-¿En qué etapa de la transición de gobierno están?
-Está terminando. Es un proceso que en mi caso tuvo mucho de conocer una organización nueva, comenzar a aprender la lógica del sector público, involucrarme en la problemática de sectores productivos que no conozco, y es un proceso que no ha terminado. Mi transición no va a terminar el 28 de febrero, va a durar mucho más. Desde el punto de vista administrativo, estamos en la segunda etapa de la transición: definir qué cargos de confianza continúan y cuáles se cambian en función de las necesidades de cumplir con los objetivos que nos ponemos.
Adaptado al cambio
-¿Qué importancia le atribuye al problema del cambio climático? -Según las proyecciones, el calentamiento global estaría determinando un montón de impactos y, aunque hoy se cambiaran los parámetros de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el efecto inercial generaría un calentamiento. Los modelos sugieren que en el mediano y largo plazo la región donde está Uruguay tendrá un aumento en la variabilidad de nuestro clima, eventos de sequía e inundaciones más frecuentes, con una tendencia a que la lluvia sería mayor y la temperatura también, es decir, una tropicalización del clima. Eso puede generar grandes perjuicios en los cultivos. En ese sentido, siendo Uruguay un país agropecuario, teniendo el 75% de las exportaciones de origen agropecuario, los efectos del cambio climático sobre los procesos productivos son muy importantes. -¿Cómo debe encarar el país esta situación? -Eso se encara en dos grandes capítulos: mitigación y adaptación. La mitigación es todo aquello que podemos hacer para prevenir la emisión de GEI. Por otro lado está la adaptación, que es a donde creo que Uruguay debe encaminar todo su aparato científico-tecnológico con mucha velocidad, porque para mitigar, por más que hagamos el máximo esfuerzo, el impacto a nivel global es mínimo. Un país que depende de su producción agropecuaria no puede estar jugado a los éxitos que tengan las políticas de mitigación a nivel internacional. Por eso tenemos, rápidamente, que disponer de recursos para empezar a generar información científico-tecnológica aplicable a los procesos productivos en escenarios medioambientales distintos a los que tenemos hoy.
-¿Tendrá una política continuista?
-El presidente [electo, José Mujica,] lo definió como “continuismo pero con cambios”. Hay algunas cosas que sí y otras que no. Nosotros coincidimos con muchos de los enfoques de la actual administración, pero queremos ponerles mayor énfasis a otros.
-¿Uno de estos “énfasis” estará en la agricultura familiar?
-En Uruguay hay 53.000 empresas agrícolas de las que prácticamente 33.000 son de agricultura familiar. Esas dos terceras partes de los agricultores constituyen algo así como el 20% del PIB agropecuario, por lo que constituyen un compromiso político, social, y yo diría hasta ético, de esta administración de gobierno, en la medida en que es gente que vive en el campo y ha hecho su vida en el campo. Cualquier crecimiento con desarrollo que imaginemos en aquellas otras cadenas agropecuarias que son las que tienen más prensa, las que generan mayor proporción del Producto, con crecimiento vinculado al comercio exterior, no se puede hacer sin gente capacitada, dispuesta a trabajar en el campo, y en ese sentido los pobladores del campo pasan a constituir, además, una reserva estratégica en una visión de desarrollo agropecuario a largo plazo.
-¿Por dónde pasan las políticas para atender esta situación?
-Uruguay no es ajeno a una tendencia universal: la gente del campo se va a la ciudad por distintas razones: porque no tiene electricidad o buenos caminos, o porque no satisface sus necesidades de recreación. Pero habitualmente se van porque sus hijos no tienen la capacidad de educarse como ellos esperan que se eduquen, de manera que mantener una población rural estable no es solamente tener actividades económicas rentables. Además, hay que tener educación, salud, electricidad y caminería. Los programas que se han llevado adelante han tenido ese abordaje horizontal en cuanto a planes de política [...] tratando de desarrollar lo que llamamos un “plan nacional de desarrollo agropecuario”, con miras a unos 10 o 15 años, que no se centra sólo en la agricultura familiar.
-¿Qué elementos incorporará a estas políticas?
-Sin duda queremos incorporar una visión de que la asistencia al conjunto de productores familiares no deba ser siempre asistencialista y de mantenimiento de lo que hay hoy. Queremos soñar con que a quienes hoy hacen agricultura familiar en pequeña escala destinada al mercado interno podamos ayudarlos a organizarse para constituir desarrollos tecnológicos, de innovación, asociaciones de productores, procesos de cosecha y poscosecha, con una escala y una calidad mínima que les permitan catapultarse hacia los mercados externos.
-¿Debe hacerse foco en la exportación, no en el abastecimiento del mercado interno y la seguridad alimentaria?
-Cualquier proyecto que apunte al desarrollo de competitividad hacia el mercado exterior logra la seguridad alimentaria. No creo que se pueda pensar que a un país que tiene una capacidad de producción de alimentos para 60.000.000 de personas y una población de 3.000.000 no le vaya a quedar para estos 3.000.000.
-¿Cómo se logra que estos productores puedan “venderle al mundo”?
-En primer lugar, tratando de apoyarlos para que sigan siendo productores. Después, generando instrumentos de transferencia de tecnologías, de financiamiento, de colaboración en mejorar su capacidad de organización para generar productos innovadores, con calidades agregadas, en escalas mínimas que les permitan desarrollar procesos hacia mercados más amplios que el nuestro.
-¿Cómo debe ser el relacionamiento de la agricultura familiar con la gran industria agroexportadora?
-Creo en las cadenas. Estamos pensando en fortalecer la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, que tiene contacto con la producción y que intenta resolver las demandas o carencias de los procesos comerciales, es decir, requisitos fitosanitarios, certificados de origen, inspecciones, todas cosas que los mercados compradores tienen como exigencias. Además, tenemos que poner dos orejas bien grandes en el área de asesoramiento comercial para resolver lo más rápido posible las demandas de los productores, y eso tiene que ver con la identificación de mercados o nichos para algunos productos. En el mundo de hoy, globalizado, cuando hay un consumo o una demanda potencial de un producto, enseguida aparecen los demás eslabones de la cadena. Tenemos que tener en el último eslabón de la cadena, o en el primero, según cómo se mire, productores con capacidad de ejecución y organizados.
Lo que resta por hacer
-El proyecto sucroalcoholero de Alur fue uno de los buques insignia de la administración Vázquez. ¿Cuál es su balance? -Bella Unión es una ciudad que desde hace más de 50 años está vinculada a la caña de azúcar, donde se hicieron importantes inversiones. Pero la caña de azúcar difícilmente pueda competir con el exterior sin algún mecanismo de protección, por la sencilla razón de que en nuestro país crece seis meses en el año y en los demás, 12. Por eso cayó a indicadores de pobreza con la mortalidad infantil más alta del país. Ante ello, este gobierno lo evalúa desde el punto de vista social, económico, y toma la decisión de reflotar la industria azucarera, con inversiones importantes en lo industrial, no sólo para producir azúcar sino también etanol como biocombustible (lo cual debe ser analizado desde la soberanía energética), la capacidad de generación de energía eléctrica y eventualmente la utilización de algunos subproductos de la caña para desarrollar alimentos para animales. Desde el punto de vista industrial las inversiones son de las más modernas de la región, desde el punto de vista productivo-agrícola queda mucho por hacer. -¿Por ejemplo? -En la anterior época, Bella Unión conoció rendimientos de caña de azúcar de entre 6.100 y 6.700 kilos de azúcar por hectárea. Lo primero que hay que hacer, hechas las inversiones y tomada la decisión de llevar adelante el proyecto, es lograr las productividades a nivel agrícola que nos permitan lograr por lo menos algo de competitividad, y en el caso de no tenerla, que la transferencia de recursos de la sociedad hacia ese sector sea la menor posible. Produciendo 5.000 kilos de azúcar es muy difícil de lograr. -¿De cuánto debería ser? -Si los recursos están disponibles en la fecha que tienen que estar, se aplican a los cultivos como se tienen que aplicar y se riega como se tiene que regar, podemos llegar a productividades de 7.000 a 7.500 kilos por hectárea. Si con eso es suficiente o no para lograr una adecuada rentabilidad, habrá que verlo en su momento. -¿Por qué no ocurre actualmente? -Sucede que el crecimiento de la caña de azúcar a partir de productores, proveedores privados o agricultores [...] se ha detenido: habría que descubrir cuáles son las razones y corregirlo. Es un tema complejo, la sociedad de Bella Unión es muy polémica, pero no creo que la solución a la falta de empresarios sea con producciones propias centralizadas. No me imagino a Conaprole teniendo sus propias vacas para ordeñar, sino generando las condiciones para que los productores ordeñen las vacas y le manden la leche a Conaprole. Ésa es la lógica de una cadena agroindustrial integrada: si algo no funciona es porque no existe la cadena, y se pretende resolver la falta de la cadena creando aparatos que son, cuanto más grandes, más ineficientes.
-¿Le preocupa la “extranjerización” de la tierra, principalmente a manos de argentinos y brasileños?
-No demasiado, en la medida en que la extranjerización, en este país, ocurre desde que existe. Somos un país proveniente de una cultura de inmigrantes y no deberíamos asustarnos porque vengan nuevos inmigrantes. Me preocuparía que la extranjerización fuese con fines especulativos, sin fines productivos, o si se hiciera aprovechando circunstancias de crisis […]. Salvo alguna excepción, la mayoría de los extranjeros que ha invertido en los campos realizó mejoras, ha construido casas, contratado arquitectos, veterinarios, agrónomos, contadores, camioneros, tractoristas, y la gente que trabaja en esos establecimientos vive igual o mejor que lo que vivía antes. Quizá me preocupa más la concentración, sobre todo en sistemas de monocultivo, donde empiezan a aparecer algunas señales de alarma que tendremos que considerar en nuestras políticas de desarrollo agropecuario.
-¿Cuáles son esas alarmas?
-Áreas importantes de un solo cultivo sin rotación, lo que pueda tener importancia en los equilibrios ecológicos, en la sustentabilidad desde el punto de vista de la conservación del recurso suelo; o que por las circunstancias de precios relativos más competitivos en los rubros que esas concentraciones manejan, desplacen a otras actividades estratégicas en el desarrollo nacional.
-¿Qué es lo que debe hacerse desde el MGAP?
-No creo que todas las decisiones tengan que ser dictaminadas por el gobierno. No le vamos a decir a nadie qué tiene que hacer: vamos a indicar aquellas cosas en que nos parece que el modelo puede no ser sustentable. Pero a grandes rasgos no estoy preocupado, porque las soluciones a los posibles efectos que se están generando las conocemos y hay un porcentaje importante de productores que las están llevando adelante.
-¿Qué opina de la generación de oligopolios u oligopsonios, como el caso de los frigoríficos, donde hay una fuerte participación de empresas brasileñas?
-Todos asistimos cuando el presidente [electo] fue al [hotel] Conrad y les dijo a los inversores: “vengan”. La política es de apertura a la inversión extranjera, porque este país no crece sin inversión. ¿En qué condiciones? En aquéllas que se contemplan en la normativa uruguaya. No me preocupa que el frigorífico sea extranjero, me preocupa que tenga un funcionamiento oligopsónico. Por suerte hay normas e institutos de regulación de la competencia que están actuando.
-Algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista, impulsan la creación de entes testigos para la carne y la pesca. ¿Qué opina de esa herramienta?
-No lo he estudiado a fondo aún, pero creo que en un país cuya capacidad de faena de hacienda es 25% superior a la capacidad de oferta, no hay que tener entes testigos, hay que tener normas que garanticen que la competencia se dé como se tiene que dar.
-¿Qué rol imagina que puede cumplir el Instituto Nacional de Colonización en los próximos cinco años?
-El que dice la Ley 11.029: generar las posibilidades de que tengan acceso a la tierra quienes tengan deseos, estén dispuestos a radicarse, estén comprometidos con determinado proyecto y no tengan tierra.
-En entrevista con la diaria, el actual ministro Andrés Berterreche opinó que “el Estado debe ser el mayor latifundista del país” para evitar la concentración de tierras. ¿Opina igual?
-No, no opino igual. En primer lugar, porque latifundio implica mucha tierra y poca gente, y eso es la antítesis de la colonización.
-¿Y el mayor propietario?
-Tampoco. Por una simple razón: no creo que el Estado tenga recursos para destinarlos a comprar tierras. Una hectárea vale 3.000, 4.000 o 5.000 dólares, y un nuevo colono que se va a dedicar a la lechería y requiere 200 hectáreas, se anota en Colonización y califica, va a vivir en el campo, es hijo de productor, tiene antecedentes; eso significa que la gente de Colonia y Paraguay [donde está la sede del Ministerio de Economía] tuvo que poner 1.000.000 de dólares en ese productor para que empiece a ser tambero. Obviamente, el Estado uruguayo no tiene esos recursos para todos los productores. Creo que ese concepto está superado hasta en los países del antiguo bloque socialista, donde las revoluciones agrarias que fracasaron fueron las que no mantuvieron la identidad del productor con su tierra. Por ejemplo, el fracaso ruso y el no fracaso chino: la diferencia fue que en China el productor logró mantener su parcela, aunque fuera del Estado, no era una producción colectiva sino individual.
-¿Cuál debe ser entonces el rol del Estado?
-Hay que pensar algunos mecanismos más modernos que la ley de colonización, por los que podamos vincular a los demandantes de tierra, articularlos en planes productivos, integrarlos en cadenas agroindustriales vertical y transparentemente, que permitan rentabilizar la inversión que alguien habrá hecho por la tierra, haya sido el Estado, el fondo de jubilaciones de Manchester o República AFAP. Probablemente los números no cierren, si no ya se habría hecho, y, por lo tanto, se requiere que el Estado participe viabilizando todo; pero seguramente sea más barato que comprar la tierra para cada productor.
-El año pasado se aprobó la ley de ocho horas para los trabajadores rurales. ¿Qué evaluación realiza?
-En general no existieron grandes dificultades y hubo acuerdo entre los trabajadores y las patronales. En algunas producciones el cumplimiento de las ocho horas es complicado, y se busca la flexibilización por intermedio del Ministerio de Trabajo, pero no ha sido algo que haya paralizado al campo ni generado grandes dificultades.
-¿Uruguay debe promover la llegada de más inversiones de plantas de celulosa como UPM (ex Botnia) o debe apuntar a procesos de mayor tecnificación?
-Parece claro que la masa crítica para transformarnos en un país forestal ya se dio, y que deberíamos enfocarnos en los procesos que generan mayor valor agregado o que generan mayores posibilidades de empleo en el país. Nos parece que además de la producción de celulosa se debería estimular lo que se conoce como madera sólida, que Uruguay lo está produciendo con éxito, vendiendo a muy buen precio.
-El endeudamiento del campo fue uno de los primeros problemas que debió afrontar el primer gobierno del FA. ¿Cómo encuentra la situación?
-No tengo los datos, pero tengo la impresión de que no es el problema de antes. Pueden quedar algunos focos aislados, pero el problema general se resolvió. En muchos casos, lamentablemente, se resolvió vendiendo la tierra. En algún momento habrá que evaluar si eso fue bueno o malo. Habría que preguntarle al que se desprendió de la tierra, que ahora vale cinco o seis veces más, y cuyos productos están en negocios que son rentables, si hoy quisieran estar sin deuda y sin campo, o con deuda y con campo.
-¿Cuál es su impresión?
-Que hay muchísima gente que hubiese salido del endeudamiento con producción si se hubiera encontrado una solución que les hubiese permitido seguir en el campo. Estas cosas no son generalizables: están el que se endeudó trabajando y los otros; yo me refiero a aquellos individuos con capacidad productiva, de trabajo, con muchos años de entusiasmo y de empeño, y a quienes no les alcanzó el tiempo. Cambió todo muy rápido, porque el trigo valía 80 dólares, la bolsa de arroz 5, y a los dos años valía 250 el trigo, 13 la bolsa de arroz; y la hectárea de campo que valía 300 dólares pasó a valer 3.000. Entonces, con el diario del lunes, la respuesta de la mayoría de los productores sería que les hubiera gustado haber sobrevivido económicamente un poco más, hasta alcanzar la orilla que estaba tan cerca.
-Le pregunto por un sector que conoce. ¿Cómo ve actualmente la producción de arroz?
-El sector arrocero tiene un nivel de integración vertical muy sólido, muy fuerte, que les permite a los productores y a la industria no solamente negociar el precio de manera muy transparente sino articular todas las políticas que tienen que ver con la búsqueda de mercados, la investigación y el desarrollo tecnológico. Esa fortaleza le ha permitido tener un nivel tecnológico que lo lleva a encabezar las estadísticas mundiales en materia de productividad, exportando 95% del arroz que produce. Con esos buenos niveles de productividad, supimos tener años en que ni los costos cubríamos: 1999, 2000, 2001, 2002, pero afortunadamente esta situación pasó, y, si bien los costos son un poco más elevados, tenemos una ecuación “ingresos menos costos” muy buena y con perspectivas de un mercado internacional sostenido.
-¿Cuáles deben ser las metas?
-Tenemos proyecciones de déficit de producción en la región y en los principales mercados del mundo, por lo que vemos una situación en el corto plazo de una expectante tranquilidad en materia comercial, y con un desafío: seguir aumentando los niveles de productividad para mantener la competitividad. Seguramente haya en los próximos cuatro o cinco años un aumento del área de arroz, y ese crecimiento se va a dar de la mano de la construcción de fuentes de agua, que hoy no existen pero que, de mantenerse en estos niveles, se van a hacer.