Ministerio de Ambiente rechazó que empresa forestal haga “manejo de rebrote” en área protegida de Quebrada de los Cuervos

En Isla Patrulla, localidad de Treinta y Tres, viven 189 personas. Según datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, están radicadas 41 personas menos que en 2011 y 135 menos que en 1963. Sin embargo, en la patria chica -como llamaron al pueblo Los Olimareños en la canción que le dedicaron- “hasta la casa más pobre tiene su jardín en flor”. Detrás de los números hay infinidad de historias y una parte de ellas trata sobre la defensa del territorio.

En noviembre de 2023, la empresa forestal Pradera Roja inició los trámites ante el Ministerio de Ambiente para conseguir la aprobación del proyecto Tatú-El Mirador, que tiene una superficie de 1.232 hectáreas. En concreto, el privado pretende reforestar con eucaliptos que se convertirán en madera de calidad -implica una densidad inicial de 950 árboles por hectárea- y pulpa de celulosa -implica una densidad de 1.250 árboles por hectárea-. La iniciativa, que incluía dos padrones que forman parte del área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, quería hacer un “manejo de rebrote” en este lugar. El Decreto 60/020, que determinó la ampliación del sitio, prohibió “las plantaciones forestales de especies exóticas, con excepción de aquellas de baja escala que se realicen para abrigo, sombra y uso doméstico” o que tuvieran autorización antes de la publicación de la normativa. Poco más de dos años después de haber iniciado el trámite y en medio de una movilización popular para frenar la actividad, el Ministerio de Ambiente tomó una decisión.

Algún camino ha de haber

Gricel Aguirre vive en Isla Patrulla hace 27 años. Antes de llegar al pueblo, trabajó en un arrozal. “Hoy en día la gente no trabaja mucho en estas cosas porque dice que el veneno mata. Nosotros teníamos que hacerlo porque necesitábamos el trabajo. Yo tenía un hijo y mi marido era policía, no ganaba mucho. Teníamos que criarlo. Vengo de hacer esto durante años, cuando empezaron con reuniones por las forestaciones, fui la primera en meterme. Yo sé lo que es el veneno, yo sé lo que es la forestación, sé lo mal que hace. Mis amigas de allá, de la arrocera, muchas no las tengo”, cuenta. Durante la conversación, insiste en que la problemática vinculada a la forestación “no viene de ahora, ni de hace cinco años, viene de hace mucho”. “Antes no estaban estas plantaciones de eucaliptos. Era una maravilla, era monte natural, agua. El Yatay, que es un arroyo que hay acá cerquita, era una belleza. La plantación de árboles no chupa solo el agua, viene con una máquina unos días antes de plantar y mete cuanto veneno hay. Hormigas, mulitas, lo que entra al campo muere”, relata.

Ella está sentada en el banco de una plaza y, mientras espera a otras vecinas, apunta otra forestación que protagonizó un conflicto a comienzo de siglo. “Un grupo de vecinos frenó lo que se ve acá. Esa forestación quería llegar hasta el alambrado. Querían sacar la pista de carreras de caballos”, recuerda. Enseguida llega María Nela González. Ella es edila del Frente Amplio, veterinaria, extrabajadora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también oriunda de Isla Patrulla. Si bien vive hace seis años de manera permanente en el territorio, también participó en forma activa durante este primer conflicto. “Los padrones formaron como una herradura en la vuelta del pueblo. Todo empezó por un rumor de que se iba a forestar”, dice. Hizo preguntas en la cartera, logró conseguir información y coordinó una reunión en Isla Patrulla para que los vecinos supieran qué iba a pasar. Durante esta instancia, acordaron “rediseñar el proyecto, retiraron 600 metros y sacaron unos cuantos padrones”.

“Un vecino de acá, pequeño productor rural, dijo esa vez: ‘Ustedes, que viven en Montevideo, están acostumbrados a levantarse, subir la persiana y ver un paredón. Nosotros acá miramos lejos. Si ustedes nos forestan acá, nos vamos a levantar y vamos a ver un paredón negro’. No estaba tan errado”, señala la representante local. Tras la forestación, uno de los cambios que han notado las vecinas en el ecosistema es la mayor presencia de aves en sus jardines. Lo atribuyen a que tienen flora nativa y a que “en los montes no hacen nido porque no tienen comida”. Este tema ha traído problemas en sus huertas. Más locatarios e integrantes de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín se arriman a la plaza. Hablan de pozos y cañadas que se secan, del “uso inconsciente” del glifosato en la escuela, pero también recuperan la memoria de Rubén Lena y de Víctor Lima.

María Nela considera que “hay que poner el foco en el monocultivo, pero no solo el forestal, sino también en la soja y el arroz”. “Yo entiendo que son divisas que entran al país, pero no es decir que no a todo, pero tampoco que sí a todo. Hay que buscar un camino en el medio. El impacto que tiene el monocultivo a nivel de la salud, a nivel económico, en el arraigo, los cambios socioculturales es brutal”, manifiesta. Magela Mariño, otra vecina, complementa mientras sostiene a su nieta en brazos: “Sobre todo para los que vienen”. Ella llegó hace tres años a Isla Patrulla; narra que su “familia del corazón” era de la zona y pasó parte de su infancia allí.

“Estamos en medio de la forestación. Estamos rodeados. Si hay un incendio, lo único que tenemos es la ruta, pero si el incendio tomara la ruta, no tendríamos lugar de escape”, declara Magela. Ella apunta que muchas familias “se tienen que desplazar para la ciudad porque aquí no tienen fuentes de trabajo”. “Van para la ciudad, han estado toda su vida en el campo y una de las cosas que incrementa es la pobreza, porque va gente que no tiene estudios, se va a hacer changuitas con su familia, con todo. Las forestales no traen trabajo. Ellos alquilan una casa, encarecen alquileres en la zona, los campos. Un productor más chico si quiere comprar tierra no puede. Encarecen las tierras, achican el área de producción”, expresa. Sostiene que las consecuencias sociales que trae el modelo de producción son importantes, aunque indica que hay gente a favor en el pueblo, sobre todo quienes arriendan a las empresas. Por otro lado, cuestiona que las compañías vayan a las escuelas a dar talleres sobre “impacto ambiental”.

En febrero de 2025, en tan solo seis días, juntaron 509 firmas en formato papel para pedir que no se autorice el proyecto Tatú-El Mirador de Pradera Roja “en los padrones comprendidos dentro del área protegida”. Solicitaron que a los restantes padrones se los clasifique como “c” -refiere a aquellas actividades que pueden producir impactos negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación- por “ser linderos al área protegida y por estar en las nacientes de las cuencas del Yerbal”. También exigieron que se lleve adelante una audiencia pública para “asegurar la participación ciudadana en un proyecto de alto impacto”. Las firmas fueron enviadas al Ministerio de Ambiente. Magela fue la encargada de juntar las voluntades en Isla Patrulla; detalla que no han tenido respuesta sobre la audiencia pública. “Hay un vecino que vive frente al Tatú-El Mirador. Me decía: ‘Mirá vos, ahora que cortaron todo esto puedo ver la casa de Mengano, puedo ver la casa de Fulano, pensé que me iba a morir sin poder ver eso’. Le caían las lágrimas”, finaliza María Nela.

Negada la forestación en el área protegida

la diaria accedió por medio de un pedido de acceso a la información pública al expediente del proyecto Tatú-El Mirador. El 10 de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) elaboró un informe en el que sugirió autorizar la iniciativa, pero dejando por fuera los dos padrones que se encuentran dentro del área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal y exigiendo que se presente “el plan de tala, restauración y cronograma correspondiente” para este lugar. Asimismo, detalla que “toda variación en el proyecto original deberá ser notificada para su evaluación y eventual autorización” y que la reforestación “deberá mantener una distancia de 80 metros en las nacientes de afluentes del arroyo Yerbal”. La autorización ambiental se otorgó para el proyecto de reforestación por el máximo de un ciclo para la madera de calidad y dos ciclos para la pulpa de celulosa.

En el documento, la Dinacea deja constancia de que “la empresa no está de acuerdo con eliminar el rebrote del área protegida Quebrada de los Cuervos”. El privado alegó que “la medida de eliminación de los rebrotes provoca un grave perjuicio económico a la empresa” y que, “desde el punto de protección del medioambiente, la prosecución del ciclo del rebrote no causaría efecto negativo alguno”. El Ministerio de Ambiente “no comparte lo expuesto” por la compañía y cita normativas que amparan su visión.

Por otro lado, determina que Pradera Roja deberá monitorear el insecticida fipronil y el herbicida glifosato en el arroyo Yerbal, “aguas arriba y aguas abajo del sitio de aplicación como seguimiento ambiental de la efectividad de las medidas de prevención manejadas”. Las muestras deberán tomarse antes y después de aplicar los plaguicidas. En concreto, basándose en el Decreto 226/025, establece que el glifosato deberá tener una presencia menor de 86,7 µg/L y el fipronil de 0.013 µg/L. Por otra parte, se le solicitó un relevamiento patrimonial, histórico y arqueológico.

Alejandro Nario, director de la Dinacea, señaló a la diaria que “resulta evidente que la forestación es uno de los aspectos ambientales a tener en cuenta para la preservación del área protegida”. Declaró que negaron la autorización para el “manejo de rebrotes” y, “en lo que es el área adyacente, pedimos recaudos mayores con distancia a cursos de agua”. Consultado sobre el plan de restauración, manifestó que la compañía aún no lo ha presentado y que pasa a “ser algo concreto cuando los técnicos de Ambiente intervienen y finalmente termina aprobado”. A su vez, resaltó que para los monitoreos piden “la actuación de profesionales y laboratorios acreditados”. “Es un tema de preocupación los distintos forzantes que hay sobre las áreas protegidas. Uruguay tiene una superficie de área terrestre y marina bastante chica y uno trabaja siempre sobre predios privados, eso tiene ciertas complejidades a la hora de proteger. Sin duda que este es un tema en discusión y nosotros vamos a estar atentos a lo que sucede dentro de las áreas protegidas y en las zonas adyacentes”, acotó.

Bruno Coiro, integrante de la Asamblea Hue Mirī, ve con buenos ojos el monitoreo de la calidad de agua, aunque considera que “los límites de detección son muy altos, ya que ha habido situaciones donde el Ministerio de Ambiente ha pedido límites más exigentes”. En esta línea, planteó que quieren “participar en el monitoreo, ser testigos, que esté la población, la empresa y el Ministerio de Ambiente”. Piensa que la sociedad organizada podría contribuir a “definir distintos puntos de muestreo”. “Es un gran logro que, por la presión social, no van a poder forestar del lado del área protegida. Era lo legalmente correcto, pero se estaba pasando por alto y, si no hubiese sido por la presión social, quizás hubiesen hecho ‘manejo de rebrote’, como le decían. Ahora celebramos que le piden restaurar, también pedimos participación en este proceso”, concluyó.

Antecedentes de Pradera Roja

En 2024, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló contra empresas forestales y de caza que querían impedir la ampliación del área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. Los privados alegaban que fueron afectados en su libertad de trabajo, empresa y propiedad. El Ministerio de Ambiente defendió su potestad para ejercer limitaciones o prohibiciones en defensa del interés general. Entre 2023 y 2024, el organismo desestimó al menos cinco procedimientos que buscaban la anulación del Decreto 60/020, que permitió llevar adelante este incremento de territorio protegido. Las sentencias marcaron un precedente importantísimo y brindaron respaldo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas -que tiene bajo su órbita poco más del 1% del territorio nacional- para hacer cumplir el derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano. Pradera Roja fue una de las compañías forestales que, sin éxito, buscó dejar sin efecto la herramienta de conservación.

Por medio del pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Ambiente informó a la diaria que la empresa ha presentado diez proyectos, aunque dos de ellos cambiaron su titularidad. Tres de los ocho que aún están bajo su responsabilidad recibieron sanciones. El primero se llama El Bragado y está ubicado en Treinta y Tres; le aplicó una sanción de 500 unidades reajustables en 2011 por “haber iniciado las actividades de preparación de suelos previo a la autorización ambiental previa”. El segundo lo denominaron San Pedro y está ubicado en Cerro Largo; en diciembre de 2025 le advirtieron que era pasible de una sanción por 500 unidades reajustables por “haber forestado sin autorización ambiental, afectando el monte nativo de quebradas y cornisas”. Finalmente, el último proyecto es Tatú-El Mirador, que en 2009 recibió una sanción de 100 unidades reajustables, aunque no se detalla el motivo. la diaria intentó, mediante la Sociedad de Productores Forestales, contactar con la empresa. Al momento de cierre de este artículo, no logró comunicarse.