Frutas y verduras al límite

Prescindir del uso de los pesticidas en la agricultura es algo impensable hoy en día, según opinan especialistas que no forman parte de las filas verdes de la agroecología. Para ellos, “hacer una producción 100% orgánica sería un desastre. Los bichos se comerían todo”, dijo a la diaria el ingeniero químico Miguel Fernández, responsable del Laboratorio de Bromatología de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

Como lo ve Fernández, el punto es que las personas no tengan que consumir veneno y que cuando los productos “naturales” lleguen al consumidor no queden restos de agrotóxicos. Para eso es importante que los pesticidas se usen de manera adecuada y que quienes los apliquen cuenten con la información precisa para esa tarea, algo que no siempre sucede.

“Los pesticidas son, en definitiva, sustancias químicas que se degradan en la naturaleza. El problema es que hay que poner las cantidades justas y respetar los tiempos de espera para asegurar que el producto se haya degradado, como para que se pueda consumir el cultivo”, señaló Fernández.

La responsabilidad de fiscalizar que los cultivos que se comercialicen no estén contaminados con pesticidas recae en manos de cada intendencia municipal. En Montevideo, la tarea le corresponde al Laboratorio de Bromatología, que hoy en día cuenta con el equipamiento más avanzado del país, sin mencionar el equipamiento que existe en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), que realiza controles sobre la exportación e importación de estos productos.

“Controlar las frutas y verduras es algo que no se puede dejar de hacer. Hace algún tiempo no se tenían las herramientas para eso. Hace alrededor de cinco años nos hemos puesto a hacer un control de residuos de pesticidas en frutas y verduras frescas, lo cual requiere de un equipamiento caro que no se consigue en el país y que recién ahora se pudo adquirir”, explicó.

Hace unos años una comisión integrada por el Mercado Modelo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Facultad de Agronomía y el Laboratorio de Bromatología de la IMM realizó un trabajo conjunto para tener una idea global sobre cómo se trabajaba con pesticidas en el país.

El resultado del análisis, realizado entre octubre de 2002 y agosto de 2004, en el que se analizó un total de 191 productos hortofrutícolas, determinó que en 28% no se detectó presencia de pesticidas, 65% presentó al menos un residuo de agroquímico en el límite establecido y 7% presentó residuos por encima de los límites establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius (en la que Uruguay basa sus controles), creada en 1963 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desarrollar normas alimentarias y reglamentos.

Más allá de esas investigaciones coordinadas de varias instituciones, son pocos los estudios a fondo que se realizan o, al menos, los que se dan a conocer.

Fernández explicó que Bromatología de la IMM realiza periódicamente un muestreo representativo (eligiendo algunos cajones al azar) en el Mercado Modelo, de acuerdo con las partidas de cultivos que van llegando, como forma de controlar la presencia de residuos. “Nosotros lo encaramos desde el control y el mercado desde el asesoramiento a productores, para que hagan un uso adecuado de los pesticidas”, señaló.

Control alimentario

Hay niveles altos de residuos de pesticidas en cultivos que con una sola ingesta pueden ser peligrosos, pero también existen aquellos niveles bajos que, si bien no se corre peligro no son admisibles. Según Fernández, en la mayoría de los casos los controles revelaron que “no se encuentran residuos y si aparecen están por debajo de los niveles internacionales admitidos”. “Hasta ahora no hemos encontrado nada preocupante. Puede haber un problema en el muestreo y que no estemos accediendo a cierta parte del mercado, pero es difícil porque estamos cubriendo gran parte de lo que se consume”, afirmó.

Lo cierto es que sí aparecieron muestras con niveles de pesticidas por encima de lo permitido, aunque Fernández insistió en que “se hace muy remoto que llegue al consumidor montevideano algo que no esté en las condiciones aceptadas”, ya que en esos casos, explicó, los fiscalizadores “detienen la venta del producto, se toman medidas con el productor y se investiga por qué llegó al mercado un cultivo en esas condiciones”. “El Servicio de Regulación Alimentaria, del que somos parte, es el que toma las medidas y tiene la potestad de destruir la mercadería en el caso de que un productor no cumpla con la medida”, sostuvo.

Consultado sobre la presencia de pesticidas cuyo uso está prohibido, el responsable del laboratorio dijo que “es sabido que a veces se utiliza más lo que no está permitido que lo que está permitido. No hemos detectado pesticidas ilegales en las muestras, pero tenemos previsto que pueda suceder, si encontramos algo que no debe comercializarse se comunica a quien corresponda”.

Hágalo usted mismo

¿Qué tan difundidos y qué tan conocidos son los estudios realizados sobre residuos de agrotóxicos en frutas y verduras? En la página www.mercadomodelo.net, la institución informa que “a través de un convenio con el Laboratorio de Bromatología de la IMM y la Facultad de Agronomía, la Comisión Administradora del Mercado Modelo dispone de la tecnología y el conocimiento para que cualquier interesado conozca el nivel de pesticidas que hay en las frutas u hortalizas”.

Todo hace pensar que “cualquier interesado” puede informarse sobre lo que consume, pero al respecto el ingeniero agrónomo Fernando Gemelli, jefe del área comercial del Mercado Modelo, dijo a este medio que los residuos de pesticidas en cultivos son “un tema sobre el cual no se brinda información”, y se negó a explicar el motivo.

Consultado sobre lo que se informa en la página web, Gemelli explicó: “Eso significa que si traés una muestra de lo que quieras saber se te cobra por el servicio y se te dan los datos. Hoy nos están llegando de los productores muestras de tomate. Hacemos los análisis y le brindamos la información al cliente, pero ese dato no es público”.

Según explicó, los productores se interesan en conocer el nivel de residuos químicos de sus cultivos para poder exportarlos, ya que en Europa los niveles de exigencia son muy altos. El análisis de una muestra ronda los 30 dólares.

Por otra parte, están aquellos análisis rutinarios sobre mercaderías traídas por el Mercado Modelo, pero esa información tampoco es pública. Consultado al respecto, el responsable del Laboratorio de Bromatología de la IMM dijo que “es muy difícil difundir información de tipo técnico que pueda ser bien interpretada por la gente. Es difícil implementar algo que sirva para informar a la gente y evitar alarmismos que no se justificarían”.

De todas maneras, reconoció que es un derecho de las personas estar informadas sobre el producto que consumen. “Cualquier persona tiene la convicción de que se podría armar un sistema para que la gente esté informada pero nadie está en condiciones de hacerlo todavía”, dijo y agregó que la IMM trabaja en un proyecto que consiste en la creación de una publicación en la página web de la comuna para que el público pueda acceder a esa información.

“La idea es ir publicando diariamente los datos, pero no lo he visto concretado, involucra a muchos sectores y quien lleva la parte más pesada es la gente de informática. El control es nuestro [de la IMM] y lo podemos dar a conocer, pero eso requiere de una decisión política y se está trabajando para desarrollar el mecanismo. He visto páginas de organizaciones de salud de Canadá, por ejemplo, que trabajan con un sistema por el cual informan hasta el nombre, apellido y dirección del productor, pero acá no existe la voluntad política para hacerlo tan quemante. Es una herramienta temible, no hay duda de que sí, y serviría como protección al consumidor”, sostuvo.

No te registro

El ingeniero agrónomo Pedro Mondino, docente de la cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía, dijo a la diaria: “Es muy difícil hablar del tema de los residuos de plaguicidas que podemos estar comiendo en frutas y verduras sin entender la problemática general. Se trata de una situación grave a la que no se le busca solución. Es un problema muy complejo, hay muchos intereses y actores en juego, ingenieros agrónomos, productores, vendedores de agroquímicos y consumidores, y muchas veces los intereses de uno y otros son contrapuestos”.

Para Mondino, el problema comienza en el momento del registro de los plaguicidas. “Una empresa que quiere vender un plaguicida en el país debe tramitar un registro ante el MGAP, que se cobra y varía en función del número de cultivos que se quiere poner en la etiqueta. Eso lleva a que los vendedores que registran un plaguicida lo hagan para los cultivos más importantes que creen que tendrán mayor número de venta, y no tienen interés en registrarlos para un sinnúmero de cultivos en los cuales se podrían utilizar para controlar una enfermedad. El problema es que las instrucciones están en la etiqueta, donde tengo una mínima información que debo respetar para hacer un uso adecuado. Las instrucciones de uso del plaguicida varían según el tipo de fruta o verdura, pero en la práctica se utilizan igual los fungicidas para otros cultivos. El punto es que, primero, es un uso ilegal y, segundo, se hace un uso irresponsable sin información adecuada para aplicarlo; por lo tanto, me guío por lo que dice la etiqueta para otros cultivos y por las dudas le pongo un poco más y en cualquier momento”, explicó.

A su entender, esta situación lleva a que el hecho de que haya o no residuos de agroquímicos en frutas y verduras en Uruguay es un elemento de mera casualidad. “Es cuestión de suerte, ya que las personas que los aplican no tienen la debida información. Hay que cambiar la forma de registrar los plaguicidas, hay que asumir esto como un problema y buscar una solución. Hay que facilitar el registro en esos otros rubros”, opinó.

Además, explicó que es común que los productores no respeten o, sencillamente, no cuenten con información sobre los tiempos de espera entre la última aplicación del producto y el momento en que se cosecha. “Eso depende de cada fruto y depende de las condiciones ambientales, es un tiempo necesario para que el plaguicida se degrade para que el nivel de residuo que queda en las frutas y verduras esté por debajo del límite admisible, fijado en función del daño a la salud que puede ocasionar. Como profesional de la agronomía debería estar exigiendo disponer de la información mínima indispensable para asesorar a un productor, pero yo no cuento con esa información y eso es un gran problema. Es como si un médico no tuviera información en los prospectos de los medicamentos, y ejerciera la profesión sin información mínima indispensable”, dijo.

La producción de consumo interno requiere menos controles que aquella que se exporta. En Europa, los niveles aceptados de restos de plaguicidas en cultivos son mucho más exigentes. “El MGAP está admitiendo que se venda un producto con 12 días de espera (que determina el tiempo de degradación de los químicos) en Uruguay y advierte que en Europa debe tener por lo menos 58 días de espera. Por otra parte, una empresa que registra un plaguicida en Estados Unidos y le pone un tiempo de espera de 77 días lo comercializa en Uruguay y el tiempo de espera baja a 12. La etiqueta de un producto en Estados Unidos tiene mucha más información y para una cantidad de cultivos para realizar un uso correcto. Salud Pública de Italia prohibió el uso y comercialización del fungicida Carbendazil pero en Uruguay el Ministerio de Salud Pública no analizó los motivos de la prohibición y acá se sigue utilizando. ¿Por qué a la empresa registrada acá se le permite dar una información tan limitada? ¿Por qué los tiempos de espera en este país deben ser menores que los de Europa? ¿Por qué seguimos utilizando productos que en otros países están prohibidos?”, señaló Mondino.

Por otra parte, cuestionó la capacidad de análisis del laboratorio de Bromatología de la IMM. “Hay que tener muchos equipos y personas trabajando y hacer una cantidad de muestras para tener información suficiente. Si yo sé que el uso de agrotóxicos se hace a ciegas sin tener la información necesaria y hay un problema con los registros, es ilógico que las muestras den por debajo del límite aceptado”.

“Mientras que no se solucione el tema de registros esto no va a tener arreglo. Hay que darles una solución a los productores para que puedan hacer un manejo racional y debemos ser eficientes en el cumplimiento de la ley para que no se usen productos no autorizados. Se debe hacer permanentemente un testeo para garantizar a la población que está consumiendo alimentos inocuos”, concluyó.

Problemita invisible

En el departamento de Artigas, una investigación realizada en 2004 sobre los efectos crónicos de los plaguicidas sobre la salud de sus pobladores, determinó que muchos de sus habitantes sufren patologías respiratorias y que hay una relación directa entre la contaminación y la enfermedad. Según se informa en la nota “Veneno en la piel” publicada en el suplemento Qué Pasa, en abril de 2006, la investigación revela que 60% de los niños sufren patologías respiratorias y problemas de piel. Entre los adultos, 15% padece males respiratorios y 15% afecciones cutáneas. Además, 7,5% de las mujeres tienen dificultades en la concepción o sufren abortos espontáneos.

El efecto sobre el contacto directo con agrotóxicos sobre la salud humana es más visible y estudiado, sin embargo aún quedan dudas sobre lo que a la larga generará el consumo prolongado de cultivos con residuos de pesticidas.

La toxicóloga Amalia Laborde, del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), dijo a la diaria que “se dan casos de intoxicación con pesticidas pero no por consumo de alimentos. Una contaminación a través de un alimento difícilmente sea un problema de intoxicación aguda a menos que haya sido una aplicación de plaguicidas muy intensa y previa. Lo que importa es la acumulación de la ingesta prolongada en el desarrollo de alguna enfermedad, pero eso no lo determinamos nosotros; es bastante difícil saber qué puede causar”.

El CIAT recibe alrededor de 1.500 consultas al año por exposición a plaguicidas. Según Laborde, en primer lugar están las accidentales, vinculadas a niños que ingieren productos tóxicos o están en contacto con un plaguicida que puede ser líquido, en pastillas o en granos . Luego vienen las consultas por exposición laboral a los plaguicidas y en un tercer lugar en frecuencia son las intoxicaciones intencionales.

“El tema de alimentos es un tema distinto, en el cual el CIAT no tiene mucho que aportar. Los síntomas no son fáciles de detectar, podría haber algún malestar digestivo que nadie sospecharía que se tratara de una intoxicación. Los residuos en alimentos son dosis muy bajas que difícilmente sean la causa de una consulta a Toxicología. Es un tema que hay que encarar”, dijo.