A pedido de Tabaré Vázquez, el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Jaime Igorra, envió a los ministerios de Industria y de Educación y Cultura un informe sobre cómo se informó a las emisoras de radio y tevé acerca de la autorización a transmitir en cadena para la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, el jueves 22. En tanto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) instó a la ONU y a la OEA a responder “enérgicamente” al fracaso del plebiscito rosado.
Vigente, pero...
Vázquez excluyó un nuevo caso de la Ley de Caducidad, informaron ayer La República y Últimas Noticias. La noticia fue confirmada a la diaria por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma: se trata del caso de María Isabel Sosa Bustos. Por otra parte, la fiscal Mirtha Guianze interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por la desaparición del maestro y periodista Julio Castro, secuestrado el 1º de agosto de 1977 en un operativo del Servicio de Información y Defensa (SID). Guianze explicó a la diaria que la única vía que queda es apelar a la Corte, porque el caso fue amparado en la Ley de Caducidad por el primer gobierno de Sanguinetti.
“Cejil insta al sistema internacional de protección de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos y de Naciones Unidas a responder enérgicamente frente a este retroceso”, dice un comunicado con fecha 26 de octubre.
La directora ejecutiva del Cejil, Viviana Krsticevic, sostuvo que “la Ley de Caducidad [...] ha generado una situación de indefensión de las víctimas y de perpetuación de la impunidad”. “Continuaremos en la búsqueda de la verdad y la justicia a través del sistema interamericano de protección de derechos humanos, donde esperamos tener una respuesta adecuada para la protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, añadió.
El documento destaca la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia para el caso de Nibia Sabalsagaray, pero enfatiza que la propia existencia de la norma es “manifiestamente incompatible con la letra y el espíritu de la Convención Americana ratificada por Uruguay, al obstaculizar el acceso a la justicia e impedir la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos, así como al negar a las víctimas y a sus familiares, y a la sociedad en general, el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido”.
Tienes un e-mail
El informe de la Ursec incluye, según dijo Igorra a la diaria, el “protocolo de citación” y las “direcciones de correo electrónico proporcionadas oficialmente por “300 radios comunitarias, 300 radios privadas y 100 operadores de televisión”. Sin dar detalles sobre el protocolo, indicó que “la citación de las cadenas se envía automáticamente y llega a los servidores correspondientes”. Según el jerarca, ésa fue la única vía por la cual la Ursec envió la comunicación el jueves 22. “El que no se enteró no se enteró. Aldo Silva la anunció y no la pasó”, deslizó, en alusión al pedido de explicaciones de ese periodista desde el informativo central de Canal 12.
Canal 5 debía retransmitir la señal al resto a través de la antena Aguada. Claudio Invernizzi, director de la emisora estatal, se enteró a través de Macarena Gelman, que se presentó en el canal, y por su asesor, que recibió una llamada de Presidencia. “No recibí ningún correo electrónico”, aseguró a la diaria.
A media tarde del jueves, último día antes de la veda, el Ejecutivo otorgó la cadena de radio y televisión que la Coordinadora por la Nulidad había solicitado la semana anterior. Estaba prevista para las 20 horas y se postergó para las 22, pero los canales privados no la transmitieron a esa hora. Tras llamadas desde el Poder Ejecutivo, el 4 y el 12 la emitieron sobre la medianoche, y el 10, después de esa hora, violando la veda. El informe está en manos del ministro de Industria, Raúl Sendic, y de la ministra de Educación y Cultura, María Simon. “El objetivo es determinar responsabilidades y si corresponden o no sanciones”, dijo Sendic a la diaria. Los ministros elevarán sus conclusiones a Vázquez, que tendrá la última palabra.