Ayer el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT cerró filas detrás del gremio de las telecomunicaciones (Sutel) y criticó al presidente Tabaré Vázquez por su decisión de seguir adelante con el decreto que habilita la operativa de privados en el marco del Plan Cardales. La dirección de la central entiende que la iniciativa del Poder Ejecutivo es “ilegal”, no descarta iniciar una instancia de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y prepara movilizaciones callejeras para frenar su aplicación. También surgieron críticas al primer mandatario desde el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Movimiento de Participación Popular (MPP), que aspiran a “subsumir” la voluntad de Vázquez en una futura Ley de Telecomunicaciones.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, denunció que “algunos miembros” del Poder Ejecutivo y los “dueños de los canales 4 y 12” han ejercido, en las últimas horas, “presiones muy grandes” sobre gerentes y directores de Antel para acceder a información sobre el sistema de interconexión, con el objetivo de empezar a ofrecer conexiones a internet en “zonas de Montevideo con alto poder adquisitivo”. “Y pretenden que Antel se encargue de los sectores de menores ingresos. Esto que está pasando no tiene nombre. Es una situación sumamente delicada”, comentó Molina. El sindicalista de Sutel opina que la puesta en marcha del decreto, independientemente de la aprobación de una Ley de Telecomunicaciones, expone al Estado a “juicios millonarios” de los operadores privados. “Esto no es una disputa de poder entre líderes, sino un negocio oscuro que a alguien beneficia”, aseguró Molina, de filiación comunista, y sostuvo que si Vázquez “realmente piensa” que el futuro gobierno será continuidad del suyo, “sería importante que le dejara la decisión sobre este tema”. “¿Por qué adelantó tanto todo este trámite? ¿Cuál es la desesperación de sacar un decreto en plena transición de gobierno? Esto no lo hicieron ni blancos ni colorados, que siempre consultaron al gobierno que venía”, fustigó.
Otros problemas
La oposición sigue con atención el debate interno de la izquierda. El senador Ruperto Long (Alianza Nacional), ex presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), comentó que la habilitación a privados en el marco del Plan Cardales “no es un problema”, pero que sí es “preocupante” que no se haya realizado un “debate amplio sobre el tema”, y que el Ejecutivo termine dando marcha atrás en “decisiones ya tomadas”. “Esto no pasa por una pérdida de soberanía, y en las áreas en que se abrió la competencia, como la de telefonía celular, los costos bajaron, los servicios mejoraron y Antel no perdió soberanía. Le hizo ganar soberanía al país, que hoy tiene una tasa de celulares por habitante superior al 100%”, agregó.
A pesar de este malestar, el PIT-CNT reiteró ayer, en conferencia de prensa, que está de acuerdo con el objetivo declarado del Plan Cardales: universalizar el acceso de los sectores más humildes a las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero enfatizó su oposición a la operativa por parte del sector privado, que, según interpreta la central, representa una lesión a la soberanía nacional. El coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira (Articulación), se define como un “defensor a ultranza” del Plan Cardales y su intención de beneficiar a los sectores de bajos ingresos, pero acota que para que eso prospere “es necesario preservar a Antel”. “El decreto puede debilitar la competencia de transmisión de datos con las cableras de Montevideo, y por eso hay que sentarse a discutir mejor”, afirmó.
Los asesores legales de la central, en tanto, entienden que el decreto viola la ley Nº 14.235, que creó en 1974 el servicio público descentralizado conocido como Antel, una empresa que, para los sindicatos del sector, está en perfectas condiciones de llevar adelante el plan que se pretende adjudicar a privados.
El decreto que el Poder Ejecutivo aspira a mantener en pie concede beneficios tributarios a las empresas privadas que estén dispuestas a ofrecer el servicio llamado triple play, que incluye televisión por cable, internet y telefonía básica.
Como pulseados
La posición que Vázquez le transmitió al Secretariado Ejecutivo del FA el lunes de noche pasó enseguida al terreno político. El mandatario subrayó que este tema pertenece a la actual administración, que no finalizará hasta marzo del año próximo, y dijo que la decisión de dar marcha atrás con el decreto sería una señal “poco seria”, aunque otros dirigentes del FA entienden que, en el fondo, podría tratarse de un nuevo capítulo en la disputa de espacios con el presidente electo, José Mujica, que no es partidario de la habilitación a privados.
El senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) vaticinó que la solución del debate será la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones en la próxima legislatura. De esa manera, según el parlamentario, el decreto que impulsa el Ejecutivo quedará “subsumido y encorsetado” por dicha norma, que ya está analizando una comisión designada por el presidente electo.
La insistencia de Vázquez en mantener el decreto “no es conveniente” y expone a todos a una “contradicción” que terminará saldando la fuerza política, porque no conviene “desconocer lo que ella pronuncia o determina”, sostuvo Lorier. “Acá lo que están en juego son intereses materiales, que luego se podrán expresar en disputas personales. Hay intereses y visiones que están detrás. O tal vez visiones que responden a intereses”, insinuó. El senador recordó que en la última Rendición de Cuentas el Senado planteó que no convenía innovar en temas vinculados con las telecomunicaciones hasta que estuviera aprobado un marco normativo.
La senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo ayer a Radio Uruguay que el Plan Cardales tal cual está presentado por Vázquez genera “incertidumbre”, y recordó que se aprobó en el Parlamento bajo la condición de que quedara enmarcado en una nueva Ley de Telecomunicaciones. El decreto firmado sin esa normativa de respaldo puede generar “desequilibrios en el país”, según Topolansky, que advirtió acerca del riesgo que implican las “presiones de las transnacionales” en este terreno. “Nosotros tenemos una empresa [por Antel] que está en competencia y bien posicionada en el mercado uruguayo, [aunque] no está en posición de competir con otras empresas en el mundo por su escala, y no por mala gestión”, afirmó. “Ahí tenemos una diferencia de enfoque, se necesita la ley y no le vemos el apuro” al decreto, añadió.