Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay la compra de autos entre los años 2004 y 2007 por parte de funcionarios de la embajada en Argentina utilizando franquicias diplomáticas fue en algunos casos “excesiva” pero no violatoria de normas nacionales ni internacionales (ver la diaria del 30/11). Entre los involucrados están los ex embajadores Volonté (2000-2005) y Bustillo (2005-2010). El primero compró 11 autos durante su gestión (dos en infracción, según el gobierno argentino) y el segundo habría adquirido cinco, según fuentes de la cancillería uruguaya, de los cuales cuatro habrían sido en infracción, según Argentina.
A raíz de un informe de la auditoría interna de la cancillería argentina en octubre de 2007, que detectó irregularidades en la compra de autos para diplomáticos de diversas embajadas, se inició una causa judicial en el vecino país. La fiscal María Luz Rivas pidió el 3 de mayo de este año que se investigara a Bustillo por “presentación de documentos falsos, otorgamiento de patentes para autos que todavía no habían llegado al país y respecto de los que ni siquiera se habían emitido las facturas de venta de la empresa en el exterior”, según informó el diario argentino Clarín el 9 de setiembre. Uruguay ratificó la inmunidad diplomática de Bustillo. La causa, que involucra a diplomáticos de otros países, está ahora en la Suprema Corte de Justicia de Argentina, que debe resolver si tiene competencia para encargarse del caso.
La auditoría de la cancillería argentina, en base a la información brindada por el departamento de Franquicias sobre 86 misiones extranjeras, 340 consulados y 40 organismos internacionales, concluye en el caso de Bustillo que el ex embajador adquirió dos BMW en 2005 y dos Porsche en 2007 que “no se adecuarían a la utilización para funciones oficiales o de representación”, según circulares diplomáticas.
Éstas disponen que “no se dará curso a solicitudes para el ingreso con franquicia diplomática de automóviles coupé, dos puertas, deportivos y otros cuyas características o modelos responden a las clasificaciones de descapotables, cabriolet, barchetta, sport, etcétera, o que manifiestamente no se adecuan a la utilización para fines oficiales o de representación, atento que el fundamento de la exención impositiva responde al objetivo de asegurar el mejor y buen desempeño de la función que encomienda el respectivo gobierno”. En mayo de 2007 se agregó a las restricciones citadas la categoría de vehículos todo terreno de grandes dimensiones (Hummer).
El documento de la auditoría establece, no obstante, que “las circulares diplomáticas son documentos internos que cumplen las veces de recomendaciones al cuerpo diplomático extranjero”, que “nunca se perdió de vista que una documentación de carácter interno no puede reemplazar o corregir una ley u otro instrumento legal de calidad superior” y que el espíritu de las circulares fue de “carácter instructivo”. “Esto significa que los cupos, tanto en cantidad como en valor oportunamente definidos, constituyen el único elemento de juicio contemplado para la autorización de la importación respectiva”, aclaran.
Según fuentes de cancillería uruguaya, la publicación de setiembre de Clarín salió dos días después de que Bustillo se “parara firme” y dijera “no” a una propuesta argentina en las negociaciones por el dragado del Río de la Plata. Bustillo oficia actualmente como presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). “El escrache fue premeditado”, sostienen. Entienden que hay un “ensañamiento” porque se denuncia su caso y no el de otros diplomáticos que cometieron las mismas infracciones. Autoridades de la cancillería argentina consultadas por la diaria prefirieron no responder.
Cumplido
Otro de los funcionarios que figuran en la auditoría argentina es Volonté, que compró un Porsche y un Hummer en infracción. En cuanto al último, la auditoría establece que “no se adecuaría a la utilización para funciones oficiales o de presentación”; en cuanto al primero, se consigna que “al faltar la ficha, no se puede determinar si fue nacionalizado ni localizar, si lo hubiera, el certificado de nacionalización, ni los datos sobre la patente otorgada”.
Volonté solicitó en varias instancias a los cancilleres de turno que se investigara su actuación. El 7 de febrero de 2008 envió una nota al ministro Reinaldo Gargano, el 13 de octubre de 2009, a Pedro Vaz y finalmente, el 4 de junio de 2010, realizó la misma solicitud a Almagro. Éste instruyó que se iniciara una investigación interna y el 15 de octubre citó a Volonté al ministerio para entregarle una nota con las conclusiones. Según esa nota, a la que accedió la diaria, Almagro señala que el ministerio realizó “una verificación documental de los elementos que se encontraban en los archivos de la misión diplomática” en el período 2000-2005, y a partir de eso se concluye que Volonté cumplió “en forma satisfactoria todos los procesos que señalaban las normas argentinas respecto de la compra, y posterior nacionalización o reexportación, de las unidades adquiridas por los funcionarios destinados en el período mencionado”.
Volonté adquirió durante su gestión 11 vehículos (un Fiat, dos Citroën, un Ford, un Peugeot, tres Mercedes Benz, un Audi, un Porsche y un Hummer). Para todos ellos, según la cancillería uruguaya, se cumplieron “los procedimientos establecidos por la normativa vigente a esa fecha”, y se solicitaron y obtuvieron “de los organismos argentinos competentes las autorizaciones correspondientes”. Volonté alegó que cinco de los 11 autos fueron utilizados por su familia, cinco los destinó al ejercicio de su función y el número 11 ingresó a Uruguay para uso personal, en cumplimiento de la normativa vigente.