio en “zona de sacrificio” y que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, vayan al sitio para entablar una conversación.
Preocupación por salud de la población y afectación de cursos de agua
En un comunicado, el colectivo relata que denunciaron formalmente ante el Ministerio de Ambiente y el MGAP “dos proyectos forestales ilegales, impulsados por las empresas FEUS Negocios Forestales y Forestal Las Flores”. La asamblea indica que ambas iniciativas avanzaron con la plantación de eucaliptus en “áreas con alta vulnerabilidad socioambiental”. Cita como ejemplo que en este territorio se ubican “las nacientes de siete cursos de agua vitales” para esa región y el país, de los cuales “cinco corresponden a la cuenca de la laguna Merín” (los arroyos Yerbal Chico, Yerbalito, Otazo, Parao y el río Tacuarí) y “dos corresponden a la cuenca del río Negro (los arroyos Fraile Muerto y Quebrado). En el comunicado, la organización señala que estas fuentes de agua —y también la subterránea— “sustentan la vida y brindan agua potable a varias comunidades rurales, pueblos y ciudades de la región”. Además las describe como vitales para “el equilibrio hidrosocial y ecológico de la cuenca de la laguna Merín”.
La Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín menciona que las plantaciones están cerca de viviendas y centros educativos. También lamenta que los territorios hayan sido “intervenidos sin contar con la Autorización Ambiental Previa, sin haber presentado Estudios de Impacto Ambiental ni Estudios de Impactos Arqueológicos y sin haber realizado ningún tipo de consulta previa a la población local”. Entre algunos daños que detectaron los integrantes están la “destrucción de monte nativo, afectando hábitats, biodiversidad y funciones ecológicas vitales”, el “uso de agrotóxicos, que impactan gravemente sobre el ecosistema”, “movimientos de suelo no autorizados” y las “plantaciones a escasos metros del arroyo del Parao, de viviendas y de una escuela rural, lo que representa una amenaza directa a la salud y seguridad de niñas, niños y familias enteras habitantes de la zona”.
En concreto, una de las denuncias fue por “tala de monte nativo” y dirigida a la Dirección General Forestal, que realizó una inspección en la zona el 23 de mayo en los predios de FEUS Negocios Forestales. El director de la repartición del MGAP, Gonzalo Martínez, transmitió a la diaria que “se conformó un cuerpo inspectivo que se trasladó al lugar, se evaluó la situación y se inició el trámite administrativo correspondiente en función de lo constatado”.
En este sentido, la organización mostró una comunicación vía mail en la que técnicos de la cartera informaron que detuvieron el corte de bosque nativo y comenzaron “un proceso sancionatorio”. La Ley 15.939 establece que está prohibida “la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena” con la excepción de los siguientes casos: “Cuando el producto de la explotación se destine para uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece” o “cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen las causas que justifiquen la corta”. Por otro lado, la asamblea también presentó denuncias por siembra muy cerca de una escuela rural, una casa particular y al arroyo Parao.
El colectivo valora la respuesta de la Dirección General Forestal, pero destaca que “aún quedan varias denuncias pendientes para ser respondidas por las autoridades competentes y los impactos negativos sobre el territorio siguen avanzando”. “La instalación de monocultivos forestales en estas condiciones viola derechos humanos fundamentales, atenta contra la biodiversidad, la memoria ancestral del territorio, la salud de la población y compromete seriamente nuestras fuentes de agua”, esgrime la organización. Por esta razón, hace un llamado a “todas las personas y comunidades que estén viviendo este tipo de atropellos a realizar las denuncias correspondientes”. “Es fundamental visibilizar lo que ocurre en el interior del país y fortalecer la defensa colectiva del agua, de la tierra, de las comunidades rurales y de la vida en todas sus formas”, suma.
A su vez, exige “la detención inmediata de toda actividad forestal en los padrones denunciados”, “la aplicación de sanciones a las empresas responsables”, “la creación de la Comisión de Cuenca del Río Tacuarí, con participación activa de las comunidades locales”, y una reunión en territorio con los ministros de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del agua, el monte nativo, la vida rural y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios. No permitiremos que se repita el avance silencioso de un modelo de explotación que ya ha devastado otras regiones y está provocando una profunda crisis socioambiental en todo el país. Tampoco permitiremos que nuestro territorio se convierta en una zona de sacrificio”, insiste.
Cuidar nuestro suelo
“Cuando quisimos acordar, vimos totalmente plantados estos campos de la zona. No se dio aviso de ningún tipo. Lo primero que vimos fueron los campos donde se estaba cortando todo el monte nativo, incluso vimos que estaban echando agroquímicos. Pronto vino la forestación y todo esto que nos empezó a preocupar”, dice Alcides, uno de los vecinos que están movilizados por la situación en Puntas del Parao. Enseguida, cuenta que otro de los predios afectados era de los “mejores de la zona”, describe que tenía una “pastura hermosa, totalmente desprovisto de pies de cerros, de piedra, era un campo que realmente no debería haber sido forestado”. “La gente muchas veces vende los campos por necesidad, otras veces por desarraigo al lugar, a veces también son más llamativas las ciudades que el campo. El campo es una lucha constante. A veces uno piensa que si hay capitales que puedan venir a invertir en Uruguay es bueno, pero sin destrozar lo que es la naturaleza, la biodiversidad, sin contaminar las aguas y que haya un control de cómo se usa realmente el suelo, nuestro suelo”, plantea.
Monte nativo y forestación en Puntas del Parao. Foto: Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la laguna Merín
Alcides señala que “hay casas que van a quedar totalmente rodeadas por la forestación”. “La vivencia es de preocupación por todo lo que se viene y avanza en forma rápida, los agroquímicos, el problema de la caminería que va quedando destrozada, y más que nada tenemos preocupación por la falta de control no sólo a nivel nacional, sino departamental. No vemos gente que realmente se preocupe, venga a la zona, se mueva y trate de buscar alguna solución. Vemos que la forestación sigue, los árboles siguen creciendo y las soluciones no aparecen”, apunta. En esta línea, cuenta las modificaciones que trae aparejada esta forma de producción en cuanto a la calidad y cantidad de trabajo. “Hoy sólo queda un establecimiento vacío con máquinas de gran porte”, concluye.
El vecino relata que están “abiertos y deseosos de que aparezcan autoridades” porque “atrás de un escritorio es imposible saber cómo está funcionando el ambiente en Uruguay”. “Queremos que vengan a la zona, que la controlen. Nuestras puertas están abiertas para recibirlos”, afirma, y vuelve a poner sobre la mesa lo lindo que es el sitio donde vive. “Es una zona muy rica en monte nativo, en agua, que es la mayor riqueza que tenemos. Europa se desespera por el agua y es una cosa que nosotros tenemos como una riqueza natural, que gracias a Dios nos tocó y que hay que proteger también. La gente de la ciudad tiene que tener conciencia de cuidar y apoyar las instituciones que luchan por defenderla. Hay mucha gente que le preguntás de dónde sale el agua o dónde nace el agua que sale por los grifos de su casa y no tiene conocimiento. ¡Las nacientes están acá y en otros lugares que hoy por hoy también están en peligro!”, afirma.
El estado de los proyectos
El estado de trámite de la comunicación del proyecto Don Charly de FEUS Negocios Forestales, según puede observarse en el visualizador del Ministerio de Ambiente, se encuentra en “certificado de clasificación de proyecto emitido”. Fue categorizado como “B”, que incluye “aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas conocidas y fácilmente aplicables”. En este tipo de iniciativas debe realizarse, bajo el costo del interesado, un estudio de impacto ambiental sectorial. En la plataforma de la cartera se indica que el proyecto tiene como objetivo realizar una plantación de 376,24 hectáreas con Eucalyptus grandis para “obtención de madera para producción de celulosa” en dos padrones en Cerro Largo y otro en Treinta y Tres que se encuentra a seis kilómetros del área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal.
La Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín confirmó con fuentes del Ministerio de Ambiente que, hasta el momento, la compañía no presentó los estudios de impacto ambiental. “Sin embargo, hemos visto y denunciado que la empresa ya realizó caminería interna, destrucción de monte nativo, aplicación de herbicida, movimientos de tierra e incluso siembra de plantines de eucaliptus”, señala la organización, y agrega que “los padrones de este proyecto incluyen afluentes y costas de los arroyos Parao y Otazo y manantiales del río Tacuarí”.
Por otro lado, en el visualizador del Ministerio de Ambiente, el estado de trámite de la comunicación del proyecto de Forestal Las Flores figura como “en trámite” y la clasificación de la iniciativa es “A”, que incluye aquellos “proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes”. Allí detalla que la iniciativa consiste en la plantación de 179,18 hectáreas de Eucaliptus grandis en un padrón ubicado en Cerro Largo para “madera de calidad”. Indican que el “ambiente a modificar” es “pradera natural” y que la obtención de la madera se hará “en asociación con ganadería”. A su vez, menciona que utilizarán herbicidas. “La etapa de abandono del proyecto se prevé hacia 2039 aproximadamente, lo que garantiza que el uso del suelo no va a cambiar a corto y mediano plazo. Luego de ese período, si no se opta por la reforestación, se eliminarán las cepas (herbicida) y los restos serán dejados en el campo (rameros)”, dice en el visualizador del Observatorio Ambiental Nacional.
Avance de la actividad forestal en Puntas del Parao. Fuente: Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la laguna Merín
La Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín indica que “las plantaciones de eucaliptos se realizaron en noviembre de 2024 en más de 300 hectáreas y las plantas ya tienen casi dos metros de alto”. A su vez, describen que “fue sembrado a menos de 100 metros de la escuela 94 Puntas del Tacuarí”. “Lo más grave aún es la condición de este proyecto, al constatar que no tiene Autorización Ambiental Previa”, agrega en la misiva. Piden que “se investigue urgentemente la legalidad del proyecto”, “se retiren todos los árboles plantados” y “se apliquen las multas correspondientes”.
la diaria no encontró información de representantes ni números de contacto de la compañía FEUS Negocios Forestales ni de Forestal Las Flores, por lo tanto, no pudo entablar contacto. También intentó confirmar la información con fuentes de la cartera ambiental, pero no tuvo respuesta.
El territorio protegido
El 12 de junio tuvo lugar la Comisión Asesora Específica del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. Bruno Coiro, integrante de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín, cuenta que durante la reunión se habló del avance de la forestación, cómo productores que estuvieron en contra de ingresar al área protegida cambiaron de opinión y la preocupación de los vecinos por las posibles consecuencias del avance extractivo. “Terminó con la idea de que tenemos que ampliar el territorio protegido, quedó una sensación muy interesante entre todos los vecinos”, dice. Finaliza con que esto es positivo porque se reafirmó la idea de que “todas las formas de vida, incluidos nosotros, somos parte del ambiente, por esto queremos que lo protejan”.