El INAU ejecuta propuestas alternativas a la privación de libertad a través de su Programa de Medidas Socio-Educativas de Base Comunitaria (Promesec). Actualmente el programa propone cinco medidas: la libertad vigilada, la libertad asistida, la orientación y apoyo, la mediación y la prestación de servicios a la comunidad.
La directora del Promesec, Fernanda Albistur, dijo a la diaria que cada una de estas medidas implica la realización de diversas actividades, así como el uso de diferentes metodologías. “En todas ellas se debe trabajar contra la vulneración de derechos y promoviendo la responsabilización por la infracción cometida”, dijo.
Para Albistur, “existe una idea generalizada de que estas medidas son muy flexibles, pero en realidad exigen mucho trabajo por parte de los adolescentes”.
Entre otras cosas, se les impone realizar determinadas actividades en horarios predeterminados. Recientemente, a través de un acuerdo entre INAU y el Plan Ceibal, los adolescentes que integran Promesec recibieron 60 XO para trabajar en los programas educativos que lleva adelante Promesec. “Lo bueno es que el joven está nuevamente con su familia y en su barrio, donde se trabajan vínculos sociales para que no vuelva a incurrir en situaciones que lo puedan privar de libertad”, dijo Albistur. A su juicio, la libertad asistida, una de las medidas alternativas, apunta a construir con el adolescente (previo a haber sondeado sus intereses) un proyecto educativo individual. Tanto en la libertad asistida, como en la vigilada, se apunta a reintegrar al joven a la sociedad.
La vigilada es similar a la anterior, pero requiere un mayor control del adolescente. En este caso se hace una hoja de ruta, de forma que el equipo técnico sepa desde la mañana a la noche cuáles son los lugares por los que el adolescente transita. “Estas medidas apuntan al retorno al sistema educativo, ya sea a través del Programa Aulas Comunitarias u otros”, dijo.
El plan de orientación y apoyo también tiene como cometido reincorporar al adolescente a su medio familiar, otros grupos sociales y centros de enseñanza y trabajo. Es una medida que puede utilizarse por un período máximo de un año.
Por otra parte, el trabajo en beneficio a la comunidad, no puede llevarse a cabo por más de 60 días ni puede exceder las seis horas diarias de labor. “Esta prestación de servicio que hace el adolescente es una contribución a la sociedad por el daño que causó. La idea es que el joven realice tareas en servicios públicos, sin recibir una remuneración económica por eso. Además tenemos que asegurar que la ejecución de esta medida no perjudique la asistencia a centros de enseñanza o esparcimiento, ni descuidar la relación familiar”, explicó la directora del programa.
Actualmente hay diez jóvenes en Montevideo trabajando en esta medida, ya sea en parques y plazas realizando tareas de mantenimiento o en la Universidad de la República trabajando en la fotocopiadora o en tareas de cadetería. “Esta medida no solamente les permite cumplir lo que les impone el juez, sino también desarrollar un hábito de trabajo”, señaló Albisur.
Otra alternativa es la llamada mediación, que tiene como cometido reparar el daño que el adolescente cometió a la víctima. “Es una medida que se puede utilizar en cualquier etapa del proceso, pero debe haber conformidad del adolescente y de la víctima y puede ser pedida por cualquiera de las partes. La idea es que la reparación a la víctima tenga para el adolescente un sentido pedagógico y educativo. Tratamos de que pueda colocarse en el lugar de la víctima y pueda ver las consecuencias de su conducta. Allí aparece la figura de un mediador, que permita que las dos partes resuelvan un conflicto de una manera voluntaria. Hay una serie de encuentros entre adolescente y víctima, incluso se puede incluir a la familia del adolescente en estos encuentros. Si todo llega a buen puerto, el joven cumple su condena y el procedimiento se termina, porque la víctima siente que ha sido reparada”, dijo Albistur.
Según explicó, existen antecedentes en que las víctimas han aceptado la mediación. “Esto importa mucho, no es lo mismo una comunidad ajena que una involucrada con lo que sucede”, opinó.
Estas alternativas no solamente son ejecutadas por INAU sino también por asociaciones civiles que reciben adolescentes para cumplir con alguna de estas medidas, siempre bajo control del organismo.
Dentro o fuera
En setiembre de 2009 había un total de 290 jóvenes que cumplían con medidas alternativas a la privación de libertad en todo el país, mientras que 302 estaban privados de libertad, según datos de Promesec.
Tal como lo mencionó la directora del programa, los menores que son atendidos por el Promesec tienen menos reincidencia en el delito que aquellos que estuvieron privados de libertad. Para ella, los resultados son muy positivos: “los controles de arresto domiciliario por lo general son muy bien cumplidos y rara vez el joven comete infracciones en ese período. En la prestación de servicios a la comunidad tenemos un cumplimiento del 100% y terminando la medida, los chiquilines preguntan si pueden continuar, ya que ha sido muy reparador para ellos. El adolescente que ha podido mediar con la víctima también tiene más conciencia de lo que pasó”, agregó.
“Creemos que el joven tendría que ser derivado inmediatamente a este tipo de medidas -continuó Albistur- ya que luego es más difícil trabajar con ellos. En general el chiquilín que pasa directamente a este tipo de programas alternativos cumple exitosamente la medida, pero los que tuvieron previamente la privación de libertad y se les sustituye la medida tienen mayores incumplimientos. Se pierde un tiempo muy importante en la vida de un adolescente si estuvo privado de libertad. Estamos convencidos de que va a aprender más en contacto con sus familiares y en su barrio que excluyéndolo en un centro, donde sus derechos son más vulnerados”, opinó y agregó que el INAU “no puede controlar el ritmo de derivaciones que hace el Poder Judicial, por eso también nos parece interesante que los jueces puedan tomar este tipo de medidas”.
Pese a estos datos, los jueces siguen optando en principio por el encierro. Para la jueza de adolescentes de segundo turno, Aída Vera Barreto, el tema no es tan sencillo. Según dijo a la diaria, las situaciones son muy variadas. “Hay adolescentes que realmente reflexionan cuando llegan al juzgado y se comprometen a realizar una medida alternativa, pero hay otros que no. Depende del entorno que el menor tenga y del grado de aceptación del ilícito que cometió”, señaló.
A su entender el tema es más complicado aun cuando el joven está en situación de calle. “Los adolescentes que no tienen familia ni referentes carecen de chances para aplicar a una medida alternativa, porque no tienen dónde estar y no les queda otra que delinquir para subsistir. En ese caso es necesaria una internación para alejarlos de la calle”, opinó. Para ella la internación se determina como primera opción para quienes tienen antecedentes. “Cuando no tienen otras causas anteriores, cuentan con una familia que los contiene y si su delito no es de los más graves, se valora la oportunidad de que pasen a cumplir medidas en Promesec o en alguna asociación civil”, dijo.
Para Vera Barreto, “Promesec hace una labor muy buena en algunos casos, pero no tiene los ámbitos necesarios para contener a los menores que están en situación de calle, o ya cometieron ilícitos anteriores y están en situación de riesgo”.
Contrariamente a lo que opina la directora de Promesec, la jueza de segundo turno cree que “la internación puede ser positiva y en algunos casos necesaria cuando el menor no tiene responsables o cuando la influencia que tiene es negativa”.
Según Albistur “la sociedad piensa que lo mejor es encerrarlos, sacarlos del medio, y así parece que el problema está controlado. Pero lo ideal es que el joven logre su autonomía progresivamente y eso se va a dar mejor si está en su medio, en contacto con su familia y en su barrio”.